Tijuana BC 28 de mayo de 2014 (AFN).- El Síndico Social del ayuntamiento local Bernabé Esquer Peraza se encuentra dentro de una coyuntura que pondrá a prueba no sólo su actuación, sino también la utilidad de contar con una figura de esta naturaleza dentro del gobierno municipal.

  

Y es que, a consecuencia de los escándalos que han reventado en los últimos meses y que involucran a personajes de la política local y el propio gobierno municipal, la Sindicatura Procuradora se ha convertido “en juez y parte” en estos hechos, lo que no garantiza completa imparcialidad y objetividad de su parte.

  

Esto porque en el asunto que involucra a Carlos Bustamante Anchondo, el síndico Procurador Arturo Ledesma Romo, tiene una “cuenta pendiente” con el ex alcalde por la clausura de carteleras propiedad de su hermano Miguel y por otra, al entregar sin reserva alguna, el voluminoso expediente del supuesto casino que se está instalando en las Torres de Agua Caliente, a representantes de Eligio Valencia Roque.

  

Y en estos escandalosos casos también, aparece otro actor importante que es el ex alcalde Jorge Ramos Hernández, quien pactó un millonario convenio para entregar un predio, propiedad de la ciudad. Ramos, tiene el detalle adicional de ser un militante reconocido del propio partido del que surge el Síndico Social, lo que haría difícil a los panistas entrar a este tema, que algunos cómodamente han dejado de lado.

 

 

Ayer el propio Síndico Social estableció su posición en el tema del casino de Carlos Bustamante y además de considerarlo una “irregularidad” anunció que estaba enviando el caso a la sindicatura Procuradora, con la petición de que investigara a fondo este asunto, y de ser necesario impusiera sanciones a los ex funcionarios involucrados.

  

Esto nos llevó a comentar que de la misma forma en que estaba actuando en este asunto, el Síndico Social debía hacer lo propio en el tema del sospechoso acuerdo al que llegaron Jorge Ramos Hernández y Eligio Valencia Roque para que el segundo de ellos se pudiera ser de un terreno que ambiciona en San Antonio de los buenos. El acuerdo publicitario que supuestamente realizaron en la recta final de la administración municipal sería de casi 8 millones de pesos.

  

Pues bien, este día Bernabé Esquer Peraza me comentaba que como Síndico Social estará revisando todos aquellos asuntos en los que se presuman irregularidades, no importando quién o quiénes se encuentren involucrados ni tampoco el que sean militantes activos o reconocido de su partido.

  

Incluso reveló que ha solicitado los documentos relacionados con este acuerdo publicitario, para hacer una revisión al respecto, ya que la pregunta era si también iba a enviar este caso a Arturo Ledesma Romo con una petición igual de investigar al respecto.

  

Bernabé Esquer no mencionó nombres pero sabía bien de qué tema estábamos tratando y fue muy enfático al reiterar que en todos los casos donde se presenten denuncias, su oficina estará involucrándose.

  

Si esto es así -porque no dudamos de sus buenas intenciones- entonces no tendría razón de ser la petición que diputados panistas están haciendo en el sentido de que desaparezca de los organigramas municipales la figura del síndico social.

 

 

Lástima que en este caso no pueden intervenir autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) -aunque tal vez de nada serviría- pero en este affaire que protagonizan Eligio Valencia y Carlos Bustamante, quedó en evidencia que la Sindicatura Procuradora es una dependencia “carera” que afortunadamente no está dentro del sector comercio, ya que al pobre ciudadano preocupado al que le entregó el expediente de 612 fojas, le cobró muy caro por éste.

  

Y es que si dividimos los $25,000 pesos que pagó, entre las 612 hojas, cada copia se la cobraron en $40 pesos y centavitos cuando en cualquier lugar se la hubieran hecho por $0.50 centavos, o en un extremo, hasta en un peso o dos.

  

Lo interesante aquí también sería saber: ¿ese dinero a qué rubro ingresa? Considerando que la venta al público de documentos por parte de la Unidad de Transparencia, no debe estar considerada dentro del presupuesto de ingresos. ¿Cuántos otros documentos han vendido a ese precio? Y ¿estarán ingresando el dinero a tesorería? Ya que hasta donde recuerdo ninguna dependencia que no esté autorizada para cobrar al público, no puede recibir dinero, como en este caso. A menos de que esa unidad sí esté considerada dentro de los renglones de ingresos del gobierno local.

 

 

Resulta gracioso que la directora de Contraloría de la Sindicatura Procuradora, Maricela Dalle-Mese Partida diga que solicitaron de manera oficial la información sobre el tema del casino en las Torres de Agua Caliente y el expediente que contiene la licencia de operación, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a la Dirección de Administración Urbana (DUA) “para que muestre los permisos del uso del suelo”.

  

Y todavía advierte que le otorgaron un término legal de tres días para que presente su respuesta, cuando esa oficina, o sea la Sindicatura, ya tiene todos los documentos, a través de su Unidad de Transparencia.

  

Agregó -como si no supiéramos toda la historia- que tan sólo cuentan con la denuncia formal de Bernabé Esquer Peraza y lo que ha trascendido a través de un medio de comunicación local. ¿Usted le cree?

 

PD.- Aunque hoy me comentaban que no hay una prohibición para entregar documentos o expedientes completos a un ciudadano, todavía se me hace raro el que una dependencia, haga entrega de todo un legajo de documentos oficiales a un externo, cuando entre una y otra oficina no se comparten estos papeles, por considerar que son oficios de carácter interno. Además ¿cómo se pueden exigir sanciones a quienes supuestamente sustraen documentos oficiales, si de todas maneras no hay ningún impedimento legal para que los entreguen si alguien los demanda?

 

PD1.- Al margen de eso, muchos ciudadanos compartieron mi sorpresa de que la sindicatura Procuradora haya actuado de una manera tan expedita, tan ágil y tan eficiente para responder a una solicitud de información, entregando sin reservas todas y cada una de las actuaciones que se hicieron en torno a un tema en específico. Hay que reconocerle esto a la Sindicatura municipal.

 

PD2.- Lo que también quedó claro es que estos documentos no los filtraron ni el presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí, ni el Secretario General de gobierno Bernardo Padilla -tal y como lo sugirió el ex Secretario General Obed Silva Sánchez- sino que fue Arturo Ledesma Romo, el que por un lado, con una mano trata de mostrar que no trae nada contra su tío Carlos Bustamante, ni que tampoco va a actuar en su contra, en tanto que con la otra dota de elementos a sus enemigos políticos.