*. - Rechaza el PAN haber recibido dinero de la fundación de Ovando

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 17 DE MAYO DE 2021 (AFN). – Lo que nunca habíamos visto en Baja California, se hizo realidad en esta administración estatal, en la que varios exfuncionarios y conocidos políticos están en calidad de perseguidos, procesados, o hasta vinculados por delitos, presumiblemente cometidos durante su función en la administración pública.

La población, constantemente, exigió que aquellos que abusan del poder tras llegar a este, con el respaldo popular, fueran sentados en el “banquillo de los acusados”, de igual manera que aquel que roba en un establecimiento comercial, o un domicilio.

La administración de Jaime Bonilla Valdez ofreció actuar en ese sentido, desde la campaña en 2019, para ganar en aquellas elecciones y, casi de inmediato, se puso a integrar expedientes, a través de la Fiscalía General del Estado.

Para unos, no es más que “revancha política” y supuestos deseos del mandatario por acabar con los opositores, sin embargo, para él y su administración, es el cumplimiento de lo ofrecido, según han dicho, porque las denuncias están ahí, y las averiguaciones se realizaron “con los elementos para sostener las acusaciones”, aseguran.

La población -mientras tanto- entre incrédula y sorprendida observa lo que está ocurriendo en este sentido, y algunos aplauden y exigen que se vaya “más allá”, con el encarcelamiento del ex gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid, como mínimo -dicen- en tanto que otros no están de acuerdo en que se proceda contra la clase política de Baja California.

Al margen de todo esto, y mientras la población -de un lado y otro- observa y califican los acontecimientos, el hecho es que estamos viendo cómo conocidos personajes de nuestra política, ya han quedado envueltos en investigaciones judiciales.

En primer término, se tienen averiguaciones en contra del propio exgobernador de la entidad Francisco Vega de Lamadrid, en las que no se sabe a ciencia cierta, en calidad de qué, se encuentra en estos momentos, porque, no obstante, se dice que ha sido citado a comparecer, no se ha hablado de una orden de aprehensión, y ahí es donde más insisten algunos del porqué no se ha actuado.

También, aunque no fue funcionaria de la administración estatal, la Fiscalía procedió legalmente en contra de su esposa, la ex primera dama de la entidad, Brenda Ruacho de Vega, a la que acusó de haber desviado más de 6 millones de pesos, obtenidos para la construcción de las Villas, para alojamiento de los niños con cáncer, que se estarían tratando en el hospital del CRIT, y sus familias.

De hecho, también se dijo que no quería entregar ese edificio, y aunque la ex primera dama se defendió a través de terceros, afirmando que no era cierto lo que se decía en torno a esto y, que no había desviado recurso público, el resultado fue que terminó sentándose con los funcionarios de la Fiscalía, para firmar un documento mediante el que se comprometía a reintegrar, tanto el dinero, como el edificio demandado.

En otro caso, la autoridad estatal procedió en contra del exalcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien fue vinculado por los delitos de peculado -y otros- junto con Edgardo Torres, quien fuera director administrativo durante esta administración municipal.

Y previamente, se le acusó junto al exalcalde suplente, el doctor Eduardo Terreros, por el delito de “usurpación de funciones”, por haber firmado (Gastélum Buenrostro), permisos para transporte público cuando estaba impedido para eso, ya que se encontraba en campaña, por su elección continua.

Por lo que se refiere al proceso por peculado, se le acusó del desvío de 4.3 millones de pesos y, por lo tanto, se le estableció el pago de una fianza, ya que no se le aplicaron medidas cautelares.

Y aunque en los casos que involucran al expresidente municipal quedaron integrados ex funcionarios de menor rango, no se actuó en contra de otros de sus colaboradores, pese a existir denuncias concretas de la autoridad municipal.

Quienes también quedaron vinculados -ya- por delitos presumiblemente cometidos, fueron otros panistas, en su momento considerados como “todopoderosos” e “intocables”.

José Luis Ovando Patrón, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, durante el sexenio de Vega, y la actual diputada local, Loreto Quintero Quintero, quedaron ayer, formalmente vinculados, por los delitos: en materia electoral, además de abuso de autoridad, y coalición de servidores públicos, según dio a conocer -la noche del domingo- la Fiscalía General del Estado.

Loreto Quintero, mujer muy cercana a Francisco Vega de Lamadrid, desde sus tiempos de alcalde de la ciudad, e inclusive desde antes, en sus negocios particulares, se convirtió -por ende- en la mujer más “poderosa” dentro de Acción Nacional, a la llegada de Kiko Vega a la gubernatura, pero no solamente eso, sino que también en la administración estatal.

En el gobierno de Baja California no se movía un “clip” si ella no lo ordenaba o autorizaba, y no entraba ni salía nadie de la posición gubernamental que ostentaba, si Loreto no “subía” o “bajaba” su pulgar, como señal de la sentencia emitida.

Había quienes entonces afirmaban que, preferían “pasar de lado” y apenas saludar, sin siquiera voltear a verla, para no meterse en problemas, pero también era como la madrina de las películas de la “mafia”, ya que todo aquel que quería tener la oportunidad de participar en alguna de las contiendas electorales -que se tuvieron durante ese sexenio- debían primero mostrarle sus respetos, y esperar su veredicto y bendición.

Loreto Quintero Quintero, según se dijo, aprobó el acuerdo mediante el cual el presidente del Partido de Acción Nacional pudo hacer el descuento del 2% a militantes y simpatizantes de su partido, para dirigirlos a la fundación creada por ellos, ya que por ley no se les podía seguir haciendo descuentos de sus nóminas para destinarlos a partidos políticos.

Simplemente le dieron la vuelta a la legislación para poder seguir teniendo recursos -explicaban- para todos los gastos que el partido requería, pero muchos panistas consultados, tras que el caso explotó, afirmaron que “nunca supieron” del destino de esos dineros; que no se dieron reportes en las asambleas del partido, y hubo quienes -de plano- se olvidaron del recurso que les descontaban, en la convicción de que inevitablemente tenían que entregar ese dinero.

Cuando se hizo la denuncia formal por parte del gobierno estatal, los mismos panistas no podían creer que los otrora poderosos tuvieran que responder ante la ley, y confirmaban el hecho de los descuentos que, por años se les estuvieron haciendo.

Tanto Loreto Quintero como Ovando Patrón han reclamado por las acusaciones, señalando que el gobierno Estatal no puede intervenir en un tema particular, en el que los donantes aceptaron “de buen grado” entregar parte de sus salarios para los fines de esa asociación civil que, por cierto, nunca conocieron.

Nunca les explicaron, dijeron, ni mucho menos les entregaron un informe de los beneficios proporcionados, a través de este organismo privado

En el caso de los mencionados, en el que también quedaron involucrados otros funcionarios de menor nivel, dentro del gobierno anterior panista, el juez estableció un plazo de 6 meses para el cierre de la carpeta de investigación, y mientras tanto les ordenó firmar -en forma catorcenal- además de pagar $100,000 pesos como garantía económica, para solventar la conducta procesal, como parte de las medidas cautelares dictadas.

Y, por otra parte, aunque no ha sido panista, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez también entró dentro de los personajes acusados, y perseguidos por la autoridad Estatal, al grado que tuvo que desaparecer de la vista pública, por lo que se le considera “prófugo de la justicia”, y por eso quedó impedido de participar en estos comicios estatales.

Leyzaola Pérez -y sus seguidores- argumentan que esta es una “persecución política” y que se actúa en contra de él para “sacarlo del camino y no permitirle ser candidato a la alcaldía de Tijuana” (como ha sido su sueño), en tanto que el propio gobernador negó eso, afirmando que este es un caso que ni siquiera integró su administración, sino que lo hizo el gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid, para luego afirmar que esto no es una persecución política, sino que se trata de justicia.

*. - Rechaza el PAN haber recibido dinero de la fundación de Ovando

Y como era lógico, la “papa caliente” le cayó en las manos al presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez, quien hoy celebró conferencia de prensa en Mexicali.

Los reporteros le preguntaron sobre el tema obvio, que es el de la vinculación que la fiscalía Estatal hizo de su antecesor, José Luis Ovando Patrón, así como de Loreto Quintero, y el panista señaló que el partido que encabeza “es ajeno a este problema”, y que deberán de ser los mencionados “los que atiendan este tema”.

Aseguró que a las arcas del PAN no ingresó “ningún peso partido por la mitad” de los que señalan a los mencionados, por lo cual -insistió- en que no es un tema del blanquiazul, sino de Ovando, de Loreto, y de los otros exfuncionarios señalados, que deberán responderlo a través de la asociación civil que está siendo señalada.

“Kiki” Méndez reiteró que Acción Nacional es completamente ajeno a esas acusaciones que la autoridad estatal hizo, por la presumible desviación de recursos hacia una fundación denominada “Centro de Estudios y Análisis Humanistas” que, según esto, se creó para recibir los recursos obtenidos, con descuentos a militantes y simpatizantes del partido, que trabajaban en las administraciones Estatal y municipales, así como del Congreso.

De hecho, Enrique Méndez aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) auditó al PAN en diversas ocasiones, además de que ellos presentaron informes completos -por escrito- de los recursos que manejan.

Al respecto -dijo Méndez Juárez- el INE no les hizo ninguna observación sobre anomalías en las cuentas públicas, por lo que de hecho se deslindaron de cualquier relación con los manejos que pudieron darse.

Durante el último año, el PAN ha tenido que enfrentar señalamientos del gobierno de la entidad por la exposición que ha hecho de algunos de sus exfuncionarios, empezando por el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, al que han señalado de supuestos desvíos millonarios, por lo que se han presentado denuncias penales.

También, como ya dijimos, actuó en contra de exfuncionarios municipales de la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro -ex alcalde de Tijuana- que llevó al PAN en la elección 2019, a una vergonzosa posición, ya que fueron rebasados por Morena, e inclusive, por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Con el PRI, con el que ahora se alió, debió enfrentar la vergüenza de quedar al fondo en la contienda pasada, cuando los ciudadanos les retiraron la confianza a través de su voto en contra. Ahora, esperan remontar eso.

ANA Y CONDA. – "Mi tóxico", como que lo dijo con mucho cariño.

PD. - Rápidamente, de tal forma que sorprendió, el ayuntamiento de Tijuana que dirige Karla Patricia Ruiz MacFarland respondió a la denuncia pública que hizo un ciudadano, en virtud de que Grúas Martínez, que tiene una concesión del gobierno municipal, había invadido un predio en la colonia Las Torres del Matamoros, el cual llenó de vehículos, sin importarle las quejas y súplicas del dueño.

PD1.- Este lunes, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, se informó a la Agencia Fronteriza de Noticias que, el personal del ayuntamiento acudió a ese predio para supervisar el hecho y, en la inspección realizada encontraron que efectivamente, ocupaba un espacio no concesionado, por lo que se les ordenó el retiro de los automóviles que ahí acumulaban. Le otorgó 30 días para cumplir con lo ordenado, de lo contrario podrían hasta perder la concesión.

PD2.- Interesante que también el Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a la denuncia que se hizo sobre el funcionario de ese Instituto que actuó de manera prepotente, al buscar aplicarse la vacuna contra covid-19 en la jornada que se realizó el fin de semana, en la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.

PD3.- El hombre, acompañado de una mujer, llegó, y sin importarle los señalamientos de los guardias de seguridad del lugar, bloqueó la salida de los vehículos de carga del centro comercial que ahí se ubica, y luego, entró como “Juan por su casa”, en las instalaciones educativas, para ponerse la vacuna.

PD4.- Sin embargo, hay quienes dicen que todo se paga en esta vida (ni tanto), ya que, al parecer, no pudo aplicarse el antígeno, ya que le hicieron salir a mover su vehículo. Y al hacerlo se encontró que ahí lo esperaban elementos de tránsito municipal, que le “obsequiaron” una multa por 3,000 pesos.

PD5.- Y ahora ¿no hay nada del PES? Ya nos estábamos acostumbrando.

PD6.- Ya para acabar con comentarios maliciosos, hoy salieron abrazadas y sonriendo, las candidatas de Morena al gobierno de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y Montserrat Caballero Ramírez, candidata a la presidencia municipal de Tijuana.

PD7.- Inclusive, informaron en el evento -en el que ambas participaron- que la estructura electoral de Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y la Función Pública, les apoyaba.

PD8.- Seguramente, porque se corrieron versiones de que su grupo se estaba yendo con Jorge Hank. 

PD9.- Una verdadera tragedia la que se registró el domingo último aquí en Tijuana, cuando una joven mujer -según se dice- conduciendo ebria, provocó un dantesco accidente que derivó en la tragedia de una familia, ya que tres menores de edad resultaron con quemaduras de diversos grados, y sus padres fallecieron; él calcinado, y ella, poco después en un hospital, como consecuencia de las graves quemaduras.

PD10.- Alguien corrió la versión en el sentido de que la responsable de este criminal accidente fue liberada por las autoridades, lo cual es una mentira, porque según dio a conocer la Fiscalía Estatal, la mujer sigue detenida mientras se determina su situación legal.

PD11.- Algo también muy grave, fue el hecho de que numerosos ciudadanos quisieron tomar la justicia en sus manos y, difundieron en forma masiva, imágenes de la joven que, seguramente, ya está empezando a pagar su terrible irresponsabilidad, llamándola asesina.

PD12.- Y, efectivamente se le podría agregar ese calificativo por conducir bajo los influjos del alcohol, pero con esa difusión indiscriminada que se está haciendo, se puede provocar otro hecho criminal, ya que personas lastimadas por este terrible accidente -que a todos nos conmueve- podrían llegar hasta a lincharla.

PD13.- No sabemos si la joven acostumbraba a beber, o por no hacerlo perdió el control de sus acciones, pero lo que sí podemos considerar como una fuerte posibilidad, es que la conciencia no la dejará tranquila por lo que resta de su vida.

PD14.- Entiendo la indignación generalizada y, comparto el enojo por lo sucedido, pero siempre debemos dejar la justicia en manos de quien corresponde.