AFN POLÍTICO
*.- Denunciarán social y penalmente a funcionarios salientes
*.- Reducirán al 50% los salarios de funcionarios de primer nivel
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 4 DE MARZO DE 2019 (AFN).- La Coalición “Juntos Haremos Historia”, que en Baja California conformaron los partidos: Morena, Transformemos, Del Trabajo y Verde Ecologista -emulando lo que a nivel federal hizo el ahora Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador- firmó junto con su documento para coaligarse, otro que contiene su Plataforma Política que pretenden desarrollar para el próximo periodo de gobierno, que cuando se hizo, estimaban que sería de dos años: 2019-2021.
Y en el mismo resalta que aquellos que ganen como alcaldes, regidores y diputados locales en la elección del 2 de junio de este año, tendrán la obligación de denunciar ante la sociedad, pero particularmente por la vía penal, a las autoridades salientes, en los casos en los que se encuentren evidencias de corrupción.
De igual manera están planteando entregar la administración de las comisiones estatales de Servicios Públicos (CESP) que operan en la entidad, a los gobiernos municipales, como lo establece el artículo 115 constitucional (federal), algo que hasta el momento se han negado a hacer las administraciones estatales panistas, argumentando que los municipios no tienen la capacidad de manejar estos organismos, que en la realidad se convirtieron las “cajas chicas” para cuestiones electorales.
En otro sentido están considerando además la reducción hasta el 50% en los salarios de los altos funcionarios dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el Estado, así como los de los órganos públicos y autónomos.
A este documento se ajustarán los integrantes de los partidos coaligados en esta elección 2019, para informar al electorado lo que pretenden hacer en caso de obtener el triunfo en los próximos comicios.
En un documento de 28 páginas se hace -en principio- un “Diagnóstico Político, Económico y Social del Estado de Baja California”, y se establecen los “Ejes Rectores” en que basarán sus propuestas. En un primer punto ofrecen la lucha por un cambio de régimen político y la recuperación de la vía democrática para la entidad. También crear la Secretaría de la Familia como “un instrumento básico” para el desarrollo de los valores morales, advirtiendo que el modelo DIF ha quedado “totalmente rebasado en su forma original de organización”, ya que, explican, en su origen era un modelo “para que las esposas de los gobernantes presidieran un Patronato que les hiciera llegar recursos a la operación del mismo”. Luego, indica el documento: en muchos casos se ha visto que con el paso del tiempo se han desvirtuado sus acciones volviéndose más “un escaparate de actividades sociales, que productivas en beneficio de la familia”.
Advierten que sus resultados negativos “están a la vista”, ya que cada vez hay más familias desintegradas, y la entidad ocupa el número uno en divorcios, negocios de particulares en guarderías, centros médicos y hasta la utilización de recursos con fines electorales. Por esta ofrecen la creación de esa Secretaría de la Familia que estaría dirigida por un profesional en el área, que se encargue de “promover de manera intensa los valores morales, tanto en la sociedad como en el círculo familiar”.
Se revisarían, añaden, todos los programas que actualmente manejan el DIF estatal, como los municipales, para fortalecer aquellos que sí sean prioritarios y necesarios, además de que se crearía la subsecretaría de la Juventud, el Deporte, la Cultura y la Educación como ejes básicos del desarrollo humano.
En lo que se refiere a la denuncia y persecución ciudadana “de todas las formas y espacios en que se practica la corrupción”, que sería otro de los ejes, se advierte que en Baja California, sin excepción de los cinco municipios, quedan siempre en evidencia los malos manejos y corrupción, así como las arcas vacías que dejan los servidores públicos salientes, al extremo de que ya ni siquiera es necesario que terminen sus gestiones “para que los ciudadanos conozcan el enriquecimiento ilícito de quienes debieron servir con honestidad y transparencia”.
Por esto, ofrecen en su Plataforma que los alcaldes, regidores y diputados locales que resulten electos: “habrán de denunciar ante la sociedad y las autoridades, cualquier evidencia de corrupción que se encontraren, no en ánimo de revancha partidista (aclaran), sino en la responsabilidad y compromiso con la ética y la honestidad que representan. Para este efecto se promoverá la constitución de Contralorías Ciudadanas para revisar y denunciar las acciones y conductas de los funcionarios corruptos.
En otro de sus ejes se habla de la “dignificación del poder legislativo”, y se establecen algunos de los hechos que han provocado escándalo y malestar entre la comunidad, además de que se critica que cotidianamente “y más en tiempos electorales” los legisladores sean vistos repartiendo cobijas y despensas, de manera parcial, a los simpatizantes de sus partidos, y sin la mínima transparencia del gasto público. Se establece que existe un “dispendio en publicidad pagada con recursos públicos” con el pretexto de presentar informes de labores: “además de sueldos, prestaciones, asesores, y un sin número de gastos totalmente innecesarios”.
Se refieren a los “incontables viaje del titular del Ejecutivo hacia el interior del país y del extranjero, como si no tuviera Baja California legisladores federales para conseguir recursos, o la oficina de representación del Estado en la Ciudad de México, o como si la Secretaría de Relaciones Exteriores no tuviera agregados comerciales en el extranjero para promover a Baja California, reclaman.
Del Poder Judicial se indica que éste ejerce un presupuesto totalmente opaco para la sociedad, que solamente sabe que reciben sueldos y prestaciones de derroche e insulto a la actual crisis económica que padece Baja California. Advierte que en contraparte tienen en completo abandono las instalaciones, que no se han preocupado por atender las prestaciones sociales de sus empleados, sueldos que no han sido actualizados casi en una década “sin preocuparles a los de arriba las necesidades de quienes operan los juzgados (ya que) no les ha interesado modernizar la administración de justicia, a la que tienen abandonada”, dicen.
Por esto ofrecen presentar una iniciativa de Ley de Austeridad Estatal para: reducir al 50% los salarios de los mandos superiores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos públicos y autónomos; reducir al 50% cualquier tipo de prestación como gasolina, servicio de celular y otros; eliminación de cualquier pago por concepto de vales de despensa, alimentación dentro y fuera del recinto y otros.
También la eliminación de cualquier seguro de gastos médicos o de vida, para dejar tan sólo los que provea la ley del Estado para trabajadores; la eliminación del presupuesto de gestión social que ejercen los legisladores; la eliminación de la partida de gastos para la operación de la casa de titular del Ejecutivo (gobernador); poner un tope a los gastos de publicidad en los medios de comunicación de esos poderes y organismos autónomos y públicos, así como crear un Comité Ciudadano que vigile la distribución del gasto; revisar la asignación indiscriminada de contratos de honorarios y modernizar el Poder Judicial, además de atender las demandas salariales de sus trabajadores y de Seguridad Social. Dicha plataforma también habla sobre el desarrollo económico; la sostenibilidad y el medio ambiente; la “agenda Azul” que corresponde al agua, y lo correspondiente a seguridad pública.
Por lo que se refiere al tema del agua ofrecen dar cumplimiento al artículo 115 constitucional fracción III inciso (A: para que los ayuntamientos tengan a su cargo el servicio de público de agua potable y alcantarillado; tipificar como delito grave la tala de árboles en parques públicos, por la autoridad o particulares que actúen bajo cualquier figura jurídica; tipificar como delito grave el saqueo de los recursos naturales como es el caso de los mantos de arena de los ríos; darle el uso correspondiente a los predios donados por los desarrolladores para el equipamiento urbano, y evitar la desincorporación a particulares para fines comerciales; fortalecer a las instituciones encargadas de aplicar las leyes ambientales, mediante apoyos presupuestales, capacitación e irrestricta aplicación de la justicia quienes la transgredan.
Se refieren además al tema del Auditor Superior del Estado, cuyo nombramiento pretende hacer el actual Congreso de la entidad bajo el argumento de que el próximo 22 de marzo vence el período de siete años de la figura nombrada para esa posición.
La coalición Juntos Haremos Historia advierte que se han documentado, y hecho público, desvíos de recursos millonarios mediante obras no realizadas, de mala calidad, compras en municipios que no eran prioritarias y que acabaron en presuntos fraudes, daños a los patrimonios de los municipios y el Estado, sin que a la fecha ningún ex gobernador, ex alcalde, o funcionarios de primer nivel, hayan sido sancionados. Señalan que existen vacíos legislativos para que las sanciones se pierdan entre los síndicos, contralores, y toda aquella autoridad que debería sancionar, y que se vuelve omisa, con tal de proteger los intereses de sus partidos y grupos.
Advierten que esto seguirá sucediendo en tanto el nombramiento del titular del ORFIS se siga haciendo de acuerdo a los intereses de los partidos mayoritarios del Congreso en turno, por lo que sugieren una terna enviada a la Legislatura estatal por un comité integrado por tres académicos especialistas en auditoría gubernamental, para que el próximo Auditor Superior sea nombrado por ese Poder. Sugieren que los especialistas sean de la UABC, del Cetys y del CUT, previa convocatoria pública de la sociedad.
Se pretende establecer en el Órgano de Fiscalización, el Servicio Civil de Carrera para que los ascensos en la institución sean por examen de oposición, incluso el del Auditor Superior, así como dar facultades legales a este organismo para que pueda turnar sus dictámenes al Ministerio Público para la investigación de posibles desvíos de recursos públicos o comisión de delitos en contra del erario.
Y finalmente por nuestra parte, ya que el documento es extenso, también se habla de seguridad pública señalando que por más que las autoridades estatales y municipales “manipulan y maquillan las estadísticas” sobre este tema “la realidad” señalan es que en todos los municipios de la entidad existen “tierras de nadie”, narco menudeo, asaltos en cualquier lugar y hora, falta de respuesta a los llamados de emergencia, levantones, ejecuciones, nula aplicación de los reglamentos de tránsito, violación de los derechos humanos de los presuntos responsables desde su traslado, estableciendo que Baja California ocupa el segundo lugar en incidencia delictiva, y los primeros lugares en impunidad y corrupción en el país.
Por este motivo sugieren que para evitar la improvisación, corrupción incluso el uso del Ministerio Público y policías municipales como instrumentos partidistas y político, proponen que la terna para el nombramiento del próximo Procurador se envíe al Congreso del Estado por un Comité integrado por tres académicos especialistas en procuración de justicia designados por las facultades de Derecho de las mismas instituciones de educación superior antes mencionadas. Se ofrece asimismo que se establezca en la Procuraduría General de Justicia del Estado el Servicio Civil de Carrera para que los ascensos sean por examen de oposición, incluso el siguiente titular de la Procuraduría, en tanto que para los nombramientos de titulares de la Policía Estatal Preventiva, Secretaría Seguridad Pública municipales, y la operación de las respectivas instituciones, se aplique un procedimiento similar al antes establecido.
PD.- Como era previsible, el secretario de Seguridad Pública de la ciudad Marco Antonio Sotomayor Amezcua, justificó el hecho de que el director municipal del Transporte, Francisco Castillo Fraga se presente armado en lugares públicos, en el hecho de que es un policía Comisionado a otra función, en la que tiene que hacer actividades de esta índole, por la peligrosidad que significa -hoy día- el trato con algunos transportistas, y por las amenazas que señaló que han recibido.
PD1.- También manifestó que puede portar el arma, siempre que esté “en comisión”, aunque eso se refiere a cuestiones netamente policiacas, ya que no obstante que es cierto que dentro del transporte se han incrustado algunas “mafias”, ahí no está en esa función que se quiere hacer notar, aunque sería bueno que para que eso quede debidamente aclarado (porque nunca se ha dudado que tenga permiso para portar armas), se requiere del documento que por escrito se le debió haber entregado para llevar este artefacto dentro de esa función.
PD2.- Lo que no aclaró, que es el punto central del señalamiento, es el hecho de si están autorizados o no a entrar con el arma al descubierto a lugares públicos, lo cual ya nos comentaron del Ejército, que “se han girado instrucciones a los titulares de las licencias (que en este caso es el ayuntamiento) para evitar ese tipo de actitudes que pueden poner en riesgo a la población o causar confusión. Indicaron que si tiene un oficio de comisión que lo ampare para portar el arma en un lugar concurrido, podría ser aceptable “aunque no es lo ideal portar armas a la vista ni en lugares públicos”.
PD3.- Los “Izzicoleros” del PRI lograron más “convocatoria” o movilización que los panistas, ya que en la elección interna del tricolor fueron casi 14,000 votantes los que participaron en las “urnas”, en tanto que en la votación de ayer del PAN, apenas llegaron a 6600, según señalaron sus dirigentes.
PD4.- Aunque se escucha bien el hecho de que sean académicos los que sugieran las ternas para los nombramientos de: Procurador, titulares de seguridad pública y corporaciones, sigo pensando que esos nombramientos deben ser hechos por los propios titulares del Ejecutivo estatal y municipales, revisando perfiles y analizando la trayectoria y experiencia de quienes serán sus colaboradores y tendrán que darles resultados en el combate a la inseguridad. Están siguiendo el mismo camino que en su momento ofrecieron en Tijuana, y ahí están los resultados.
PD5.- Aunque todos mis respetos para los académicos, normalmente estos no conocen la realidad en esos ámbitos, porque no les ha tocado estar en relación directa con las áreas de seguridad pública, por lo que sus evaluaciones podrían ir más bien hacia el reconocimiento social o académico que pudiesen tener los propuestos.
PD6.- Alguien señalaba muy sabiamente, que “para conocer lo que pasa en el charco, habría que haber estado… en el charco”.
PD7.- No es el mismo caso en lo que se refiere al titular del órgano Superior de Fiscalización, porque ahí la valoración debe ser totalmente diferente, y los resultados que quien encabece esa oficina pudiese dar, estarían más relacionados con sus conocimientos de la materia y su “fama pública”.
PD8.- Por cierto, como estaba programado, en Ensenada se reunieron los diputados que integran la Comisión de Fiscalización del Gasto Público para detallar lo relativo a la Convocatoria para elegir al nuevo Auditor Superior del Estado, determinando que las bases de la misma se aprueben el próximo viernes en el Pleno del Congreso, para que del 8 al 17 de marzo se reciban las solicitudes de aquellos que están interesados. El análisis de los aspirantes se haría del 19 al 21 de este mes para pasar a las entrevistas del 22 al 26 de marzo.
