AFN POLÍTICO
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 10 DE NOVIEMBRE DE 2026 (AFN).- El tema del predio adquirido por la alcaldesa de Rosarito, María del Rocío Adame Muñoz en Valle de Guadalupe, no es tema menor ni se resuelve tan solo con una declaración en el sentido de que "hubo un error al momento de hacer los trámites en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio".
No. Tanto la presidenta municipal como el notario número 42 asentado en Tijuana, Iván Villegas Hernández cayeron en un delito establecido por la ley antilavado de México que registró reformas el año pasado y que advierte que, personas políticamente expuestas, como sería Adame, no podrían hacer adquisiciones en efectivo o dudosas, como este fue el caso, en tanto que hace corresponsables a los notarios, de no reportar alguna operación que pudiese parecer sospechosa como aquí sucede, donde el valor establecido no corresponde al valor real de un predio, ubicado en una zona como es aquella, en la jurisdicción de Ensenada.
Hay que recordar que Adame Muñoz adquirió una extensión de 2,812 metros cuadrados en La Sierrita Fracción B-257, sin manzana, colonia Distrito de Colonización Abelardo L. Rodríguez y lo inscribió el 9 de julio del año pasado en el Registro Público.
El costo declarado fue de menos de $6000 pesos, cuando se ha dicho que un predio en ese sitio tiene actualmente un valor de aproximadamente $50 dólares por metro cuadrado, lo que le hubiera representado pagar poco más de 2.6 millones de pesos.
Esto, según las reformas a la ley antilavado lo debió detectar el notario y notificar a las autoridades, pero en lugar de eso procedió al registro del terreno, sin un mayor trámite.
Ayer, la alcaldesa de Rosarito dijo que había pagado $52,000 dólares por esa transacción y reiteró que se trató de un error en el momento del registro. Aseguró que el metro cuadrado tuvo un valor de $20 dólares, pero que por error se comieron un cero y la moneda americana se cambió por "Mexican pesos".
El tema que involucra al notario es que además de ese precio irrisorio y esos presuntos errores, tampoco detectó que había un segundo documento en el que se advertía que el precio pactado, valor fiscal o avalúo, era de más de 688,000 pesos.
Y en el momento en que las cifras no coinciden, ya es una operación sospechosa que además involucra a una "persona políticamente expuesta", a la que por obvias razones el notario conoce y seguramente, sabía que era la presidenta municipal de Rosarito, porque como ya dijimos: es compadre del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Eligio Valencia López y abundan las imágenes donde se le ve con políticos actualmente vigentes.
Según las reformas de las que hablamos, la simulación del valor de un inmueble constituye un fuerte indicio del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y puede configurar, además, defraudación fiscal; así que tanto el funcionario como el notario enfrentan responsabilidades legales graves, ante una situación de este tipo.
Por lo que se deduce de esa ley, si un alcalde adquiere o vende un inmueble declarando un precio sustancialmente menor al real, lo que es una subvaluación, se presumen por lo menos dos conductas delictivas. Y una de esas se especifica en el caso del comprador.
La ley establece que estaría intentando ocultar el destino de dinero en efectivo de procedencia ilícita, pagando la diferencia, por fuera, en efectivo para no dejar rastro bancario de su verdadera riqueza.
Y al ser una persona políticamente expuesta (PEP), las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de los bancos se activan de manera automática, ya que se asocia con un posible enriquecimiento ilícito o desvío de recursos públicos.
Por lo que se refiere a la responsabilidad del notario, aunque no es un policía fiscal ni un perito valuador de oficio, la ley mexicana ya no le permite alegar ignorancia y su responsabilidad se evalúa bajo estos escenarios.
Presunción de complicidad o dolo, si es que el notario sabe explícitamente que el valor real es muy superior y acepta registrar la operación alterando los montos. Se convierte en coautor o cómplice del delito de lavado de dinero.
También incurren en omisión o negligencia, ya que la ley obliga a los notarios a aplicar medidas de debida diligencia al cliente y ante un precio notoriamente ridículo o discrepante con los valores catastrales o comerciales obvios, está obligado por Ley a presentar una alerta por operación inusual ante la UIF.
Si el notario formaliza las escrituras sin reportar la discrepancia de una PEP, incurre en una violación administrativa grave, lo que le puede costar la pérdida de su patente notarial y multas millonarias, independientemente de la investigación penal.
El lavado de dinero en México se castiga por la vía penal con pena de 5 a 15 años de prisión y para el alcalde, por ser servidor público, la pena puede aumentar hasta en una mitad laboral.
Y en lo que se refiere a la vía fiscal, por la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) se incurre en defraudación fiscal.
ANA Y CONDA.- ¿Le siguen mandando mensajes a Burgueño?
PD.- ¿Cómo nos consideran en Tijuana que, hasta un "fuereño" como es Candelaria, quiere gobernarnos?
PD1.- Y Morena gustosa le entregó su certificado de registro. ¿Peleará en realidad esa posición o es una estrategia de Ebrard?
PD2.- Ahora me dicen que entre el 15 y el 20 de diciembre próximo, esperan los nombramientos de los coordinadores municipales de Morena.
PD3.- Héctor Osuna Jaime está incrementando su actividad en busca de ser el candidato del PAN a la gubernatura de Baja California.
PD4.- Hubiera manifestado -sin duda- mi reconocimiento a la presidenta, si en lugar de estar dando tantas "maromas" hubiera ordenado directamente actuar en contra de Guadalupe Taddei, sin importar sus ligas con Morena.
PD5.- Pero primero parecer pen... y creernos tontos, con tal de no aceptar una culpa.
