*. - Si no demuestran la propiedad de manera satisfactoria
*. - Las reacciones por la decisión del gobierno sobre el Campestre
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 13 DE ABRIL DE 2021 (AFN). – Finalmente lo hizo, y con esto "incendió" a una gran parte de Tijuana: la de las clases alta, y media alta que observaron con horror, que el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez cumplió lo que parecían amenazas, en el sentido de iniciar el proceso de expropiación de los terrenos del Club Social y Deportivo Campestre.
Y más se habrán de horrorizar cuando se enteren que, a una pregunta de AFN, en el sentido de lo que sigue en estos momentos, el secretario general del gobierno, Amador Rodríguez Lozano, señaló que se ha extendido un período de 15 días para que los integrantes del Consejo del Club Social y Deportivo señalado demuestren a satisfacción la propiedad de estas instalaciones -y de las casi 60 hectáreas- que poseen, ya que de lo contrario habrán de publicar, ahora sí, el decreto de expropiación del inmueble.
Hay que aclarar que la de hoy, no se trata de la expropiación en sí misma, ni que tampoco la autoridad podrá llegar con la fuerza pública a desalojar de esas instalaciones a los socios del importante complejo recreativo, sino que, como lo han dicho algunos especialistas en la materia, esto viene a ser el inicio del proceso expropiatorio, por lo que, tampoco indica que ya se haya consumado ese acto, aunque, sin duda -se dijo- esa es la intención.
Pero, Rodríguez Lozano aclaró lo que sí sigue: si se emite el decreto expropiatorio, entonces sí tendrían que abandonar esas instalaciones, aunque sabe que vienen recursos legales que presentarán los afectados.
De hecho, recordarán que el gobierno estatal insiste en negar la propiedad de los socios de ese club, diciendo que son usufructuarios de unos valiosos terrenos "que se robaron", en tanto que estos, ya están en “pie de guerra”, y responden que “no se robaron nada”, por lo que planean proceder ante las instancias correspondientes, para evitar que la intención del gobierno Estatal llegue a concretarse.
En principio debo decir que en lo particular no estoy de acuerdo con esta intención expropiatoria porque me parece un acto que va en contra de la propiedad privada, porque al final de cuentas y después de tantos años de posesión pacífica, si fuera el caso de que no son dueños y se lo apropiaron, la ley ya les reconocería derechos sobre esas instalaciones. Tendrían que convencerme que eso no es así.
Y así se lo he comentado al propio gobernador en charlas que al respecto hemos tenido, aunque él ha insistido -convencido- en que esos son unos terrenos valiosos que corresponden a la ciudad, y que un grupo de privilegiados se “apropió”, por lo que debe regresar a su origen, dijo, para usufructo de las mayorías.
Pero como aquí no importa lo que yo diga ni opine al respecto, vamos a lo sucedido este día, en que nos despertamos con la “bomba política” que fue lanzada desde el seno del gobierno estatal, y que “retumbó” en el mero centro de las clases medias y altas, con una magnitud de 8 grados centígrados.
El gobierno Estatal -como lo estuvo anunciando Jaime Bonilla- publicó una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, para dar a conocer la declaratoria “de utilidad pública del predio” donde se ubica el Club campestre de Tijuana, con lo que inicia -según se dijo- el proceso de expropiación, de manera formal.
En el lugar -estableció la publicación- se pretende llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto denominado “Complejo Interactivo Campestre”, y este -según datos del Gobierno del Estado- es el único que tiene “la ubicación, infraestructura, dimensiones, y tradición, idóneos para llevar a cabo el proyecto estatal, en tanto que, los afectados reclaman que eso se logró, gracias a ellos y a inversión privada.
Según esto, con el mencionado proyecto estarían beneficiando a 1 millón 200 mil tijuanenses de las colonias circunvecinas, en un radio de 12 kilómetros a la redonda; y por lo que se dice, tiene como propósito favorecer los derechos humanos de los tijuanenses, en específico: los de la salud, el derecho al medio ambiente sano; acceso a las prácticas deportivas, y acceso a la cultura.
El gobierno de la entidad sigue insistiendo en que no hay propietarios de esos predios y advierte que los descendientes de la familia Argüello, siempre aceptaron que los terrenos del Club Campestre pertenecieron al general Abelardo L. Rodríguez (gobernador general del Territorio de la Baja California), quien celebró un contrato con el licenciado Alfonso García González (último gobernador de ese territorio), en el que convinieron que el campo de golf sería copropiedad de los dos.
Advierten que en 1964, ambos decidieron otorgar en usufructo los terrenos actuales del Campestre, a un grupo de empresarios tijuanenses, solamente para su uso y disfrute, pero que en 1969, aprovechando el deceso de Rodríguez y García González, los empresarios se apropiaron del campo de golf “a partir de una serie de irregularidades avaladas por el gobernador Raúl Sánchez Díaz, mediante un ilegal juicio de prescripción a través del que han sacado provecho del inmueble, incluso realizando la venta de lotes, que por cierto no pagaron impuestos, afirma el gobierno estatal. Por lo tanto, indican, “el campo del golf nunca ha sido del Campestre”.
Las reacciones, como consecuencia de esto, no se hicieron esperar y, se puede decir que desde el sector privado “salieron chispas”, tras el asombro inicial, en tanto que la oposición -como debía- se apuró a aprovecharlo, inclusive, hubo también un video generado por el candidato de la alianza Va X Baja California, Jorge Ramos Hernández, que bien podría encuadrarse en actos anticipados de campaña, ya que la de munícipes, y diputados inicia el 19 de este mes.
Integrantes del sector privado estuvieron intercambiando mensajes de enojo unos y otros con propuestas sobre lo que se tiene que hacer para enfrentar esta decisión del gobierno de la entidad. No faltó quien sugiriera -a través de los grupos de chat- que por ser este un problema del Campestre “se le deje a este organismo actuar en consecuencia”, pero hubo otros que establecieron que lo sucedido no era para quedarse callados, en virtud de que esto se considera “un ataque a la propiedad privada” -dijeron- y no, como se supone por algunos, un acto en contra de “fifís”, a quienes -advirtieron- están tratando de enfrentar con el pueblo.
Hubo también quienes consideraron que, Jaime Bonilla está haciendo esto, como una maniobra de apoyo a sus candidatos -para estas elecciones de junio 2021- debido a que dijeron “trata de ganarse el voto popular, que en muchas de las ocasiones no ve bien a las personas con dinero”.
También los hubo que señalaron, que esto -por el contrario- afecta a los candidatos de Morena, porque afirmaron -con contundencia- que ante dicha acción, perdieron el voto de una importante parte de la población, particularmente de las clases media alta y alta, e incluso asociaciones de vecinos que han manifestado temor por sus posesiones.
Otros decidieron revisar el documento completo para determinar las acciones a seguir, y algunos más, señalaron que había varias inconsistencias y que, por lo tanto, no pasaría esta acción.
Y, pareciera que ajeno a todo lo que sucede a su alrededor, el gobierno de la entidad ya tiene un diseño de cómo luciría, lo que han dado en llamar el Parque Público del Campestre (por lo menos le dejan el nombre) que beneficiaría, apuntaron, a más de 1 millón 200 mil habitantes de colonias situadas en, por lo menos 12 kilómetros a la redonda.
Además, por lo visto, el gobierno de Baja California le está apostando al hecho de que los integrantes del Club Campestre -alrededor de 800 socios- no podrán demostrar la propiedad, ya que afirman que, una revisión profunda que hicieron del caso, arroja que los dueños -en todo caso- serían las sucesiones de los exgobernadores Abelardo L. Rodríguez y Alfonso García González, y establecieron en uno de sus documentos que, esos terrenos es un momento fueron parte de la propiedad de Santiago Argüello -dueño de prácticamente todo el territorio de Tijuana- el cual habría vendido esa parte a L. Rodríguez y García González.
También señalaron haber encontrado que, ambos dueños legítimos de esos predios, les otorgaron a hombres adinerados de Tijuana una concesión -se diría- para operar ese lugar, donde estaba el campo de golf, en tanto que los integrantes del Consejo del Campestre -en su página de Internet- refieren como parte de su historia, que Abelardo L Rodríguez se los obsequió como reconocimiento por haber salvado a Tijuana de las exigencias de la ICSA ( Inmuebles Californianos, S.A.), que pretendió en algún momento que le fuesen entregados estos terrenos, donde ahora se asienta Tijuana, a quienes señalaban como los legítimos propietarios.
Sin embargo, en la versión proporcionada por el gobierno estatal, se indica que, tras la muerte de los dos exgobernadores, quienes entonces operaban el Campestre, decidieron dejarse la propiedad, y así esto fue pasando -en herencia- de abuelos a padres, y de padres a hijos.
Hay quienes anticipan que, esta acción del gobierno Estatal recibirá un fuerte revés por parte de los Tribunales, que coincidirán con ellos en que, un acto de esta naturaleza no procede.
*. - Las reacciones por la decisión del gobierno sobre el Campestre
La candidata de Morena a la gubernatura del Estado no pudo sustraerse del tema, ya que precisamente este día, cuando presentaba su programa de Seguridad en Tijuana, “reventó” el escándalo sobre la inminente expropiación del Club Social y Deportivo Campestre.
Marina del Pilar fue muy cauta para hablar al respecto, y señaló que en el tema deben apegarse al Estado de Derecho, y, sobre todo, escuchar la versión de ambas partes.
Con respecto a la decisión del gobernador Jaime Bonilla en este tema, refirió que el Ejecutivo Estatal hace uso de sus facultades constitucionales al emitir ese decreto de utilidad pública, sin embargo, insistió en que debe escucharse también a la parte afectada y, sobre todo, tomarse una decisión, respetando el Estado de Derecho, como en cualquier otro asunto legal.
Quien no fue nada político al responder sobre el tema, fue el candidato a gobernador -por el PES- Jorge Hank Rhon quien, ante integrantes de la CANACINTRA, que lo invitaron a platicar, dijo que el gobernante, no solamente “estaba loco” sino que tres veces repitió que: “loquito, loquito, loquito”.
También dijo estar al tanto de su “leyenda negra” que le acompaña -desde hace muchos años aquí en Tijuana- y antes de que se lo preguntaran les refirió que, efectivamente no tenía visa para cruzar a Estados Unidos.
Ante reporteros que luego lo cuestionaron, dijo que tiene unas cuatro, cinco o seis acciones, y estimó que no es válido que se llegue a la expropiación de ese Club, y muy seguramente, estaría pensando que “ojalá” no volteen a ver, también, el Hipódromo, del cual el gobernador ha insistido en que también, está asentado en tierras nacionales.
Carlos Atilano, el candidato a gobernador por el partido Baja California, también habló con respecto a ese tema, y consideró que se trata de una acción arbitraria e insensible del gobierno, contra el Campestre.
Por su parte, los presidentes del PAN: Enrique Méndez Juárez, del PRI, Carlos Jiménez Ruiz, y del PRD, Omar Sarabia, lo consideran un acto de frivolidad, y llamaron al gobernador para que trabaje por los temas que señalan que son, verdaderamente sensibles e importantes para la comunidad.
Francisco Alcibíades García Lizardi, el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura, dijo por su parte que es “un atentado a la propiedad privada, y refirió que con este decreto el gobernante pone en evidencia su desconocimiento de la ley en la materia del régimen de la propiedad privada y muestra claramente que conduce su gobierno a través del odio y la venganza, de quienes califica como sus enemigos.
Y a la polémica se sumaron otros, como la secretaria de Economía del país, Tatiana Clouthier, quien estableció que “por unos pagos omitidos” no se puede proceder a la expropiación de unos terrenos que son de propiedad colectiva.
Hasta Gerardo Novelo, el senador suplente del gobernador Jaime Bonilla, se manifestó en contra de la expropiación del Club Campestre.
ANA Y CONDA. – Todo el día les “zumbaron” los oídos -dicen- a Mario Escobedo y al Fiscal Guillermo Ruiz Hernández.
PD. - Y es que son socios del Club Social y Deportivo Campestre, por lo que, dentro de diferentes chats, estuvieron exigiendo que se pronunciaran.
PD1.- Dicen que también son socios, el exgobernador de Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera, y otros funcionarios estatales, así como Héctor Mares Cossío, candidato por el distrito 05 de Tijuana.
PD2.- El mismo ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, reconoció que tiene unas cuantas acciones en ese deportivo.
PD3.- En el Campestre sólo dicen: calladitos nos vemos muy bonitos
PD4.- Quien sí estableció su postura desde temprano, a través de los grupos en los que participa, fue Carlos Mora Álvarez, quien señaló que al margen de la actividad gubernamental que desarrolla, él apoya a su Club, del cual es socio como lo fueron su padre y su abuelo.
PD5.- Ayer publicamos esta fotografía, donde se ve la regidora de Morena en el Cabildo de Tijuana, Yolanda García, posando con el candidato del PES, Jorge Hank Rhon, lo cual afirman que ya se presumía por las críticas que venía enderezando en contra del gobernador Jaime Bonilla
PD6.- En esa fotografía también se ve el apoyo que le están dando al ex alcalde de Tijuana, Tere García, la hermana de Yolanda, y que, recientemente fue separada de la delegación de Sánchez Taboada, así como Juan Carlos Pelayo exdirector del IMDE,
PD7.- El fiscal electoral en Baja California, Carlos Barbosa Castillo presentará este próximo 14 de abril, la Guía para la Detección de Delitos Electorales en el proceso electoral 2020-2021, que además se podrá descargar de manera digital o en archivo PDF.
PF8.- Este es un gran avance que se tiene en la materia, sobre todo, considerando que hay quienes se pasan un poquito de listos y, cometen actos anticipados de campaña, en espera de que no se los vayan a detectar
PD9.- El diputado Gerardo López, un gran convencido de Julián Leyzaola, ahora se deslindó de él a través de un video, en el que dijo que, con mucho dolor, pero se tenía que separar de don Julián Leyzaola.
PD10.- López, de hecho, comentó que una de las causas de su salida, es porque no estuvo de acuerdo en la selección que se hizo del candidato a diputado por el distrito que a él le correspondió, cuando llegó al Congreso estatal.
PD11.- Lo que pasa -dijeron algunos- es que Gera López, por no apoyar al PRD -por el que llegó inicialmente- se inclinó por el teniente coronel, y por lo tanto ya no le dieron la reelección.
PD12.- En virtud de eso, dicen que buscó ser candidato por el Partido Encuentro Solidario en esta próxima elección, sin embargo, no sabemos si esa es la razón, pero él no se separó de su cargo -como diputado- según lo establece la Ley, en caso de ir por una posición diferente, o por otro partido.
PD13.- Por cierto, se confirma que Blanca Fabela se registró como candidata a diputada por el PES, sin llevar su carta de residencia, la cual tramitó y -obtuvo- apenas hasta ayer, sin embargo, quienes saben de las cuestiones electorales - recuerdan que después de revisar la documentación- la autoridad electoral les da un plazo para que presenten los documentos que les hicieron falta.
