TIJUANA BC 5 de marzo de 2014 (AFN).- Tal y como si fuera un Poncio Pilatos moderno, la Procuraduría General de Justicia de Baja California se lavó olímpicamente las manos en torno al conflicto en el que se encuentra sumido el gobierno municipal, ya que a pregunta de Agencia Fronteriza de Noticias respondió que lo denunciado por el alcalde de la ciudad Jorge Astiazarán Orcí no se configura dentro de lo que establece el Código Penal vigente en materia de extorsión y ni siquiera en el de extorsión en grado de tentativa.

  

Voceros de la Procuraduría en respuesta a la pregunta dieron a conocer este día que por lo tanto no investigarán las acusaciones hechas por el presidente municipal el pasado viernes, no obstante el munícipe estableció con base a lo que dicen sus asesores que este delito se “persigue de oficio”. Esta última frase indica que las autoridades al tener conocimiento de delitos de esta naturaleza, no requieren de que se interponga una denuncia penal en toda forma sino que tan sólo basta que se conozca por cualquier medio un hecho constitutivo de delito para que el Ministerio Público del Fuero Común (o federal cuando es el caso) ordene a sus policías iniciar una  investigación.

 

Según explicaron, y también basados en la Ley y Código vigente, lo publicado en medios de comunicación no puede ser tomado como una denuncia formal y para apuntalar su dicho acudieron al artículo 224 del Código Penal vigente en la entidad que establece que se incurre en los delitos mencionados cuando: “para obtener un lucro (el denunciado) obligue a otro a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero”

 

Y aquí nos preguntamos, aceptando sin conceder, las denuncias tan graves lanzadas por el munícipe, si al pretender supuestamente el síndico y sus colaboradores obtener “el 50% de los 80 millones de dólares producto de ingresos ilegales” ¿o se considera que estuvieron presionando al gobierno municipal para que realizara o cometiera actos en perjuicio del patrimonio de la ciudad o el de terceros que somos nosotros? También cabe la pregunta de si ¿con las denuncias que se hicieron no se establecía que se quería obtener un lucro?

  

Y para responder estas preguntas, el Ministerio Público del Fuero Común debe obviamente hacer una investigación, para ver si es cierto, porque no son “enchiladas” hablar de tales acciones de corrupción de parte de servidores públicos que para recibir ese porcentaje ganancias ilícitas, tendrían que permitir acciones irregulares y/o promoverlas.

  

Pero si lo anterior sorprende, es de dar risa cuando establecen que lo que se deduce de este conflicto que estalló el viernes pasado, es que aquí aparentemente existen “delitos contra el honor de las personas”, por lo cual se requiere de una querella formal para iniciar una averiguación previa, la cual entonces no debe partir del presidente municipal, porque él no es el “difamado”, sino que tendría que ser el mismo Arturo Ledesma Romo quien la presente porque en este caso a él le estarían afectando en el tema del “honor”. ¿Será esto a lo que se refería Ledesma cuando advertía que Astiazarán le tenía que demostrar en Tribunales que es un corrupto porque lo iba a denunciar?

 

 

Y aquí es donde uno se pregunta ¿Quién puede ser el árbitro en un tema de esta naturaleza? Ya estamos viendo que la Procuraduría del Estado prefiere, como dijimos  “lavarse las manos” y cerrar los ojos ante algo que evidentemente está pasando dentro del gobierno de la ciudad.

  

En tanto el Congreso del Estado, se mantiene solamente como observador y a la expectativa, ya que sus representantes afirman que no tienen facultad para intervenir en un caso de esta naturaleza, no obstante que se presuma que pueden estarse cometiendo ilícitos o flagrantes actos de corrupción. 

  

En este caso se entiende porque se trata de dos poderes diferentes con autonomía y no pueden intervenir en hechos, que aunque bien pueden ser muy serios y muy graves como los que aquí se establecen, también podrían tratarse, dijo alguno, de “chismes de comadres” o pleitos internos.

  

Me explicaban que el Congreso solamente interviene ante hechos consumados o ante un exhorto o petición como la que hicieron en semanas pasadas cuando estalló el conflicto en contra del anterior alcalde de la ciudad Carlos Bustamante Anchondo.

  

Los diputados y personas que conocen de la tarea legislativa señalan que aquí se presume la Comisión de delitos y que por lo tanto, claro está, le corresponde al Poder Judicial hacerlo y para que pueda ser visto por éste debe presentarse una denuncia penal o bien abrirse una investigación “de oficio” para buscar la verdad de los hechos.

 

Sin embargo lo que aquí vemos es la existencia de dos posibles actuaciones delictivas: la primera, la posible extorsión por parte de altos funcionarios del gobierno municipal a las propias autoridades para obtener un lucro en detrimento de la población, y en el segundo -en caso de no ser cierto- como bien afirma el MP- se estarían configurando probables “delitos contra el honor”. Además hay un grave problema político y los partidos involucrados (PRI y PV) tampoco hacen nada, sino tan sólo declaraciones de apoyo sus respectivos representantes, y finalmente una seria crisis que no deja avanzar al ayuntamiento. ¡Y nadie hace nada!

  

 

La pregunta de muchos es: ¿Debe salir el síndico de la administración?

  

Hay quienes afirman que así como renunciaron los principales colaboradores de Arturo Ledesma Romo del gobierno municipal, también debe hacerlo el Secretario General Bernardo Padilla Muñoz.

  

Argumentan para esto que el titular de la Secretaría se desbocó en la conferencia de prensa que ofreció para dar a conocer la suspensión de que fue objeto y esto no es algo que se espera de alguien en ese nivel de gobierno y con las responsables que tiene, sin embargo en el caso del síndico señalan que éste no puede retirarse del cargo porque eso le haría más daño al ayuntamiento, además de que estaría aceptando la acusación de corrupto que le lanzó el alcalde. Aseguran que ya con la renuncia de sus colaboradores se da por atajado este tema.

  

Sin embargo lo que me parece grave es el hecho de que en manos de una persona tachada abiertamente de corrupción por el jefe de la comuna y con el tipo de personalidad que tiene Arturo Ledesma, se dejen los temas más delicados y sensibles que tienen que ver con el funcionamiento de una ciudad.

 

Y no sólo eso, sino que también a su falta de perfil para ocupar este importante cargo se suman los señalamientos o cómo legalmente dirían “fama pública” que el síndico municipal tiene, desde su época de adolescente y juventud.

  

Lamentablemente existen muchos testigos que confirman que Ledesma Romo –entre otras cosas- era parte del grupo de los juniors que se lanzaban a la parranda con Ramón Arellano y sus hermanos y sin atreverme a señalarlo ni a acusarlo de nada más, eso nos resulta muy preocupante. 

  

Y bueno, no faltará quienes digan ¿y Bernardo Padilla qué? ¿Él no se debe de ir? En su caso ya hay una investigación en curso que dirá finalmente si se queda o se va, y en cuanto a su temperamental carácter, pues eso se puede resolver con una adecuada asesoría en la que le hagan entender que él está ahí para resolverle los problemas al alcalde, para no dejar que éstos le estallen en las manos y no lo va a lograr si no se convierte en un factor de conciliación. ¡Ah! Y también para que le digan que no es “un día triste para Tijuana”, si lo suspenden.

 

 

Mientras tanto Arturo Ledesma ya sintió un apoyo público de parte del presidente de su partido (el Verde) y actual diputado local Fausto Gallardo, quien este día dijo a reporteros que no le darán ninguna reprimenda al mencionado ya que consideran que ha actuado conforme a derecho.

  

Otra cosa interesante -y para que vean por qué andan las cosas mal desde los propios partidos- Gallardo anunció que apenas se va a reunir con este funcionario municipal (el síndico) ya que dijo que serán los próximos días cuando se encuentre con Ledesma Romo para tratar lo relacionado a este tema. Ya prácticamente pasó una semana de que inició esta “tormenta” y se le tachó de terrible corrupción y de ser un extorsionador ¡Y apenas se van a reunir!

  

Gallardo podrá decir que está muy ocupado con sus labores legislativas y probablemente sea cierto, sin embargo esto confirma una vez más que los diputados y senadores nada tienen que estar haciendo en labores partidistas y mucho menos con cargos de autoridad, ya que no pueden atender bien ni una ni otra cosa.

  

Pero volviendo a sus declaraciones, Gallardo también espera que el alcalde presente denuncia penal, muy seguramente porque bien sabe que aunque se haga una investigación será difícil encontrar pruebas concretas que confirmen la extorsión, para finalmente dar el “mayor golpe” al alcalde exhibiéndolo como difamador.

  

El diputado advirtió que “toda acusación debe acompañarse por la denuncia”, por lo que invitó al munícipe para que haga la acusación formal

 

 

Y en Ensenada otro síndico pero éste Social, Félix Ojeda anunció que abrió investigación sobre la obra de construcción de la alberca semi-olímpica que se hizo en la Unidad Deportiva “Vida Digna”, cuya inversión superó los 11.7 millones de pesos ya que actualmente se encuentra en mal estado y en desuso. 

  

El representante popular comentó que el propósito de la construcción de esta obra fue acercar el deporte a la población, sin embargo al encontrarse sin actividad alguna se concluye que la inversión está mal aplicada y no cumplió con su objetivo. Por esto advirtió que no pueden seguir tolerando que se realicen inversiones millonarias y que por descuido de las autoridades éstas queden en el abandono.

   

Ojeda señaló que aún no puede establecer si las responsabilidades son de parte de la anterior o de la presente administración ni tampoco sobre los presuntos responsables sin embargo por esto dijo que se hará una revisión exhaustiva para también determinar si existió anomalía alguna por parte la constructora que ejecutó la obra para hacer valer la garantía correspondiente.

  

Y para evitar que esto vuelva ocurrir el Síndico Social hizo saber que se mantendrá vigilante sobre las inversiones en materia de infraestructura deportiva que se realicen para cuidar que no se conviertan en “elefantes blancos”.

 

PD.- Esta tarde, las 19 horas, en el Centro cultural Tijuana se hará la presentación del libro “Periodismo de Fondo” de la autoría de Arturo Geraldo González, para lo cual me han corrido invitación para comentar  este documento junto con la compañera Rocío Galván y el comentarista Pedro López Solís. Le agradezco a Geraldo la deferencia y por ahí nos vemos