Y las denuncias, apá ?
Por: Gilberto LAVENANT
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Por fin se fue. Muchos le lloran, pero muchos más están que brincan de gusto. Lamentan que no le hayan hecho nada, por los actos de tortura que se le imputan, pero que al menos ya no estará en la entidad.
Controversial que fue en la función pública, Julián Leyzaola Pérez, este viernes dejó la chamba de Subsecretario de Seguridad Pública en la entidad. Hasta en su retirada generó controversias y especulaciones. Unos dicen, que se fue a Monterrey, otros que a Chihuaua.
Otros más, comentan que el Alcalde mexicalense, Francisco Pérez Tejada, ya no lo aguantaba, pues, como se advirtió a su llegada a la capital del Estado, ahí trató de hacer, lo que hizo en Tijuana. Al estilo del viejo Oeste, era el Sheriff, el Marshall, el robocop mexicano. El narcopolicía número uno de México, en un puesto de segunda categoría. No lo soportó.
Pero no por ello, el “Expediente Leyzaola”, o los expedientes, porque son varios, debe ser cerrado. Nada de carpetazo. Nada de borrón y cuenta nueva.
La presencia de Leyzola, aquí, evidenció que la impunidad, es una institución oficial en Baja California. Que aquí, como seguramente en toda la República Mexicana, la procuración de justicia se maneja con sentido político. Como dicen por ahí, según el sapo es la pedrada, pero en sentido inverso. Cuando el sapo es grande e influyente, apenas unas piedritas. Cuando se trata de una modesta ranita, un piedronón, para que no haya duda de que fue aniquilada.
Leyzaola, al menos en la entidad, fue un sapo grande. Hizo lo que quizo, y las acusaciones en su contra le hicieron lo que el viento a Juárez. En lugar de accionar en su contra, lo protegieron. El Gobernador Osuna Millán se lo llevó a su equipo, para que no hubiese dudas de que era intocable. Los expedientes en los que aparece su nombre y se narran sus fechorías, están empolvados en las agencias del ministerio público. Eso de “pónle el dedo al…”, no funcionó nunca contra el exmilitar.
De nada sirvió, hasta el momento, que las víctimas de Leyzaola, se quejaran ante la Procuraduría de Derechos Humanos y que esta, luego de minuciosas investigaciones, determinara que sí hubo violaciones de derechos humanos y recomendaran su remoción al XIX Ayuntamiento, encabezado por el panista Jorge Ramos Hernández.
Esto mediante la Recomendación No. 06/2010 de la PDH, relativa al “Caso de Tortura en contra de A1 y otros” del 19 de agosto del 2010, en cuyo Punto Sexto, recomendaba : “…Se Inicie el procedimiento de remoción ante el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Tijuana, denominado Sindicatura Municipal, en contra del Secretario de Seguridad Pública Municipal, así como a los agentes P1, P2 y en contra de los que resulten responsables, por las conductas violatorias de derechos humanos ejecutadas el día de los hechos en perjuicio de los hoy agraviados”.
Hace ya siete meses, de aquella recomendación. Ramos Hernández, entonces, hizo caso omiso a la misma. Leyzaola era algo así como un “héroe” y a los héroes, todo se les perdona, hasta que torturen a ciudadanos comúnes y corrientes, si lo hacen “en cumplimiento de su deber”.
Luego vendría otro capítulo de esta historia. Raúl Plascencia, abogado tijuanense, egresado de la Escuela de Derecho de la UABC, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 30 de noviembre, fecha en que Ramos Hernandez entregaba a Carlos Bustamante la estafeta municipal, firmaba la Recomendación 68/2010, dirigida a la diputada Nancy Sánchez Arredondo, presidenta de la XX Legislatura Estatal, y a Bustamante Anchondo, Alcalde de Tijuana, conminándolos no solo a observar que se diera cumplimiento a la Recomendación de la PDH, sino que se hicieran las investigaciones pertinentes para determinar y fincar responsabilidades a quienes omitieron acatarla.
El plazo para el cumplimiento de esta nueva Recomendación, fue de 15 días. Nada se sabe y nada se supo, sobre el resultado de la misma. Tácitamente reconocieron que Leyzaola era intocable. Que estaba cubierto con la capa protectora de Osuna Millán y que no podían hacer nada que pudiera ofenderle o lastimarle.
Mientras se desarrollaban las diligencias relativas a tales recomendaciones, se acumularon otras acusaciones en contra de Leyzaola, las de expolicías municipales, que también lo acusaban de torturador. Los expedientes correspondientes, seguramente –si es que aún existen- están empolvados, en los archivos muertos de las Agencias del Ministerio Público, que dependen del Gobernador Osuna Millán. Ni modo que el “padrino” permitiera que le tocaran al “ahijado”. Ni con el pétalo de una rosa.
Si algún día, se llega a “integrar” las averiguaciones previas relativas a las acusaciones contra Leyzaola, será solo para que los Juzgados Penales ante los que se remitan, determinen que las acciones penales correspondientes, ya presciribieron, que aunque se acreditara la comisión de determinado delito, ya es tarde para proceder en su contra. Así se las gastan, cuando se trata de sapos grandes.
Y aunque la justicia es lenta, ciega y perezosa, no está por demás, que cuando entrevisten a Osuna Millán sobre la renuncia de Leyzaola, le pregunten : -Y las denuncias, apá ?
Mientras tanto, lo menos que se puede decir, es –que descanse en paz.
Quien, ¿Leyzaola ? No, Baja California.
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