LA BUFADORA
Por. - El Mosquito
ENSENADA BC 1 DE AGOSTO DE 2024.- Tal y como lo anticipamos en este espacio, ayer la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, hizo precisiones sobre el supuesto mando único policiaco que se implementaría entre Sonora y Baja California, lo cual desmintió de entrada, para luego señalar que ciertamente hay coordinación entre ambas entidades en materia de seguridad, pero no consiste en un mando único en Mexicali o el valle de Mexicali.
La mandataria estatal explicó que dadas las circunstancias que se registran en San Luis Río Colorado, Sonora, y el Valle de Mexicali, se acordó establecer una coordinación más estrecha con el respaldo del Ejército y la Guardia Nacional.
El secretario general de Gobierno del Estado, Alfredo Álvarez Cárdenas, dijo que la equivocada versión del mando único se debió a una declaración de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, quien, como muchos, se confundió por el contenido poco claro de un comunicado emitido por el gobierno sonorense.
A LA STPS
La regidora y ex candidata a la presidencia municipal por el partido Fuerza por México, Brenda Valenzuela Tortoledo, solicitará licencia para separarse de su espacio en el Cabildo para asumir un cargo directivo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS), cuyo titular es Alejandro Arregui Ibarra.
Antes de conocerse lo anterior se especulaba que Valenzuela Tortoledo sería ubicada en una dependencia federal, pero finalmente pasará a formar parte de la administración estatal.
En este 2024 han ocurrido muchas cosas en la carrera política de la edil, porque decidió renunciar a su militancia panista, luego anunció su respaldo a la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo, después se sumó a Fuerza por México, aliado de Morena, para más tarde contender por la presidencia municipal, y ahora vuelve como funcionaria pública.
CONDENA CRIMEN
El bajacaliforniano Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), condenó el asesinato del dirigente de la Fecanaco Tamaulipas, Julio Almanza Armas.
“La Confederación de Cámaras Empresariales condena profundamente el asesinato de Julio César Almanza Armas, prosecretario, vicepresidente de Asuntos Estratégicos Binacionales en las Fronteras de Concanaco”, expresó.
A través de un video dirigido a las cámaras de comercio en el país, dijo que está en comunicación con el equipo de la Secretaría de Gobernación y con el del gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para expresarles “nuestra indignación y exigir que se atienda de inmediato este tipo de casos de inseguridad, tanto en Tamaulipas como en el resto del país”.
Un día después de que denunció que el comercio organizado en Nuevo Laredo es “rehén de extorsiones de bandas delictivas” y que las autoridades estaban rebasadas, hombres armados ejecutaron en Matamoros a Almanza Armas, cuando llegaba con su hermana a las oficinas de la Canaco.
OTRO ALBAZO
La decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de dictaminar 18 de las 20 iniciativas del llamado Plan C, contradice la promesa del propio gobierno morenista de no aprobar ese paquete de reformas en fast track.
En un pronunciamiento público, Artículo 19, México y Centroamérica, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas señalaron que este procedimiento viola el principio de Parlamento Abierto toda vez que no existiría ningún mecanismo de diálogo ni de participación ciudadana efectiva.
“Preocupa la posible aceleración de la discusión del dictamen sin que exista la oportunidad de analizar a fondo sus implicaciones en la garantía del derecho a la información, ya que empezó a circular en redes sociales y en distintos medios de comunicación un presunto dictamen en la materia”, indicaron.
Las organizaciones ciudadanas se refirieron en particular a la iniciativa que pretende eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transferir sus atribuciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una dependencia que depende el propio Ejecutivo y del cual no puede ejercer autonomía.
Las organizaciones hicieron un llamado para que el Congreso de la Unión implemente los mecanismos necesarios para garantizar el derecho humano a la participación activa en los asuntos públicos del Estado, haciendo un ejercicio efectivo que permita participar a todas las personas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas interesadas.
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