*.- También contra la Síndico ante el Congreso, por ocultamiento de información

AFN POLÍTICO
*.- Y la APBC exige renuncias al gobernador

DORA ELENA CORTÉS
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14:33 horas.-TIJUANA BC 13 DE JUNIO DE 2017 (AFN).-  La paciencia se colmó y lo que parecía ser una “tregua” no declarada oficialmente por los regidores del Partido Encuentro Social (PES) para “dejar trabajar” al gobierno municipal de Juan Manuel Gastélum Buenrostro se rompió, y de nueva cuenta decidieron alzar la voz, ante lo que entendieron como una burla, ya que la síndico anunció ayer tarde, de manera oficial la decisión del “grupo” del alcalde, de ocultar toda la información que tiene que ver con la otorgación del millonario contrato a la empresa foránea Turbofin para la renta de unidades que utilizará el Departamento de Limpia. 

Y esa reacción de la fracción pesista del Cabildo, derivó en la decisión de presentar esta tarde ante el Congreso del Estado una denuncia  y solicitud de Juicio Político en contra del Presidente municipal, quien todavía se encuentra en Washington DC, y de la síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde, quien en teoría es una autoridad autónoma, no bajo el ámbito de decisión y poder del alcalde como pública y generalizadamente se percibe.

A las instalaciones del Poder Legislativo, a las 14:30 horas de hoy llegaron los regidores Mónica Vega, Manuel Rodríguez Monárrez y el doctor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, para presentar la denuncia que entregaron en la Oficialía de Partes. Posteriormente se dirigieron a la oficina del diputado Job Montoya, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para fundamentar su actuación, y en esa cita les acompañó el diputado de su partido Luis Moreno Hernández.

Los regidores mencionados -además de la burla que consideran que con esto se está haciendo a la sociedad de Tijuana- establecieron que esta decisión anunciada por la síndico procuradora contraviene lo establecido por el Instituto de Transparencia, el cual ordenó recientemente hacer pública la información que la población está demandando.

Fuentes consultadas aseguraron que con la disposición gubernamental, sí se está incurriendo en una grave irregularidad debido a que el mencionado Instituto efectivamente tiene facultad para ordenar que se transparente dicha información a los tijuanenses, lo cual no se está haciendo en estos momentos, en que por el contrario parece haber una maniobra para encubrir las negociaciones al decidir reservar por seis meses todo lo relativo a la adjudicación directa que se hizo a la empresa señalada;  Otras fuentes añaden que se podría estar favoreciendo a esa compañía para pagarle los millones que acordaron, durante este periodo de silencio decidido por el alcalde la síndico y sus principales colaboradores.  

En este punto sería interesante analizar la “jugada” que hicieron el jueves 8 de junio los allegados al presidente municipal y a la funcionaria (que debe investigar todas las irregularidades cometidas por quienes integran ese ayuntamiento), para evitar transparentar la información como lo ordenó el Instituto, y también para que no avance la denuncia que ante la misma oficina de Ana Marcela presentaron los regidores que ahora acusan.

Por lo informado por la síndico ayer lunes, la directora de Responsabilidades de su dependencia, pidió al titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información del gobierno en la ciudad, que todo lo relativo al contrato se clasificara como reservado por la “secrecía” que supuestamente obliga la investigación que está haciendo en torno a este tema y en el que forzosamente la propia titular de esa sindicatura estaría involucrada por haber sido partícipe de la mesa en la que se tomó la decisión de contratarla, bajo el supuesto de una “emergencia nacional”.

Y como respuesta, la UMAI “solicitó” a su vez, al Comité de Información, que se encarga de estos menesteres, que se diera esa declaratoria, y entonces, para decidir sobre un tema que estaban requiriend, se pusieron la otra “cachucha” ya que la sindicatura y el titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, además del alcalde, del secretario, del Coordinador de regidores y de otro funcionario, forman parte de ese organismo, que fuentes consultadas dijeron que sí está establecido dentro de la ley, pero que no puede decidir sin la participación del Cabildo en asuntos de esta naturaleza. 

Y si los enredé con esto, se los presento de manera más sencilla: la sindicatura de Ana Marcela y el titular de la Unidad de Acceso a la Información solicitaron al Comité donde también están ellos –como juez y parte- que se diera esta “moratoria” en la información para no revelar datos que involucran a la funcionaria, lo mismo que al alcalde, quien preside ese organismo. Uf, que complicados.… 

El hecho es que a ningún presidente municipal le habían presentado una denuncia de juicio político en Tijuana en tan temprana fase de su administración, y lo grave para él es que aunque sus compañeros panistas en el Congreso del Estado trataran de ayudarlo “congelando” esta investigación, no podrán hacer como en el pasado reciente en que “el tiempo”  se le vino encima y caducó el recurso, porque ahora existe la presión de los ciudadanos a través de las redes sociales. 

Si se llegara a formar una Comisión Instructora para revisar el caso de estos funcionarios, mal se verían los diputados panistas defendiendo una causa en la que sin ninguna razón se mantiene la opacidad, en un momento en que los ciudadanos demandan transparencia; por lo que se refiere a los diputados priístas, que son la otra fracción de peso dentro de la legislatura, también quedarían evidenciados sino tocan este tema, sobre todo cuando la forma en que se han manejado los funcionarios municipales mueve a sospecha de que todo se hubiese hecho de manera irregular en esta contratación.

En resumen esto viene a representar otra “prueba de fuego” para los legisladores en el Congreso local, y una campanada de alerta muy fuerte para el gobierno de Gastélum Buenrostro, quien hasta ahora ha pretendido ignorar todo lo que se está haciendo por encima de los intereses de la ciudadanía.
  
*.- Y la APBC exige renuncias al gobernador

Y hoy día todo se siente demasiado denso, debido a que aunado a esos problemas políticos, siguen creciendo otros que alarman a la población entera como son la seguridad, el conflicto con los maestros, el desabasto de medicinas en la región, y otros más, que no por ser de menor gravedad, no están incidiendo en este revuelto panorama. 

De hecho, integrantes de la Agrupación Política de Baja California (APBC) fueron más allá, y molestos por la violencia que deja gran cantidad de muertos sobre todo en Tijuana, demandaron este día las renuncias del secretario de Seguridad Pública del Estado Daniel de la Rosa Anaya y de la procuradora de Justicia Perla del Socorro Ibarra Leyva, ya que aseguran que es evidente que no han tenido la capacidad para encabezar como corresponde, sus respectivas dependencias, al margen de que la probidad de sus áreas está en entredicho, advirtieron en una carta dirigida al secretario de Gobernación del país Miguel Ángel Osorio Chong con copia al gobernador del Estado y al alcalde de Tijuana.

Y podría decirse que los firmantes son priístas y que por lo tanto están “moviendo el agua” a estos gobiernos panistas, sin embargo no se les puede regatear la razón en lo que dicen, ya que la violencia está imparable, y sólo hemos escuchado hasta el momento justificaciones y/o acusaciones a la población y a las víctimas por lo que les pasó.

La carta en la que también reclaman la actividad desplegada hasta el momento por el secretario Seguridad Pública de la ciudad, Marco Antonio Sotomayor, se da apenas unas horas después de que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid presentó su Cruzada por la Seguridad en la que se repiten medidas que se supone que ya están aplicando como la invitación a la denuncia pública, la aproximación social con la población, los patrullajes en conjunto que ya se han dado en otras ocasiones, la depuración de elementos en las filas policiacas. Lo que tal vez en este caso sería importante, es que ahora sí pasaran de las palabras a los hechos.

Y aunque se mencionó a una serie de autoridades, organismos empresariales y de la sociedad civil, como parte de este programa, el hecho es que no todos han firmado, ya que esperan que se aclaren algunos puntos.

De hecho este jueves el gobernador de la entidad Francisco Vega encabezará la reunión pública del Grupo de Coordinación de Baja California, que tendrá lugar en el Centro de Formación Ciudadana, o lo que antes era el Centro de Cultura de la Legalidad, ubicado en la tercera etapa de la Zona Río Tijuana.

PD.- Según abogados consultados, lo que se hizo al “reservar” como clasificada la información del contrato a Turbofin, fue “encubrimiento por favorecimiento y abuso de autoridad”. La secrecía, advirtieron, es una burla para el pueblo tijuanense.

PD1.- Ayer mismo en que la sindicatura decidió reservar la información relativa a Turbofin, el encargado de despacho de la UMAI, Juan Dámaso Ibarra Bibriesca negó al ciudadano Guillermo Estrada, información relativa a este caso argumentando también esa decisión de “reserva total” del expediente número RES/078-2017. 

PD2.- Si piensan que nuestro compañero José Enrique García Sánchez es “bravucón” podría parecer que sí, según lo captó en esta imagen el reportero del barrio. ¿Estaría echando bronca al aspirante presidencial Luis Ernesto Derbez?

PD3.-  El próximo martes 20, se presentará ante integrantes de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, quien fue invitado para hablar sobre las famosas asociaciones público-privadas que ya operan en México, pero seguramente “saldrán chispas” porque en Baja California se están impulsando estas ya célebres Apps, que han enojado a muchos en la entidad, sobre todo -también-por la falta suficiente de información.

PD4.- La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral declaró por unanimidad la improcedencia de las reformas y adecuaciones que sus estatutos hizo el Partido de Baja California (PBC).

PD5.- Según lo señalado por el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión, Daniel García García, se advierte que el Comité Ejecutivo Estatal de ese Partido Político carece de legitimación para realizar cambios a sus estatutos, por lo que se determinó declarar improcedente toda la actuación realizada en ese sentido. 
 
PD6.- Resultó muy emotivo, según nos dicen, que al velorio del compañero Miguel Ángel Báez Camacho llegó una delegación de ciclistas para rendirle homenaje, llevando rosas blancas para sus familiares.