Vuelta al redil.
Por: Gilberto LAVENANT 
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En días pasados, comentaba aquí, en Palco de Prensa, el desorden administrativo que se estaba registrando en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, cuando que los integrantes del pleno, estaban tomando decisiones sobre cuestiones que están fuera de su alcance, que no son de su competencia, y advertía que esto podría convertirse en un serio problema. Que se asomaba el escándalo. 

Todo se originó en gran parte por la reforma al Artículo 64 de la Constitución local, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de septiembre del 2010, misma que entró en vigor el primero de dicembre del 2010, en base a la cual el pleno del Tribunal Electoral, dejó de atender asuntos que son propios del tribunal, pero ajenos a la tarea judicial. 

Dicha reforma, conforme al segundo párrafo del artículo transitorio del decreto mediante el cual se hace efectiva, establece que : “…A partir del día primero de diciembre de 2010 las atribuciones o facultades que en materia de vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial que actualmente se confieren en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California corresponderá ejercerlas a la Comisión de Administración”. 

Dicha Comisión de Administración, explicaba entonces, se integra por el Magistrado Presidente del Tribunal, o sea el Lic Germán Leal Franco, un Magistrado designado por el pleno del Tribunal Superior de justicia del Estado, o sea el Magistrado Ignacio Pérez Castañeda, y un Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado, o sea el Lic. José Luis Cebreros.

Parecía tan sencillo entender y aceptar, que a partir del día 1 de Diciembre del 2010, los Magistrados Electorales tendrían que dedicarse exclusivamente a labores judicialales, en tanto que todo lo concerniente a la vigilancia, administración, disciplina y carrera judicial del Tribunal Electoral, será atendido por la Comisión de Administración. 

Sin embargo, el Presidente del Tribunal, Germán Leal Franco, estaba aferrado en desconocer el alcance de dicha reforma e insistía en adoptar un autogobierno, en que fuese el pleno el que decidiera las cuestiones administrativas, tales como erogaciones, contrataciones de personal y de servicios, así como lo relativo a la disciplina del personal y a la carrera judicial. 

A Leal Franco ya empezaban a llamarle “el gabino barrera del tribunal electoral”, pues no entendía razones, no escuchaba, cuando alguien le advertía que estaba excediéndose en sus facultades, que no le correspondía contratar o despedir personal, ni mucho menos autorizar adquisiciones de productos o contratar servicios. 

Luego de comentar tales hechos, aquí en Palco de Prensa, el Magistrado Ignacio Pérez Castañeda, y el Consejero del Consejo de la Judicatura del Estado, Lic. José Luis Cebreros, dos de los tres integrantes de la Comisión de Administración, acudieron con el tercer integrante y Presidente del Tribunal, Germán Leal Franco, y “lo bajaron del caballo”. Batallaron, pero por fin lograron convencerlo que estaba ejerciendo facultades que no le correspondían a él. 

Ayer mismo, se convocó formalmente a la mencionada Comisión de Administración, que se encargará de que vuelvan a la normalidad las cosas en el Tribunal Electoral. 

Cabe observar que germancito, ostentándose como dueño del changarro, ya andaba investigando, tratando de descubrir a quien filtró la información relativa a las irregularidades en que estaba incurriendo, no para aclarar las cosas o para corregirlas, sino para mandarlo o mandarlos al “paredón”. 

Es una lástima, y sumamente lamentable, que haya individuos, que apenas ponen un pie en la escalera de la función pública, y se marean, pierden la proporción de las cosas, se sienten todopoderosos y quisieran aniquilar a todo aquel que lleguen a considerar como su enemigo, o que no tenga la audacia de no doblar la espalda a su paso, que no aplaudan ante cualquier intento de discurso. Son ser vi do res, no patrones. 

La función pública, exige y obliga sencillez, modestia, humildad, así como madurez, dinamismo y eficiencia. Los recursos que se destinan para pagar sus sueldos y demás prestaciones y privilegios que se les otorgan, son parte de lo recaudado, por los impuestos que pagan los ciudadanos. 

Resulta de suma gravedad, que quienes ostentan y desempeñan el papel de juzgadores, no respetean las normas jurídicas, y quieran actuar libertinamente, por antojo o capricho. 

Como ovejas descarriadas, los Magistrados Electorales fueron obligados a volver al redil, de donde nunca se debieron salir. Y qué bien que lo hayan entedido y aceptado, a tiempo, pues por el camino que iban, estaban destinados a quedar sin chamba y a pasar unas “agradables vacaciones” a la sombra. Además de el escándalo. 

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