Fotos AFN/EFE

*.- El oscuro periodo de la violencia en Tijuana

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 12 SEPTIEMBRE DE 2020 (AFN).- Los trágicos conflictos vividos en la penitenciaría de La Mesa -los días 14 y 17 de septiembre de  2008- fueron revividos este día por el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez, en un nuevo embate en contra del ex gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, quien ayer, después de duros señalamientos, decidió dar “un paso atrás” y anunciar que no buscaría ninguna candidatura en las elecciones de 2021 en Baja California.

Los señalamientos en contra del expresidente municipal de la ciudad, que iniciaron con acusaciones sobre corrupción, y señalamientos generalizados sobre enriquecimiento inexplicable (después de haber sido director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana) alcanzó niveles insospechados, y acusaciones tan graves como aquellas de que el economista y ex diputado federal habría “protegido” al narcotráfico en Baja California, y por lo tanto, sería “responsable” en gran medida de aquella etapa oscura que vivimos en la entidad, como consecuencia del más terrible enfrentamiento y “ajuste de cuentas” que se dio entre narcotraficantes y sus principales sicarios, que además, para hacerse de recursos que les eran indispensables para continuar con su “guerra”, se dedicaron a secuestrar a todo tipo de ciudadanos y profesionistas, y a “cobrar piso”, en un episodio muy largo, que costó vidas, terror, y sangre a Baja California.

El gobernador de la entidad, apoyado en un audio grabado por alguien que dijo ser “ex yerno” del entonces gobernante panista, afirmó que Osuna Millán daba protección a los integrantes del crimen organizado, e hizo que se escuchara -en dos ocasiones- ese audio que hablaba de presumibles reuniones de Osuna Millán y su gente, en un salón del Hotel Pueblo Amigo con “personajes” tristemente célebres, como: Teodoro García Simental alias “El Teo”; Raydel López Uriarte “El Muletas” y “La Barbie”, Édgar Valdez Villarreal.

Pero, con la decisión de Osuna Millán de retirarse de la contienda, el enfrentamiento no quedó zanjado, y este día, durante su reporte “mañanero” el gobernador fue más allá al acusar a Osuna -y a su gobierno- de esa terrible matanza ocurrida en “La Peni”, la cual, después de todo el escándalo que produjo el episodio, logró quedar superada, y prácticamente en el olvido, no obstante que nunca se aclaró de manera debida qué fue lo que realmente sucedió, ni tampoco, qué tantas personas murieron, ni en qué forma, no obstante que, en aquel entonces, se dijo que fueron unos cuantos que se enfrentaron a las autoridades, en tanto que de manera extraoficial se hablaba de una cantidad escandalosa de muertos, en algo que parecía ser todo una fantasía.

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Definitivamente recuerdo aquellos días de esos motines, que junto con mi equipo me correspondió cubrir, y buscar información con la celeridad que los lectores demandaban, aunque las autoridades estatales y municipales se habían cerrado casi en su totalidad, y solamente recibíamos informaciones y datos a “cuentagotas”.

Pese a eso, sí recuerdo que antes de que se hiciera oficial, alguna fuente gubernamental nos anticipó que, había personas muertas tras los tiroteos que se escuchaban hasta nuestras oficinas, situadas a unas cuantas cuadras de la penitenciaría de La Mesa, y como si fuera ayer, recuerdo también que, ante la pregunta que al respecto se le hizo a un lívido y demudado secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya -a petición nuestra, por parte de uno de nuestros reporteros- habría respondido que no había ningún muerto, información que luego le “golpeó” la cara, cuando tuvo que dar marcha atrás, y aceptar que sí había víctimas fatales.

Tras esa información ya no hubo más, o hubo muy poca, aunque finalmente se lograron controlar los motines, y después, lo que prevaleció fue la información extraoficial.

Entonces se hablaba de “centenares de muertos” que supuestamente habrían sido sacados por la “puerta de servicio” de la penitenciaría, y cuyos cadáveres habrían “desaparecido” lo que, sonaba igual de fantasioso, porque siempre nos preguntamos el por qué no se vieron esos cadáveres saturando las instalaciones del Servicio Médico Forense, o porqué nunca escuchamos a familiares quejarse de su desaparición, aunque algunos que decían serlo (familiares), lo manifestaban ante la prensa.

Ahora, al responsabilizar al gobernador Osuna Millán de esos trágicos hechos, Bonilla Valdez dijo que a los reos les dispararon “desde el aire”, otro rumor que también se escuchó en ese entonces; y que los muertos “fueron más de 200”, señalando que los cuerpos fueron desaparecidos, allá por la Laguna Salada.

En definitiva, son señalamientos muy graves que inclusive, algunos se preguntan por qué no presentarlos ante las autoridades procuradoras de justicia, en tanto, que otros demandan pruebas contundentes que confirmen la veracidad de lo dicho.

Y creo que -definitivamente- esto debe demostrarse de manera contundente, pero si esto se trata de delitos que en su momento prescribieron, o que no alcanzan a un gobernador, que por su fuero de entonces no podía ser juzgado, si tendría que buscarse alguna figura legal, para hacer algo así como un “Juicio de la Verdad”, porque todos merecemos una explicación clara y precisa de qué pasó durante todos esos años en nuestra entidad, porque los daños, de alguna manera nos alcanzaron a todos.

*.- El oscuro periodo de la violencia en Tijuana

En una recopilación de los hechos más impactantes de esa época oscura de Baja California, realizada por uno de nuestros Editores en la Agencia Fronteriza de Noticias, tenemos lo siguiente, interesantemente narrado por su autor:

“Habían corrido apenas poco más de dos meses del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán (noviembre de 2007 a octubre de 2013), cuando Baja California se convirtió en noticia internacional, con imágenes de niños evacuados por policías fuertemente armados, de un kínder ubicado a unos metros de una casa donde se habían parapetado “gatilleros” del crimen organizado que se enfrentaban a balazos con las fuerzas policiales.

Era el mediodía del jueves 17 de enero de 2008, en la zona de La Mesa, en la casa conocida como "La Cúpula", en donde se resguardaron al menos tres integrantes del crimen organizado que se enfrentaron, por horas, a elementos de prácticamente todas las corporaciones.

Cuando eso transcurría, las frecuencias policíacas fueron intervenidas por delincuentes que transmitían narcocorridos, intercalados con amenazas a los jefes policíacos, mientras las fuerzas federales se enfrentaban, desde unidades apostadas cerca de la también llamada "casa de piedra".

El saldo fue de nueve muertos de los cuales, sólo tres fueron quienes mantuvieron a raya a los agentes policíacos, disparando hasta acabar sus provisiones, mientras que los otros seis, se dijo entonces, eran personas que permanecían privadas de la libertad y habrían sido asesinados por los sicarios al verse rodeados y sin posibilidad de escape; los seis cuerpos encontrados en una pequeña habitación de esa casa estaban maniatados, y tenían el “tiro de gracia”.

El gobierno del entonces gobernador Osuna Millán, fue parco en sus declaraciones y dejó toda la información del caso en manos de autoridades federales. El presidente era Felipe Calderón, y al frente de la seguridad pública del país estaba Genaro García Luna, actualmente bajo proceso en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En Baja California, el titular de la seguridad pública era Daniel de la Rosa Anaya quien había desarrollado toda su carrera profesional en la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General, cuya titularidad a su vez, recaía en Rommel Moreno Manjarrez.

Apenas tres meses después de ese hecho, el 23 de abril de 2008, el entonces comandante de la Segunda Región Militar, General Sergio Aponte Polito, en una carta pública dio respuesta a la petición de Moreno Manjarrez, en el sentido de que proporcionara hechos concretos a sus recurrentes denuncias de corrupción en los cuerpos policíacos de la entidad.

En esa carta, que cimbró la estructura de gobierno, muy dada a "guardar las formas" y dejar los enfrentamientos entre funcionarios -que sí los había- muy en lo privado, el divisionario señaló que con base a la declaración de un detenido por un hecho criminal, se estableció que quien entonces era el jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría Contra el Crimen Organizado de la PGJE, junto con varios de sus subordinados, eran, paradójicamente, “cabecillas” de una banda dedicada al secuestro.

Incluso, al abundar en su información, y claridoso como lo era, Aponte Polito cuestionó que el principal asesor del Procurador de Justicia, y exjefe del grupo antisecuestros, estaba también coludido en la comisión de ese delito.

El gobierno de Osuna Millán no cesó a los funcionarios ni agentes policíacos señalados de hechos graves relacionados con la comisión de delitos, ni mucho menos los sujetó a proceso, aunque, el presidente Felipe Calderón promovió que Aponte Polito fuera removido del Estado, meses después, al ser concentrado en la capital del país para un cargo administrativo, a la espera de que llegara su edad para el retiro de las fuerzas armadas. 

En ese entonces, corrió la versión de que el gobernador habría pedido al presidente esa salida del militar, no sin que antes se “disciplinara” y en una ceremonia cívica participara como orador en Tijuana, aunque su discurso estuvo muy alejado de una disculpa que algunos esperaban que ofreciera, o que, mínimo, se retractara de lo dicho. 

Tres días después de hacerse pública la carta de Aponte Polito ocurrió el sonado enfrentamiento armado entre dos grupos rivales en las inmediaciones de El Cañaveral, sobre el bulevar Insurgentes en Tijuana, que dejó un saldo oficial de 15 muertos.

Menos de un año después de ese hecho, a principios de marzo de 2009, en un operativo de las áreas de inteligencia del Ejército Mexicano, efectuado en el salón social Mezzanine, en Tijuana, se detuvo a casi una treintena de presuntos delincuentes que participaban en un festejo; entre éstos estuvo Ángel Jácome Gamboa, "El Kaibil", un exagente de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, a quien se le señaló -en ese momento- de ser uno de los principales sicarios de Teodoro García Simental, "El Teo", quien por esos años encabezaba una descarnada lucha por el control del narcotráfico en esta zona del país con el Cártel Arellano Félix, al cual había pertenecido.

Pero no fue todo ya que, en el mismo operativo militar, en el que fueron detenidos hasta los meseros para investigarlos -y evitar posibles fugas- fueron capturados también, agentes en activo de diversas corporaciones, entre estos, un integrante de la escolta personal del gobernador Osuna Millán, y otro más, encargado del grupo que brindaba seguridad a la familia del entonces mandatario estatal.

Ese domingo, horas después de la detención, trascendió incluso (desde las mismas corporaciones policiacas) que un integrante “directo” de la familia de Osuna Millán estaba presente en el festejo, pero que de alguna forma habría logrado escapar, o bien, que para evitar un escándalo mayor al gobierno estatal se habría optado por dejarlo ir.

Nunca se informó oficialmente sobre quién era esa persona, aunque corrieron versiones, surgidas a raíz de la detención de los escoltas señalados, quienes incluso habrían acudido al festejo a bordo de unidades oficiales asignadas para la seguridad del mandatario y su familia.

http://www.afntijuana.info/seguridad/28042_cae_el_kaibil_en_narco_fiesta. 

Un día después, el entonces mandatario estatal, con rostro molesto y levantando la voz, en una entrevista "banquetera" negó que alguno de sus familiares hubiese acudido a dicho festejo.

Al respecto, Osuna Millán afirmó que los policías eran inocentes, y exigió a los medios de comunicación que dignificaran la imagen de los servidores públicos, porque, aseguró, (los agentes) no estaban ahí, en referencia a la fiesta celebrada el sábado en el salón Mezzanine.

En entrevista por separado, el teniente coronel Eusebio Alecio Villatoro Cortez, director de la PEP en esa fecha, señaló que uno de los detenidos -junto a 57 personas- fue su escolta, y añadió que los demás “realizaban tareas de vigilancia en puntos fijos”, para luego indicar que los agentes arrestados también formaron parte de la escolta del gobernador Osuna Millán.

El presidente de la Barra de Abogados Constitucionalistas en ese 2009, Víctor Herrero, criticó la postura del Ejército -y de las autoridades- por haber exonerado y absuelto a los agentes detenidos, porque “son los jueces -dijo. quienes deben determinar la responsabilidad de los involucrados”.
En ese mismo año 2009, la noche del sábado 31 de octubre, en plena "noche de brujas", un operativo encabezado por el entonces secretario de

Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola y elementos militares, irrumpió en una bodega habilitada como taller de carrocería en la delegación La Presa, al Este de Tijuana, en donde detuvieron a 12 presuntos sicarios y decomisaron cuatro vehículos tipo pick up, los cuales estaban "pixelados" como el camuflaje característico de las unidades del Ejército.

En aquella ocasión, se informó que además de los vehículos rotulados de forma similar a los utilizados por las fuerzas armadas, en la bodega había también uniformes tipo militar; Leyzaola Pérez declaró en aquel entonces que, uno de los detenidos afirmó que con esas unidades apócrifas, un grupo de sicarios a las órdenes de "El Muletas" y "El Teo" pretenderían acercarse a él para asesinarlo.

El jefe policíaco -ahora prófugo de la justicia por acusaciones de tortura- afirmó que tenía información de que, ante la relevancia que habían tomado las fuerzas militares en la entidad, por los operativos constantes y efectivos que habían desempeñado, y por la cercanía y confianza que existía con él, el grupo de sicarios se unirían a un operativo, utilizando las unidades "clonadas", para de esa forma asesinarlo.

De este operativo, además de los 12 detenidos y las cinco unidades pick up decomisadas, cuatro de ellas con camuflaje militar, se decomisaron casi tres mil 500 cartuchos de calibres diversos, armas largas y cortas, cargadores y equipo táctico.

Otro de los aciagos días para la confianza en materia de seguridad para aquella administración, ocurrió en julio de 2010, cuando con engaños, agentes ministeriales y municipales de Tijuana, que sumaron 56, fueron llevados a instalaciones militares para un supuesto curso, siendo detenidos y presentados al momento a los medios de comunicación. Para ese entonces ya había otro Jefe Militar, Alfonso Duarte Mujica, quien había tomado las “riendas” del combate al narcotráfico y crimen organizado en Baja California.

Durante ese acto, incluso, algunos de los detenidos, al ser presentados a los medios, gritaron una serie de reclamos tanto a Daniel de la Rosa como a Rommel Moreno, señalando presuntos actos de corrupción de éstos.

Uno de los agentes, quien se puso de pie cuando los militares le habían ordenado hincarse, gritó insultos en contra de ambos funcionarios y del gobierno estatal en general, acusando presuntos actos de corrupción que decía eran tolerados por los mandos policíacos de entonces; con los años, todos esos agentes fueron liberados por falta de pruebas.

Después, en el año 2012, autoridades estadounidenses detuvieron, en la operación denominada "Luz Verde", a 42 integrantes de diversos cuerpos policíacos en Baja California, entre ellos a quien entonces fungía como enlace entre la Procuraduría Estatal y autoridades del vecino país, por sus presuntos vínculos con grupos delictivos que operaban en ambos lados de la frontera; otro fuerte golpe para la estructura de seguridad del entonces mandatario.

Un año después de haber concluido su gestión, a principios de diciembre de 2014, fue encontrado sin vida en un automóvil estacionado en Plaza Galerías Hipódromo, Adolfo Juvenal Capuchino Díaz, funcionario de la Procuraduría de Justicia, y cuñado de Osuna Millán.

De manera inicial, el caso fue manejado como un aparente suicidio, sin embargo, finalmente las autoridades afirmaron que se habría tratado de un homicidio; el exmandatario y su familia pidieron respeto a su dolor y nunca más declararon sobre el tema.

PD.- Hoy no manejaremos más que unas cuantas posdatas, para no salirnos del tema, y para no prolongar más esta columna.

PD1.- Hay que decir que quien salió en defensa del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán fue el ex presidente estatal del PAN, Sócrates Bastida Hernández, quien aseguró que es una “pésima estrategia” de Bonilla, y también de AMLO “mentir para justificar sus deficiencias”.

PD1.- Sobre Osuna Millán dijo que este panista “es uno de los mejores calificados en su gestión, y que entre la cantidad de infundios y mentiras que denunció el gobernante, hace señalamientos de aparentes recursos que fueron entregados al PAN como si fuera desvío de recursos públicos, algo que es una afirmación totalmente falsa”, dijo.

PD2.- Sobre las acusaciones de protección al narcotráfico, Sócrates Bastida no hizo ninguna mención.

PD3.- Por su parte, el director del Indivi en Baja California, Marco Antonio Blásquez Salinas, advirtió que “si ofenden a Bonilla, nos ofenden a todos”.

PD4.- Esto ocurrió durante uno de los eventos realizados este sábado en Rosarito, y advirtió que: “si no ven los avances del gobierno en materia de gestión pública; en materia de obra, y en materia de concesión y entendimiento con la gente, es porque siguen sin ir a las colonias”.