DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 15 DE JULIO DE 2021 (AFN). – El más grande absurdo de la consulta popular que se plantea para el próximo 1 de agosto, es sin lugar a duda, el preguntar a la población si está de acuerdo con que los expresidentes (que han traicionado al pueblo con diversas acciones que le han causado fuerte daño al país, y no solamente de forma patrimonial), sean juzgados como lo pretende hacer el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
Y es el más grande contrasentido, porque a riesgo de parecer repetitiva de los argumentos que otros ya han emitido en este sentido, no se puede consultar a la población sobre algo que es obligado: proceder legalmente contra todo aquel que cometa delitos tipificados por nuestras leyes.
Si bien es cierto que es difícil enjuiciar a los mandatarios nacionales por lo que la misma Constitución señala al respecto, lo procedente aquí, en todo caso, sería preguntar al pueblo si está de acuerdo en que se legisle al respecto, para que los expresidentes no queden lejos del “brazo” de la justicia.
Y eso, si se quieren gastar millones de pesos en una consulta, porque fácilmente podría el presidente Andrés Manuel López Obrador enviar una iniciativa al Congreso Federal para modificar lo que se tenga que cambiar, y que así, los presidentes que juran cumplir y hacer cumplir con la Constitución, so pena de que el pueblo se los demande, puedan ser castigados.
Y otro contrasentido, es lo que viene a discusión después de que el gobierno municipal emitió un comunicado, mediante el cual advierte que por “veda electoral” (que ni siquiera lo es) entra en mutis, para no caer en violaciones a lo que corresponde a esta consulta.
Mediante un comunicado se anunció por parte del gobierno de la ciudad que con motivo de la “veda electoral” (no entiendo por qué le ponen el calificativo de electoral si no se elige a nadie) se cancelarán a partir de hoy, y durante los próximos días, las entrevistas con los medios de comunicación, aprovechando la supuesta veda que definitivamente no incluye temas de las acciones de gobierno.
Aunque después se hizo una aclaración, en principio se dijo que no podrá realizarse ninguna entrevista referente a las acciones de gobierno, sin establecer a cuáles se refiere, y se advirtió que estaría vigente la medida hasta el próximo 1 de agosto en que se celebra la dichosa consulta.
Por lo que se indicó, solamente se tocarían temas de salud, educación, seguridad, cultura y protección civil, aunque en nada afecta que los gobernantes hablen de otros temas entendiéndose, en todo caso, que solamente estarían impedidos a comentar con respecto a lo que se busca saber en la Consulta, ya que eso podría influir en el resultado de esta.
La Consulta como se haría de manera oficial, tendría que adecuarse a lo que la Constitución establece y que es muy similar a lo que se ordena cuando se realiza en México -o en alguna de sus entidades- una elección constitucional.
Veamos, entonces, lo que al respecto dice el artículo 35 fracción VIII numeral 4, tercer párrafo, de la Constitución Federal.
"Durante el tiempo que comprende la consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, DEBERÁ SUSPENDERSE LA DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TODA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia."
Así es que, como ven, no dice nada de suspenderse las entrevistas, habla de propaganda, así es que, si fue un error, lo entendemos, pero -por favor- no aprovechen esto para tratar de evadir los temas sensibles.
ANA Y CONDA. – Por esta ocasión, le aplaudo a la síndico procuradora Meli Espinoza, que se hubiera defendido -a través de la autoridad electoral- de ataques que estaba recibiendo, porque eso sí que no era una “pieza periodística”.
PD. - Hay que saber diferenciar entre críticas periodísticas (por más duras que les parezcan) y los ataques que algunos hacen, argumentando la libre expresión.
PD1.- Sigue creciendo la discusión por la solicitud de “préstamo” que hizo el gobierno del Estado a los ayuntamientos, según les dimos a conocer con toda oportunidad en una de las ediciones de esta columna.
PD2.- Y es que los municipios, por más dinero que tengan, nunca terminarán de resolver los problemas de la ciudadanía, por lo que parece ilógico que hagan préstamos.
PD3.- En el mismo tema, tanto el secretario de Hacienda, como el auditor superior del Estado, Jesús García Castro, informaron que los convenios de colaboración entre el Estado y los ayuntamientos, son viables, y están dentro de lo que marca la ley hacendaria vigente en la Entidad.
