Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT
En días pasados, ocurrió algo que resulta sumamente ambiguo. Doce internos del llamado Centro de Reinserción Social de El Hongo, ahí en los límites de Tecate, se graduaron de Licenciados en Ciencias de la Educación y recibieron su correspondiente constancia profesional por parte de la Universidad Autónoma de Baja California.
La información al respecto indica que inicialmente eran 24 internos, pero solamente finalizaron sus estudios la mitad de ellos, que tuvieron una duración de cinco años y seis meses. Cual si estuviesen libres. Los internos tuvieron que asistir a clases, estudiar, hacer sus tareas, trabajos escolares y, obviamente, exámenes, para acreditar los conocimientos adquiridos.
La ceremonia de graduación fue encabezada por Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública del Estado y Miguel Angel Martínez Romero, Vicerrector de la UABC. En el evento estuvieron presentes familiares de los graduados.
Hasta ahí, todo parece perfecto. Las prisiones, cumplen una función específica, que consiste en segregar de la sociedad a los individuos que delinquen, que no respetan las normas jurídicas. Y si bien es cierto que durante su estancia se les suspenden sus derechos políticos, no se les deben limitar sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, como el derecho a saber, a prepararse, a estudiar.
Básicamente el derecho a capacitarse para el trabajo, para reincorporarse socialmente, realizando actividades lícitas, cuando recuperen su libertad.
Ejemplos como éste, contradicen la percepción que los mexicanos tienen respecto a las cárceles. Las consideran universidades del crímen. Los presuntos responsables que son recluídos injustamente, al relacionarse con todo tipo de delincuentes, no solamente se convierten en profesionales en diversas materias delictivas, sino que se hacen maestros y hasta doctores.
Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, al referirse a la crisis de las instituciones carcelarias, señaló que “…para nadie es una realidad desconocida que nuestras cárceles se encuentran en crisis. Riñas, fugas, suicidios, homicidios, consumo de sustancias, robos, abusos, corrupción y maltrato, forman parte de la realidad cotidiana de las prisiones en nuestro país”.
¿Cómo creer que en Baja California existe una -al menos una- institución penitenciaria, en la que no se padezca esa crisis ? ¿Cómo le hicieron en el penal de El Hongo, para “curar socialmente” a los internos, y evitar que se contaminen, si siguen relacionándose con todo tipo de criminales ?
El simple hecho de estudiar, no purifica almas, ni conciencias. El que un individuo logre grados académicos y obtenga títulos profesionales, no garantiza que quien de una u otra forma infringió la ley, al grado de ser sancionado con privación de la libertad, al pagar su deuda, no lo volverá a hacer. Sobre todo si al reintegrarse a la sociedad, vuelve a vivir en las mismas condiciones que le llevaron a violar la ley. Es extraordinario que eso sea posible, sin duda alguna.
En el entendido de que a los individuos no se les puede blindar, para evitar que los delincuentes los contaminen, sea que directa o indirectamente los involucren en actividades ilícitas, o en su caso, las circunstancias de su entorno social, los empuje a ello.
En el caso que nos ocupa, las ambigüedades resultan, no sólo de los entornos, tanto internos como externos, sino la especialidad profesional en la que se graduaron dichas personas, que es Licenciatura en Ciencias de la Educación. Si los van a contratar para que ejerzan como docentes en el interior de los centros penitenciarios, perfecto. Excelente.
Sin embargo, una vez libres, el ámbito de la educación no es del todo propicio para ellos. El desempleo de docentes es elevado. Resulta frustrante, el realizar estudios profesionales y estar destinados a ser desempleados. Y en caso de obtener empleo en alguna institución educativa, pública o privada, dicho con todo respeto, ¿Quién es capaz de garantizar, que quienes en su pasado reciente hayan cometido delitos como violación, robo con violencia, lesiones y otros más, no volverán a incurrir en las mismas conductas ?
Esto es lo que resulta ambiguo y desconcertante. Habiendo áreas profesionales en las que podrían desarrollarse en mejores condiciones, tanto sociales como económicas, los inducen a un campo profesional, tan complejo y de una enorme responsabilidad social como el educativo, en el que su inserción, es sumamente difícil, por no decir imposible.
Resulta extraño, y un tanto aberrante, que las autoridades involucradas en este proyecto, hayan inducido la capacitación profesional de los internos, en educación, un área en la que enfrentarán dificultades para obtener empleo, cuando que lo que la sociedad requiere son profesionales en ingenierías.
Y que conste, no es lo mismo que alguien que nunca ha delinquido, que es individuo que ha sabido vivir socialmente, seleccione la profesión que más le agrade, para realizar estudios superiores, aunque tenga dificultades para su contratación. Al final de cuentas, los estudios superiores no hacen ricos a nadie, pero les eleva su concepción de la vida.
Tampoco se trata de desalentar el proyecto en mención, de ninguna manera. Sin embargo, se sugiere o recomienda, que sea reorientado hacia las actividades o profesiones técnicas, en las que se requieren tantos recursos humanos.
Un ejemplo loable, que tendrá mayor trascendencia, en la medida en que se haga constar su eficiencia, su idoneidad. Sería absurdo que se prepare individuos que podrían estar destinados al fracaso, a la frustración, al desempleo. Los efectos podrían ser más contraproducentes, nocivos, que benéficos.
Hasta parece una mera ilusión, un sueño guajiro, el pensar en que las penitenciarias mexicanas, han dejado de ser universidades del crimen.
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