Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT

La justicia, no es prioritaria para los políticos. Mucho menos en un año electoral como lo será el 2013 en el que habrá elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo estatal, las cinco alcaldías y las diputaciones locales. Para ellos, la justicia no da votos.

Esto quedó perfectamente claro, cuando al analizar, para su aprobación, el presupuesto de egresos del gobierno estatal, para el 2013, frenaron toda posibilidad de incremento de egresos requeridos por los diversos tribunales.

Y agarraron parejo. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, no dispondrán de los recursos que pretendían para el programa a desarrollar en el 2013. Bueno, ni siquiera el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no obstante que este año si tendrán bastante trabajo.

Por ejemplo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pretendía erogar 317 millones 404 mil 632 pesos, y sólo le autorizaron 276 millones 373 mil 358 pesos. Un total de 41 millones 31 mil 274 pesos menos. Los legisladores han de suponer que las boletas electorales son reciclables y pretenden que la emisión de los votos se lleve a cabo al aire libre, sin las tradicionales mamparas.

Al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que pretendía contar con un presupuesto de 29 millones 348 mil 483 pesos, solamente le aprobaron 10 millones 500 mil pesos, o sea 18 millones 848 mil 483 pesos menos. Atender los requerimientos de información de la ciudadanía, incomoda a los gobernantes. Entre menos sepan, mejor, han de pensar los legisladores.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, que pretendía ampliar sus instalaciones en toda la entidad y mejorar la atención a las denuncias de violaciones de derechos humanos, para lo cual reclamaba un presupuesto de 121 millones 375 mil pesos, solamente le aprobaron 34 millones 851 pesos, o sea 86 millones 524 mil pesos menos. Que se sigan quejando los ciudadanos. En ese sentido no hay limitante alguna. Que los atiendan, es otra cosa.

Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el encargado de atender y resolver los conflictos suscitados entre particulares y las instituciones públicas, reclamaba un presupuesto de 43 millones 288 mil 832 pesos, solamente le aprobaron 36 millones 795 mil 258 pesos, o sea 6 millones 493 mil 574 pesos. Esta es una institución que no beneficia al gobierno, que casi siempre sale perdiendo y obligado a pagar fuertes cantidades de dinero.

Al Tribunal de Justicia Electoral, que pidió para su funcionamiento en este año electoral, 25 millones 980 mil 400 pesos, sólo le autorizaron gastar 19 millones 250 mil 722 pesos, o sea 6 millones 729 mil 678 pesos menos.

También al Tribual Superior de Justicia del Estado, le metieron tijera en sus pretensiones presupuestales. Reclamaba 897 millones 879 mil 679 pesos, y solamente le aprobaron 801 millones 358 mil 824 pesos, o sea 96 millones 520 mil 855 pesos menos.

Doña Justicia, requería en sus diversas áreas, 1 mil 435 millones 277 mil 026 pesos, pero los legisladores solamente le autorizaron gastar, en este 2013, 1 mil 179 millones 129 mil 162 pesos, o sea 256 millones 147 mil 864 pesos menos.

Podrán decir, en su descargo, que el haber autorizado gastar lo solicitado, hubiese implicado tener que aprobar incrementos de impuestos y derechos, lo cual sería lesivo a los ciudadanos. Pero esto no es del todo cierto. Podrían haber reducido su propio presupuesto de egresos, o pedirle al Gobernador Osuna Millán que reduzca sus gastos en el rubro de “galletas y café”, o en el área de asesores. Incluso en viáticos y el uso de celulares.

Tal vez si reducen los gastos mediante los cuales seducen a los electores. El reparto de cobijas, despensas y paquetes de materiales de construcción, entre otros. Los gastos publicitarios, sin ton, ni son. Los viajes “promocionales” al extranjero. Incluso los sondeos y encuestas con fines políticos y sociales.

Las restricciones en los presupuestos de Doña Justicia, implicarán serios agravios a los bajacalifornianos. Por ejemplo, en el caso del tribunal Superior de Justicia, ni se sorprendan si un día de estos les anuncian que se cancela el proyecto del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Que no se concluirá la construcción del nuevo juzgado de lo familiar, que reclamaban los ensenadenses.

Para nada reclamen por la lentitud de los juicios en los diversos tribunales. Los expedientes se seguirán acumulando sobre los escritorios de los juzgadores, cuyos esfuerzos y voluntad serán insuficientes para atender y resolver el constante aumento de asuntos.

Los litigantes de la zona costa, que llevan años reclamando la instalación de salas civiles y penales, para no tener que trasladarse hasta Mexicali, en segunda instancia, seguirán sin respuesta.

Y ni para qué cuestionar sobre la ausencia de tribunales en el sur de la entidad, como San Quintín, si ni siquiera habrá recursos suficientes para mejorar las instalaciones en las zonas urbanas de los cinco municipios.

Es evidente que los legisladores y el Gobernador Osuna Millán, ven con enfado a Doña Justicia, porque han de pensar que no resulta nada atractivo incluir en sus promesas de campaña el ofrecer justicia pronta y expedita.

Ni siquiera el ofrecer mejorar todas las instancias o vías para el reclamo de justicia. O el obligarse a informar detalladamente sobre sus actuaciones. Mucho menos respecto a sus ineficiencias, arbitrariedades o frivolidades.

A la mejor si Doña Justicia se afiliara a algún partido político. Quizás le asignaran mayores recursos. Mientras tanto, seguirá pobre. Ni modo, no genera votos.
    
[email protected]