Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT

Hay un dicho por ahí que observa que “cae más pronto un hablador, que un cojo” y otro que advierte que no se debe escupir al cielo, porque se corre el riesgo de que le caiga en la cara el escupitajo.

Andrés Manuel López Obrador, pretendiendo descalificar los comicios presidenciales del pasado 1 de julio, ha dicho, en innumerables ocasiones, que dichas elecciones son una vergüenza nacional, que el mexiquense Enrique Peña Nieto, utilizó recursos ilícitos en su campaña, que recibió financiamientos de los gobiernos estatales priístas y que gran parte de esos recursos –incluyendo chivos y gallinas, obviamente- fueron utilizados para comprar unos 5 millones de votos, con los que resultó triunfador.

En base a tales dichos, impugnó los comicios presidenciales y reclama la nulidad, que se designe a un Presidente provisional y que en unos meses se convoque a nuevas elecciones. Todo, en un desesperado intento por evitar que Peña Nieto se convierta en Presidente de México y mantener viva la esperanza de ser él, López Obrador, quien supla en el cargo a Felipe Calderón.  

Así mismo, para respaldar sus reclamos, ha advertido que el retorno del PRI a la Presidencia de México, es retornar a un período de enorme corrupción, malos manejos, simulaciones, frivolidades. Extrañamente poco ha dicho de los gobiernos panistas, en especial respecto de la administración federal encabezada por Felipe Calderón. Quizás se debe a que los panistas están por abandonar Los Pinos, y que ya es prácticamente inevitable el regreso del PRI.

Pues bien, ayer estalló el escándalo político, a nivel nacional, cuando en el periódico capitalino El Universal, se publicó un amplio reportaje en el que se señala que el Gobierno del Distrito Federal, privilegió con contratos a empresas filiales a Andrés Manuel López Obrador, que a través de supuestas contrataciones de servicios, obtuvieron ingresos por más de 100 millones de pesos, que finalmente fueron donadas a empresas que apoyan al tabasqueño.

La publicación refiere que las supuestas prestadoras de servicios, son empresas creadas por personas de las confianzas de el “peje”, que, en aparente legalidad y formalidad, resultaban beneficiadas en procesos de licitación, ofreciendo costos menores que otras participantes, también constituidas por allegados a López Obrador. Luego, las empresas ganonas, donaban sus utilidades a otras, promotoras de López Obrador,  denominadas –y conste, no es ironía, ni sarcasmo- Austeridad Republicana y Honestidad Valiente.

Todas las empresas involucradas, eran las campeonas en todo tipo de licitaciones convocadas por el gobierno del Distrito Federal, delegaciones y partidos de izquierda, pero cuyos socios –lo cual no es una mera coincidencia- son miembros de las que llevan en sus denominaciones las palabras Austeridad, Republicana, Honestidad, Valiente.

De ser cierto lo publicado, son muchos los involucrados, entre ellos el propio jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y de lo que menos pueden presumir es de honestidad. En lugar de valentía, más bien derrochan cinismo o desvergüenza. Ni la burla perdonan.

Lo irónico, además de escandalozo, es que tales adjudicaciones amañadas, fueron detectadas por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de la Secretaria de Finanzas del Gobierno Federal, cuyos integrantes hicieron los cuestionamientos correspondientes, sin recibir respuesta alguna, en especial al encontrar que la propia Secretaría de Finanzas asignó un contrato por 16 millones de pesos para servicios de consultoría. Esto, del 2007 al 2011 y el monto de los contratos asciende a 111 millones 749 mil 733 pesos.

Haciendo gala de desverguenza, Ebrard declaró enfático que dicho trabajo periodístico, es un mero distractor, ante el reclamo de las izquierdas por las supuestas irregularidades de las elecciones presidenciales y cuando se está por anunciar la posible nulidad de los comicios o la calificación, lo que daría paso a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de México.

Los días 8 y 22 de junio del presente año, poco más de una semana antes de los comicios presidenciales, el PRI presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo que atiende en estos momentos la impugnación de las izquierdas relativas a las elecciones presidenciales, denuncias en contra de López Obrador, la Coalición “Movimiento Progresista” integrada por el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano, por violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

En tales denuncias refieren como hechos ilícitos, el financiamiento de diversas asociaciones y organizaciones a la campaña del otrora candidato a la Presidencia de la República postulado por el llamado “Movimiento Progresista”, constituyendo un financiamiento paralelo en beneficio de los partidos integrantes de dicha Coalición.

Lo publicado ayer por El Universal, vino a respaldar lo denunciado por el PRI en junio pasado. Obviamente los priístas no podían dejar pasar la ocasión y en base a dicha publicación ayer mismo presentaron una ampliación a lo antes denunciado, dentro del Expediente Q-UFRPP 36/12 y sus acumulados, cuya copia obra en poder del columnista.

En el escrito de ampliación, suscrito por el Diputado Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el Consejo General del IFE, se solicita se determine la responsabilidad de los involucrados, así como las consecuencias jurídicas “del actuar ilegal de los denunciados y de quien o quienes resulten responsables”.

No hay duda pues, de que “cae más pronto un hablador, que un cojo”. Ante tal escándalo político, seguramente el “peje” ya no querra más queso, sino salir de la ratonera.


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