*.- Gobierno del Estado firmó convenio para facilitarle los descuentos
*.- El descuento “a militantes y simpatizantes”, según rezan los documentos

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 30 DE AGOSTO DE 2019 (AFN).- La denuncia presentada el día de ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), y hoy ante las autoridades electorales, en contra del presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, por parte del propuesto Secretario General del próximo gobierno estatal, Amador Rodríguez Lozano, puso de manifiesto la existencia de otra maniobra para triangular recursos y darle la espalda a la Ley, por parte de blanquiazules.

Ovando Patrón se defendió este día en conferencia de prensa, advirtiendo que todo esto que está pasando es consecuencia de su intensa campaña de denuncia en contra del gobernador electo de la entidad, Jaime Bonilla Valdez, y hasta señaló que “se tardaron”, pero no quiso transparentar el manejo de esa Fundación llamada "Centro de Estudios y Análisis Humanistas", ni tampoco explicar el destino de esos dineros; solamente en un discurso oficial, aseguró que lo respondería ante las autoridades, en caso de ser requerido.

Vamos a suponer que efectivamente estas denuncias presentadas por Amador Rodríguez Lozano, son consecuencia de represalias en su contra, y que las futuras autoridades quieren “quitar del camino” a un opositor que los está señalando y denostando reiteradamente, sin embargo, el hecho es que no puede estar en esa posición de crítico moralista, si es vulnerable por hechos o acciones de su parte, que pudieran ser constitutivas de delito; en palabras más claras: “para tener la lengua larga, se debe tener la cola corta”. Y no digo que la tenga larga, sino que de esta forma se confirma una vez más la validez de los famosos dichos o refranes.

Pero ese no es el tema; el tema es este mecanismo que idearon para, según se dice, obtener recursos para el Partido de Acción Nacional, o por lo menos esa se supone que era la intención, ya que no han faltado panistas que nos comenten que sería bueno -inclusive- investigar “a dónde se fueron estos recursos, ya que aparentemente no entraron al PAN”.

Otro de los contribuyentes con la Fundación de Ovando

Según lo que hemos conocido en el transcurso de los años, es que los partidos viven (como es lógico) de las aportaciones de sus militantes, lo cual tradicionalmente se hacía a través del “pago de cuotas”, sin embargo los panistas encontraron la forma de obtener mayores recursos obligando a sus correligionarios -por escrito- a comprometerse al pago de cierto porcentaje de su salario para mantenimiento del PAN, y así se evitaban el tener que corretearlos, porque luego algunos se negaban hasta a cubrir el pago de sus cuotas. 

En el caso de los trabajadores de los gobiernos panistas, se estableció un porcentaje del salario para ser destinado a ese partido, bajo el argumento de que tenían trabajo “gracias” a que estaban en un gobierno del PAN; inclusive trataron (y no sé si lo consiguieron) de que también se sumaran otros trabajadores de confianza, que no eran militantes del partido blanquiazul, pero que de igual forma estaban ahí “gracias” a las administraciones del partido albiazul.

Por lo que nos explicó el reportero del barrio, esto ocurría hasta 2014 en que los ingresos les eran descontados a los trabajadores y lo recaudado se depositaba en una cuenta de Banorte que manejaba precisamente Acción Nacional; pero a raíz de una modificación en la Ley, que establecía que los partidos políticos ya no podrían cobrarles a sus militantes, fue entonces que al parecer se decidió la creación de esta Fundación.

Como se dijo en su momento, esta organización se formó por estos panistas, y en 2016 se formalizó ante Notario Público, quedando como presidente el mismo José Luis Ovando Patrón; como tesorero, Omar Murillo Salgado, y como secretaria, la diputada federal Lizbeth Mata Lozano.

Por lo que vimos, los documentos de aceptación que firmaban los empleados panistas de los gobiernos, eran dirigidos a la Oficial Mayor del gobierno estatal, Loreto Quintero Quintero, en esa calidad de funcionaria de la administración de Kiko Vega; se trataba de formatos de autorización “para descuento vía nómina”.

El convenio firmado con Rosarito

De hecho, Loreto Quintero -ahora diputada local- firmó su propio documento aceptando ese descuento, porque como buena “jefa” tenía que “predicar con el ejemplo”. El papel fechado en Mexicali, el 30 de abril de 2015, establece como dirección de Loreto, la avenida Juan Ojeda Robles 14931-12.

En el texto, que era el mismo  para todos los “ajusticiados” (con su salario) se establece que se autoriza al Centro de Estudios y Análisis Humanistas A. C., el recibir “aportaciones voluntarias en mi nombre”, autorizándose además para que “por medio de pagos vía nómina, se transfiera a la cuenta bancaria del Centro de Estudios y Análisis Humanistas A. C., en Banco mercantil del norte S.A. (Banorte) con No. De Cta. 0288846251-7, clave 07202000288446 251-7 el 2% de mi percepción neta del sueldo”.

En el mismo, se indica que esta autorización “atiende al convenio de colaboración para pagos vía nómina celebrado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de la Oficialía Mayor de gobierno y el Centro de Estudios y Análisis Humanistas A. C., mismo que tiene por objeto facilitar el pago vía nómina a aquellos trabajadores de la administración Central del Poder Ejecutivo, que autoricen por escrito su aceptación de contribuir (y luego repite el nombre de la fundación) para el logro de sus fines. 

Y para tratar de cubrir las formas, se asienta en el texto que el “donante” reconoce “de manera expresa” que la aportación de un porcentaje de su percepción salarial “no implica descuento, retención o deducción alguna de mi salario, y por lo tanto no le son aplicable los preceptos que tutelan su afectación, etc. etc. etc.”.

Y mientras en ese documento dirigido a la ahora diputada panista, se establece que los descuentos serían para los trabajadores “de la administración central del Poder Ejecutivo”, el convenio establecido con el gobierno municipal de Playas de Rosarito, firmado en Mexicali el 15 de diciembre de 2017, indica que el acuerdo tiene como propósito “brindar facilidades de pago, mediante transferencias vía nómina, a aquellos trabajadores de la administración central del municipio, que previamente autoricen por escrito su aceptación, y que sean militantes o simpatizantes de CEAH, los cuales pretenden contribuir con éste, al sostenimiento del Comité Municipal EN EL QUE TENGAN ESTABLECIDO SU DOMICILIO, con el 2% de su percepción, así como voluntarios del mismo que pretendan colaborar con sus fines de la misma forma, según lo descrito en las declaraciones 1.3 de este instrumento”.

La Fundacion constituída por panistas

¿Comité municipal? ¿Militantes? ¿Simpatizantes? Y por ahí en alguna otra parte del texto habla de “adherentes”. ¿No le suenan familiares estos términos? ¿No pensó de inmediato en algún partido político? Pero sigamos con lo que establece el documento que salva al ayuntamiento, en este caso de Rosarito, de cualquier responsabilidad por el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones entre el CEAH y el trabajador, indicando que tampoco adquiere el carácter de aval, ni de responsable ante esa fundación, con respecto al pago de las obligaciones a cargo los trabajadores. 

El dinero, se dijo que se aplicaría de manera catorcenal, quincenal o mensual, a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno, y se indica que el municipio por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas expediría cheque o transferencia a favor de CEAH, “por los montos acumulados correspondientes a los trabajadores que así lo hayan solicitado, efectuados en relación con el presente convenio, y serán pagados por dicha dependencia a más tardar a cinco días después de la fecha de recepción del recibo en el área de nóminas de egresos”.

En el convenio signado por Mirna Cecilia Rincón Vargas como presidenta municipal de Playas de Rosarito; Jorge Nicolás Arévalo Mendoza, como secretario de gobierno municipal; José Luis Ovando Patrón como representante legal del Centro de Estudios y Análisis Humanistas A. C., y Bruno Ian Duarte Andrés, así como Abelardo Antillón Macías como testigos, el todavía presidente estatal del PAN afirmó tener “las facultades suficientes y necesarias para celebrar el presente instrumento en nombre y representación del CEAH.

Para los “efectos legales” (al parecer le tomaron la palabra) señaló como su “domicilio legal”, el ubicado en calle Fuerte número 137 del fraccionamiento Hacienda del Real, de la ciudad de Mexicali Baja California. También manifestó que ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba registrado (la organización) “como una persona moral no contribuyente” y manifestó además, tener sus instalaciones “con domicilio establecido el ubicado en Ruíz 277 Centro, Ensenada Baja California.

PD.- Hay que buscar en el resto de los municipios, por ejemplo, Tijuana; a como es “somebody”, capaz de que tampoco llegó al PAN. 

PD1.- Persona Moral no Contribuyente.

PD.- El título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) menciona que los contribuyentes que sean personas morales sin fines de lucro no están sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Otras personas morales exentas de esta obligación son: I. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen.

PD2.- ¿No podríamos colocar esta leyenda dentro de todas nuestras actividades para fines hacendarios?

PD3.- Durante la conferencia de prensa, José Luis Ovando Patrón dirigió más sus esfuerzos a señalar que esto es una represalia en su contra, que a poner en claro cómo es que funciona la Fundación, y cómo es que se han gastado esos dineros.

PD4.- También dijo que se trataba de una Fundación privada, pero si esto es así ¿cómo es que estuvieron recibiendo dinero de trabajadores de gobierno, y por qué? Como… ¿por qué -dirían algunos- los gobierno del Estado y municipales debieron firmar convenios con el presidente de esa “fundación”, para facilitarle el cobro a sus “asociados”. Perdón… Militantes y simpatizantes. 

PD5.- ¿Cuánto dinero ingresó durante estos años por ese concepto? ¿En qué se gastaron esos recursos? ¿Se manejaron a discreción? ¿Quiénes lo manejaron en realidad?

PD6.- Entonces, el PAN y Ovando Patrón, sí pueden hacer frente al adeudo de más de 2.9 millones de pesos que el dirigente reveló que les quedó debiendo el candidato a gobernador por su partido, Óscar Vega Marín.

PD7.- Aprovechando la situación, militantes panistas le señalaron al reportero del barrio que NUNCA se les ha informado sobre cuánto se recauda través de esta Fundación, por lo que sería bueno que se hiciera una auditoría.

PD8.- ¿Sería venganza de los corridos?