*.- Por “arte de magia” reaparece expediente de doble homicida
*.- Ahora los perredistas “ayunarán” para exigir publicación a Kiko

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 12 DE AGOSTO DE 2019 (AFN).- El gobierno municipal de Tijuana (y como éste otros), se han cansado de decirnos que en ciertos delitos, como en el combate a la violencia, no le entran, porque insisten que esta es tarea de la Federación, sin embargo, el Convenio de Adhesión que firmaron con la Secretaría de Seguridad Pública del país para recibir los recursos del Fortaseg, y que quedó asentado en el Diario Oficial de la Federación -con fecha de miércoles 17 de abril de este año- les obliga a realizar tareas en delitos de “alto impacto”, de las cuales no nos han notificado, ni mucho menos, llevado a cabo.

Por ese, y otros compromisos, al gobierno de Tijuana le destinaron: 54 millones 419 mil 559 pesos; a Ensenada, 19 millones 716 mil 245 pesos; a Mexicali 40 millones 846 mil 654 pesos; a Playas de Rosarito, 17 millones 219 mil 298 pesos y a Tecate, 12 millones 361 mil 418 pesos.  

En el convenio firmado, como es común en estos casos, se establecen las bases mediante las cuales deben utilizar estos recursos que entrega la Federación, y además, encontramos unas cláusulas, como la tercera, que les obliga a realizar ciertas acciones -que creo- que en realidad no hemos visto. 

Esta cláusula tercera les obliga a orientar las acciones del personal policíaco “a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” y “a esclarecer los hechos”, así como, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en materia de su competencia, atendiendo lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de dicho ordenamiento, bla bla.

De igual forma les obliga a: “Remitir al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de “EL SECRETARIADO” el Programa de Prevención del Delito de Tortura, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes.

En otro apartado establece que debe desarrollar e implementar, en el ámbito de su competencia, medidas de prevención, así como investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas (¡No, no, no! Por favor, Dios no lo mande), así como abstenerse de adquirir, para el uso de sus instituciones policiales, uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, con recursos propios o del “FORTASEG”, a fin de cumplir el Acuerdo 09/XXXIX/15, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2015; en caso contrario, se podrían actualizar los supuestos previstos en el artículo 250 bis 1, fracciones II y IV del Código Penal Federal.

Por esto se obligan a la realización de una revisión permanente para garantizar que ninguna corporación policial estatal o municipal, ninguna empresa de seguridad privada, emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes o diseños similares que puedan confundirse con aquellos que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas nacionales”. En este último caso se sabe que hay grupos dentro de la policía que efectivamente podrían confundirse con militares, por el uniforme camflado que utilizan, según recuerda el reportero del barrio.

Aquí, aunque entendemos, o por lo menos sabíamos, que esto que aquí se les obliga, corresponde a otras  instancias, y que además se advierte que debe hacerse “en el ámbito de su competencia”, por lo menos así lo establece el documento firmado por estas autoridades municipales y la Secretaría seguridad pública, y como ya dijimos, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación.

*.- Por “arte de magia” reaparece expediente de doble homicida

Salacadula, Menchicabula, bíbidi, bóbidi Bu… y al influjo de estas palabras ¡Puf! apareció el expediente sobre el doble homicidio en el que es señalado como principal responsable, Rogelio Contreras Acosta, quien a través de su abogado, y por una decisión del mismo juez que lo liberó por una presumible detención improcedente, ha estado pretendiendo desaparecer también, todo aquello que lo incrimina en medios de difusión. 

Reporteros preguntaron durante el fin de semana a funcionarios de la Procuraduría estatal acerca del porqué de esa liberación, pero sobre todo del porqué ya no se hizo nada para investigar ¿quién mató a Norma González Contreras y Miguel Alfonso Rentería Girón en el año de 2011? recibiendo como respuesta que el expediente no lo encontraban dentro del juzgado y que aparentemente “se destruyó”.

No sabemos si por salvar su participación dentro de todo este asunto porque la pregunta inmediata es si Contreras Acosta fue dejado en libertad por un tecnicismo, o en el extremo de los casos no se trata del asesino ¿entonces por qué la Procuraduría estatal no hizo nada para continuar el caso, demostrando sin lugar a dudas la culpabilidad de este hombre, o encontrando al “verdadero” asesino? 

El hecho es que tras publicada este día la nota en ese sentido, de inmediato encontraron ese documento en el que se asienta con claridad, que en el juzgado Tercero de lo Penal se abrió la causa número 0623/2011 registrada con motivo del acta de averiguación 00345/11 por los delitos de: Homicidio Calificado, Robo con Violencia y Robo de Vehículos de Motor, señalándose como inculpado, a Rogelio Contreras Acosta, con el alias de Rogelio Smith.

En la carátula del expediente, donde aparece como juez a cargo el licenciado Flavio Herrera Robles, se advierte que en el manuscrito se anota: detención ilegal, libertad. Tras esta decisión del juzgador, en el caso iniciado con fecha de 12 de noviembre de 2011, en ese juzgado se dice que el documento se fue al “archivo muerto”, en tanto que en la Procuraduría del Estado, por lo visto ya no se hizo absolutamente nada más por llegar a la verdad.

Dentro de esa instancia procuradora de justicia en Baja California, el caso estuvo también “muerto” durante ocho años en que ahora lo revive el juez Flavio Herrera Robles, cuando ordena a Agencia Fronteriza de Noticias, y pretende hacerlo con otros medios, que borre todo lo que se ha publicado con respecto al aludido, incluidas sus imágenes y cualquier otro dato que lo identifique; quienes sí quedan bien muertos (con todo respeto para las familias) son Norma González Contreras y Miguel Alfonso Rentería Girón, quienes no pueden reaparecer, tal y como ocurrió con el documento supuestamente perdido.

No podemos pasar por alto que este mismo juez se vio involucrado en otro grave escándalo cuando en 2014, de igual forma dejó en libertad a otro presunto asesino identificado como Armando Otañez Merlos, médico de profesión, quien igual confesó haber asesinado a una joven de 19 años de edad que era su novia y que supuestamente estaba embarazada. 

En ese caso, el juez decretó la libertad, basado en una “testigo sorpresa” (reportó en su momento el semanario Zeta) que manifestó haber estado con el médico en el momento de los hechos, además, porque éste alegó “tortura” que no se comprobó, en tanto que por parte de la Procuraduría presentaron, no solamente la confesión grabada de este hombre, sino también, grabaciones que lo captaban en el lugar de los hechos en el momento de ese asesinato, así como otras pruebas obtenidas de su teléfono celular.

Desafortunadamente, esa decisión del referido juez, fue ratificada por magistrados del Tribunal de Justicia de Baja California, por lo que ya no se pudo hacer nada más.

*.- Ahora los perredistas “ayunarán” para exigir publicación a Kiko

Volvemos al tema que ya habíamos comentado anteriormente, en virtud de que ahora los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD, que dirige Abraham Correa, decidieron ponerse en un “ayuno” los días miércoles y jueves de esta semana, en exigencia de que el gobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid ordene la publicación “pronta y expedita” de la reforma realizada por diputados de la anterior legislatura, al decreto 112, para ampliar el período de la gubernatura 2019 de 2 a 5 años.

Pero no solamente recibimos ese anuncio este lunes 12 de agosto en Baja California, sino que también nos enteramos, gracias a la publicación en varios medios y la difusión a través de redes y mensajes de chat, que empresarios adheridos a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron de un documento dirigido al presidente de la mesa directiva de la actual legislatura, Catalino Zavala Márquez, y al gobernador de la entidad Kiko Vega, precisamente para que se proceda con la notificación al gobernador, a fin de que  publique en el Periódico Oficial del Estado la reforma referida.

Lo interesante del caso es que como le dijimos en columnas anteriores, ni unos ni otros adoptaron esta actitud exigente para demandar la publicación de dicha reforma cuando bien podían aprovechar el que la anterior legislatura quería dar celeridad a este tema, para que de inmediato se pudieran presentar los recursos legales necesarios ante los tribunales federales, los electorales, o directamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También, ni unos ni otros, hombres y mujeres muy preparados, y con un gran colmillo político que no permite que se los “duerman” fácilmente, pueden alegar en este momento que no sabían o entendían de la importancia de que se publicara dicho decreto con su reforma, y por lo tanto se la pasaron exigiéndole al gobernador que hiciera exactamente lo contrario, metiendo mucho ruido al tema, golpeando en el aspecto político, y dando vuelo a las “amenazas” de personajes de la vida nacional, particularmente de los mismo de Morena, a sabiendas también de que eso tampoco en nada ayudaba, y que finalmente se iba a desvanecer, como ocurrió, pareciendo que solamente fueron frágiles burbujas que ya reventaron.

Y ahora, los perredistas pretenden meter presión haciendo ayunos, que más que afectar, les ayudarán a su salud, esperando con esto que les hagan caso en su exigencia de “la pronta publicación de la reforma a la extensión de la gubernatura de 2 a 5 años Baja California”. En conferencia de prensa, el dirigente Abrahám Correa critica que los diputados argumenten que no les fueron entregados los documentos, o no los encuentran (como en los juzgados), y aprovechó para considerar “una burla a los bajacalifornianos” lo manifestado por Catalino Zavala Márquez. Yo pregunto ¿no es una burla a los bajacalifornianos lo que nos están haciendo con estos juegos? ¿No será que sabían que si se hubiese publicado esa reforma desde entonces ya se estaría combatiendo legalmente? ¿No habrían calculado -tanto ellos como los empresarios- que si lo dejaban hasta ahora, podría suceder lo que está pasando, de que se retrase la orden?

Pero en el caso de los empresarios, que igual no se pronunciaron de esta forma antes de que concluyera la anterior legislatura, ahora, en ese documento publicado, con copia “al pueblo de Baja California” establecen que las mujeres y hombres afiliados a la Coparmex en el Estado, solicitan de la manera más enérgica posible, que el presidente del Congreso, Catalino Zavala proceda con la notificación al Ejecutivo estatal “para que la reforma del artículo Octavo transitorio del Decreto 112 aprobado por la XXII legislatura, sea publicada inmediatamente”. También consideran que podría ser interpretado lo que ahora hacen los diputados de no notificar al Ejecutivo, como “una estrategia dilatoria y tramposa”. ¿De verdad no se dieron cuenta de esto antes, cuando ni por asomo se les ocurrió exigir lo que ahora hacen? 

El documento es firmado por Armando León Ptanick, presidente de la Federación Coparmex en el Estado; Roberto Rosas Jiménez, presidente en Tijuana; Ernesto Elorduy Blackaller, presidente en Mexicali y Marco Navarro Stack, presidente en Ensenada. 

PD.- Este martes, es el primero (de los pocos) días establecidos por el presidente municipal de Tijuana Juan Manuel Gastélum Buenrostro para que se realicen los trabajos de entrega-recepción a los equipos de Arturo González Cruz. En algunos casos hay mucha voluntad, y se empiezan a abrir las oficinas, pese a las órdenes o “señales” recibidas en contra, en tanto que en otros, los titulares o algunos “segundones”, responden a  sus sucesores como si les estuvieran haciendo un favor.

PD1.- Pese a esto, los integrantes del equipo entrante ya están listos para presentarse a algunas de esas oficinas, a partir de las 5:00 de la tarde, y entre otras, indica el del barrio, estarían la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, Comunicación Social, y algunas más. A ver si ahora sí los dejan entrar.

PD2.- Hay quienes siguen pensando que el hecho de recibirlos hasta las 5:00 de la tarde supuestamente “para no afectar los trabajos cotidianos”, en realidad es para poder destruir, sin testigos, ni obstáculos, aquellos documentos que pudieran serles riesgosos.

PD3.- Otros pensamos que el alcalde lo hace “sólo por jo…”, Según diría Obed Silva Sánchez, el encargado de recibir la presidencia municipal de Tijuana.

PD4.- Ahora se entiende por qué una cantidad enorme de casos de crímenes cometidos en Baja California están sin solución: en unos porque no investigan, y nunca encuentran a los responsables; en otros, porque no integran bien las averiguaciones; en unos más, porque los jueces los sueltan pese a las evidencias, y en los más, porque al ser dejado en libertad el presunto criminal, mejor ya no le mueven.

PD5.- Sí, ya sé… estoy descubriendo el hilo negro. Gracias.

PD6.- En serio… aunque sea un compromiso adquirido con la Secretaría de Seguridad Pública del país para recibir los recursos del Forsateg… ¿ya ven? Ya ni puedo decirlo: Fortaseg, no pongan nuestra seguridad (de los periodistas) en manos del alcalde… digo, de su gobierno. 

PD7.- Efectivamente, como lo aseguró, el gobernador electo de la entidad Jaime Bonilla Valdez, ha estado trabajando desde que ganó las elecciones, y se la pasa entre la Ciudad de México y Baja California, tratando de conseguir apoyos para la entidad, según lo ha informado. Este día coincidió con el gobernador Kiko Vega en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) donde ambos hablaron por la entidad, en tanto que el futuro gobernante presentó una propuesta, de la que ya comentaremos ampliamente.

PD8.- Para quienes dicen que estamos haciendo mucho escándalo por la orden del juez, en el sentido de que borraremos esa publicación del doble homicida, y que defienden la posición de los juzgadores que están enviando citatorios como “arroz”, deben entender que luchamos para hacer prevalecer el derecho de todos a la libre expresión, y de la población a estar informada, porque al rato se va a impedir que se comunique a la comunidad lo que ocurre en su entorno.

PD9.- También para aquellos que sin oficio ni beneficio se meten en este tema, tan sólo para criticar, quiero decirles que para nosotros y para otros compañeros, lo más fácil sería aceptar la decisión del juez Tercero de lo Penal y borrar todo lo publicado para no meternos en problemas ni andar en estos “fandangos”, pero sería claudicar, y permitir que poco a poco se vayan cerrando los espacios de información, y discusión, en una situación que no sólo nos afectaría a nosotros, sino a los propios ciudadanos, que ya no tendrían herramientas para ventilar las injusticias que padecen, porque no habría medios para denunciarlo. 

PD10.- Por cierto, en uno de los juzgados, un funcionario de éste, me replicó muy amable, cuando le comenté que era increíble pensar que en oficinas de los juzgados se “pierdan” o “desaparezcan los expedientes, algo así como: “usted no sabe cuántas cosas pasan en estas oficinas, aunque de inmediato, el titular debe subsanar el problema”, dijo. Muy seguramente por eso insistían en que se desapareció” del documento, porque ha sucedido. 

PD11.- Sobre el recurso de amparo que el presunto “afectado” presentó en contra de Agencia Fronteriza de Noticias como “autoridad”, ahora se nos requiere un “Informe Justificado” de la “constitucionalidad” del acto cometido, que en nuestro caso fue informar, opinar y luego recurrir a esa misma instancia por un amparo por actos que nos afectaban. Si ya no vamos a poder opinar ¿Qué le espera al ciudadano”. Recuerden aquello de que “cuando veas las barbas de tu vecino cortar…?

PD12.- ¿Luego siguen las redes y las opiniones de los ciudadanos?

PD13.- Como ya soy “autoridad”, por decisión de un Juzgado, entonces ¡Agárrense! Voy a ver qué se me ocurre “mandar” al pueblo. Solicitaré asesoría al Patas, que logró hacer de Tijuana “La Mejor Ciudad de México”. El que no lo ve así, no sabemos (él y yo) qué hace todavía aquí. 

PD14.- De verdad que estos del PRI ¡Se pasan! Se hacen “chanchullo” entre ellos mismos… ahora sucede que –según sus cuentas nacionales- en Mexicali “votaron” casi 7 mil personas. O sea ¿que sí movilizaron allá a los de Cablemas? Y yo aquí ayer criticando e intrigando contra el pobre de David Ruvalcaba Flores, diciendo que en esta ocasión “no hizo la tarea”.