*. - Arremete -otra vez- contra Zulema en su “mañanera”
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 7 DE JULIO DE 2020 (AFN).- Se puede decir que el gobierno del Estado -que encabeza Jaime Bonilla Valdez- le dio un “madruguete” a Caminos y Puentes Federales de Ingresos (CAPUFE), al quitarle la concesión sobre el manejo de la caseta de peaje en Playas de Tijuana, de la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
Este día, sin anticiparlo a nadie, se anunció la decisión de cancelar -por parte de la administración Estatal- ese tramo del contrato, y se procedió a “liberar” las casetas, para que los usuarios de esta vialidad no vuelvan a pagar las tarifas vigentes, de 39 pesos por vehículo particular.
El propio gobernador se trasladó hasta ese lugar, junto con el fiscal Guillermo Ruiz Hernández -y otros funcionarios- además de vecinos favorecidos de la zona, que aplaudieron esta decisión, para hacer el anuncio correspondiente, y hacer entrega de esa arteria a los ciudadanos, además de entregar su seguridad, a la fiscalía.
Y contra lo que se pudiera pensar, el gobernador fue escoltado por elementos de la Policía Federal, y la Guardia Nacional, que, según esto, fueron informados previamente, y que recibieron instrucciones de sus superiores, de respaldar las acciones.
CAPUFE solamente informó mediante un escueto Twitter que manifestantes habían tomado ese tramo de la carretera escénica, pero no consignaron la presencia del gobernador Jaime Bonilla, ni tampoco dijeron que se estaba emitiendo un decreto, que finalmente se publicó esta tarde en el Periódico Oficial del Estado. Algunas personas que reaccionaron, señalaron que no eran manifestantes, sino Jaime Bonilla, haciéndose de ese tramo.
Lo que CAPUFE publicó fue: Aut. Tijuana – Ensenada, plaza de cobro Playas de Tijuana. Presencia de manifestantes, sin afectar circulación. Maneje con precaución.
Pero la pregunta que unos y otros se hacen es: ¿tiene facultad el gobierno de Baja California para hacer esto que hizo, y para emitir un decreto al respecto? Y claro, que quienes saben, han dicho rotundamente que: ¡No!
Así es que, para tratar de dilucidarlo, recurrimos directamente a la “fuente”, aunque se molesten algunos porque lo hagamos, o tal vez, porque nos responden.
Y es que, por lo que vimos, pese a que se ha dicho que el contrato original que se dio a Caminos y Puentes Federales de Ingresos venció desde hace tiempo, y no se cumplió con regresar esa vialidad a Baja California, la verdad es que, según nos lo mostraron, hay una nueva concesión que por 40 años le hizo el Gobierno de Enrique Peña Nieto a la misma empresa, y quedó firmado en 2011 para concluir en 2051.
Interrogado el gobernador sobre las bases en las que sustentó esta decisión, y si tenía facultad para esto, repitió en principio lo que manifiesta en su Decreto, en el sentido de que privilegió la salud y la seguridad de los bajacalifornianos, sobre una situación meramente económica de una empresa.
Señaló que ni las patrullas, ni las ambulancias pueden circular por ahí, porque se trata de una concesión federal, sin tomar en cuenta lo caro que resulta para los residentes de la zona, tener que estar pagando el peaje de ida y vuelta, por no tener una vialidad “libre” y en condiciones, para llegar y salir de sus hogares.
Refirió que ese tramo, al no poder ser vigilado por autoridades policíacas locales y estatales, se ha convertido en un espacio que les sirve a narcotraficantes.
Luego dijo que esta fue una promesa que hizo a los residentes del lugar desde que buscó ser senador de la República, y señaló que, de igual manera, fue una promesa del actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.
Refirió que “en todos los tonos” les ha solicitado en la SCT, que se atienda esta petición, mostrando con pruebas que no podían tener privatizado un tramo en el que quedaban “atrapados” ciudadanos que deben gastar fuertes porcentajes de sus salarios en pagar por transitar por ahí, sin que se hubiese tenido una respuesta, hasta el momento.
Dijo estar consciente de que esto puede traer una reacción del Gobierno federal, en este caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que podría llegarse hasta una “controversia constitucional”, pero dijo estar dispuesto a esperarla, y pelear por esta acción, porque aseguró estar convencido de que “ya se pagó varias veces lo que costó su construcción y mantenimiento”.
Además, refirió que Caminos y Puentes Federales de Ingresos no ha beneficiado en nada a la entidad, pero sí recauda grandes cantidades de dinero, que en este caso estimó que es una cantidad millonaria que sale de Baja California y beneficia a otras entidades y dependencias del gobierno federal, pero no a esta entidad.
Bonilla Valdez aseguró que esta “no fue una toma de casetas por parte de unos vándalos”, como en algún momento ocurrió, sino “de una autoridad”, rescatando lo que le corresponde a Baja California, y que por eso entregó también la vigilancia a la fiscalía, para que la caseta no sufriera daños, en tanto la retiran de ahí y la entregan a la empresa.
En el decreto de 8 páginas -firmado por el gobernador Jaime Bonilla y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano- se establece el Decreto de Cancelación de la Caseta de Playas de Tijuana, correspondiente a la autopista escénica Tijuana-Ensenada, que se supone es un tramo de 18.5 kilómetros.
En su artículo primero, se establece que quienes transiten en dicho tramo “dejarán de pagar el peaje respectivo, a partir de la entrada en vigor de este Decreto” que ya fue publicado.
De igual forma, se instruye a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, para que, a la entrada en vigor del decreto, inicie los contactos correspondientes ante el organismo público descentralizado del Gobierno federal que es precisamente el CAPUFE, y que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se entregue al Gobierno del Estado, el tramo carretero mencionado, para su operación y mantenimiento
Y en su artículo tercero se instruye a la secretaría general de Gobierno, para que se solicite el apoyo de la Fiscalía General del Estado, a través de la Guardia Estatal “o de los instrumentos que considere precisos, así como de la Policía Municipal de Tijuana para mantener la paz y seguridad en este sitio”.
En sus considerandos -que son 13- se recuerda que esta autopista inició sus operaciones en 1967 con el propósito de atraer turismo a esta parte de Baja California, y que, con el tiempo, la concesión para operarla como autopista de peaje se constituyó con el propósito de sufragar el gasto que implicó el actual trazo.
Y se advierte, que, a la fecha, la recaudación por ese concepto -que han pagado los bajacalifornianos, así como turistas nacionales e internacionales- representa cantidades totales “suficientes para costear varias veces su construcción y mantenimiento”, y que, en realidad, el dinero recaudado por el peaje “se ha convertido en un ingreso que ayuda a costear el gasto corriente de distintas entidades y dependencias del Gobierno federal”.
Se dice además, que si bien, la intención inicial de la construcción de la autopista fue para atraer turismo, con el paso del tiempo, el dinamismo de la economía de Baja California, y la explosión demográfica han convertido este sitio, en lugar de residencia de decenas de miles de habitantes “que se desplazan cada día desde sus domicilios hasta su centro de trabajo”, y que todos estos habitantes “ven cotidianamente afectado su patrimonio por los altos costos que tienen que sufragar, para poder transitar por dicha carretera, como su única alternativa para poder desplazarse”.
Se hace notar que no existen vías alternas libres de peaje dentro del municipio de Tijuana para satisfacer las necesidades colectivas de los poco más de 12,000 residentes de este tramo de 18.5 kilómetros, para ingresar a domicilios y desarrollar sus actividades cotidianas, salvo una vereda que muchos residentes han señalado como inoperable.
Por otra parte, se establece que la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo federal tiene más de 40 años, lo que permite concluir que las condiciones de inversión y mantenimiento que se plasmaron en la autorización original otorgada al concesionario: “ya fueron superadas, o sea, que este recuperó la inversión que realizó en esta autopista, antes del vencimiento de la concesión original, lo que se podrá constatar con los documentos públicos que obran en poder de las áreas correspondientes”.
No obstante, eso, se dice que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -de la administración del presidente Enrique Peña Nieto- sin consultar a los bajacalifornianos, tomó la decisión de renovar la concesión “sin justificación social o económica”, afectando la economía de miles de bajacalifornianos a los que diariamente se les violenta el derecho constitucional de libre tránsito, al no contar con otra vía de ingreso a sus hogares.
Además, se indica que la concesión otorgada a Caminos y Puentes Federales de Ingresos, y sostenida por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), no aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación, no obstante eso, operan la carretera y cobran una tarifa de $39 pesos por auto -específicamente en esa caseta- lo que significa que las familias con dos vehículos que van y vienen una sola vez al día, gastan $1,092 pesos a la semana, lo que representa 2 salarios mínimos.
Y refiere, que, si se hace una estimación sobre 10,000 vehículos de residentes, en una semana, se tendrá una erogación de 5 millones 460 mil pesos semanales, cifras que impactan severa y directamente al patrimonio familiar de los tijuanenses.
En su considerando décimo, se advierte que es jurídicamente factible “en los términos de la ley” que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Gobierno federal entreguen en concesión, operación y administración de la caseta de cobro, de la carretera federal, al gobierno de Baja California, como ocurrió en el tramo carretero Centinela-La Rumorosa.
Los 18.5 kilómetros de la carretera escénica o carretera federal 1D inician en la caseta de Playas de Tijuana, y concluyen al límite de la ciudad de Playas de Rosarito, en tanto se advierte que “para cumplir un compromiso social y moral con la sociedad”, que es el no cobro al derecho del tránsito a los residentes de Playas de Tijuana, se ha tomado esta decisión.
Jaime Bonilla concluye que, su obligación como titular del Poder Ejecutivo estatal es acatar el ordenamiento constitucional que establece -como prioridad- el brindar seguridad a los ciudadanos del Estado, y que en esa demarcación geográfica viven “decenas de miles de bajacalifornianos a quienes no se les puede prestar con rapidez y eficiencia la seguridad a la que le obliga la Constitución, y que ellos reclaman, en virtud de que la caseta de cobro se ha convertido en un impedimento para que vehículos de los cuerpos policiacos, ambulancias, e inclusive carros de bomberos puedan llegar rápidamente a prestar sus servicios.
En ese orden de ideas -remata- “tengo que optar entre la recaudación de un ingreso económico, y por otro lado la seguridad que estoy obligado a brindar a la población por mandato constitucional”, y para mí -añade- “no hay motivo de duda: la seguridad se convierte en un bien jurídicamente tutelado, muy superior a la recaudación de un ingreso para las arcas públicas; es por eso que me veo en la imperiosa necesidad de tomar la decisión contenida en este decreto”.
Así que, aquí viene otro gran pleito del gobierno Estatal con entes de la federación, a menos de que, desde allá decidan ceder ese tramo.
*. - Arremete -otra vez- contra Zulema en su “mañanera”
Pues el gobernador del Estado no cede, y de nueva cuenta arremetió en contra de la alcaldesa de Tecate Zulema Adams Pereyra -quien ayer dio dos fuertes “golpes mediáticos”- al haber presentado una denuncia penal en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez, y su secretario Amador Rodríguez Lozano, y al conseguir que la Comisión de Género del Senado de la República se pronunciara a su favor, precisamente porque el de la violencia política hacia las mujeres, es algo que, genera muchas simpatías, y apoyo inmediato.
Sin embargo, el gobernador fue contundente y aseguró que “de ninguna manera, ofrecería disculpas a una persona que no trabaja”, y rechazó que se tratara de una cuestión de género, negando ataques -por ese sentido- a la munícipe de la vecina ciudad.
Es más, el gobernador ahora parece que “comió gallo” porque ahora la agarró contra la prensa en general, después de algunos señalamientos al respecto, en días previos, al intervenir cuando el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico manifestaba su desconcierto, por la forma en que dice que los medios manejamos las informaciones, no obstante que “se cansa de explicar”, lo que afirma que son verdades rotundas.
Para fundamentar sus señalamientos contra la presidenta municipal de Tecate, Bonilla llevó -para hacer un recuento de notas pasadas- al jefe de información de su Sistema de Noticias, Juan Arturo Salinas, lo cual además de sorpresivo, estaba “fuera de lugar” por no ser un funcionario Estatal, aunque seguramente el gobernador Bonilla no coincidirá con nosotros en este punto de vista.
Pero ya estando ahí, Salinas refirió sobre la inseguridad que se registra en Tecate, y la ejecución de los escoltas del nuevo encargado de Seguridad Pública en la ciudad, señalando que esto motivó el enojo de los policías municipales, que, durante una ceremonia de honras fúnebres, le dieron la espalda las autoridades, en ese momento encabezadas por el fiscal Estatal Guillermo Ruiz Hernández.
Y luego se hizo la revelación: supuestamente la estilista de Olga Zulema Adams Pereyra estaría de lleno dentro del ayuntamiento, como parte de la oficina de Protección civil del gobierno municipal.
Para esto, exhibieron una fotografía en la que se ve a la alcaldesa dentro de su transporte, y en la parte de atrás, a la presunta estilista identificada como María Luna.
Sobre el pronunciamiento de la Comisión del Senado refirió que estuvo mal informado, y que de la disculpa pública nunca se le va a pedir “a una persona que no trabaja, no importa de qué género sea".
Por su parte, Zulema Adams hoy se dedicó a subir en sus redes, publicaciones sobre actividades realizadas con relación a su encargo.
PD.- Dicen que “a quién le quede el saco, que se lo ponga”, y a mí no me queda, sin embargo, sí debo diferir, y decir que: en Baja California sí sigue existiendo periodismo de investigación, y que muchos lo practicamos.
PD1.- Por otra parte, no deben sorprenderse, ni preocuparse, ni molestarse los políticos y gobernantes, porque como reporteros buscamos complementar las informaciones con otras fuentes, porque no obstante la mucha -o poca confianza- que podamos tener en las declaraciones “oficiales”, siempre debe existir en el periodista, ese grado de incredulidad.
PD2.- Y como a todas las partes les debemos atender -y darles el beneficio de la duda- es obligación nuestra, poner lo que éstas manifiestan, aunque resulten opuestas a los datos que se ofrecen de manera oficial, ya que como diría un antiguo y querido maestro: “no es desconfianza... es cuestión de sistema”.
PD3.- Además… el tiempo siempre muestra quién tiene la razón y se evidencia una u otra de las fuentes, así que ¿para qué molestarse y generalizar?
PD4.- Por cierto, algo que sí se les pasó o se les olvidó, es que el día en que se hicieron las honras fúnebres en Tecate, Zulema Adams, ahora no estaba “pintándose las uñas” (chiste de mal gusto de mi parte, dirán) sino que asistió a una reunión de alcaldes con el gobernador, en las oficinas de la CESPT, según se informó en su momento.
PD5.- Mayté Méndez de Robles, la que fue candidata de Morena en Tecate, y quien desde que inició esta administración no le ha quitado el “guante de la cara” a Olga Zulema, ahora repite -prácticamente- aquello de: “se los dije”, porque ella siempre exhibió la que aseguraba que era una falta de cumplimiento de la munícipe.
PD6.- Y en sus redes ahora, le ha “subido” comentarios muy fuertes a la actual alcaldesa, quien -por cierto- en aquel 2016 fungió como su primera regidora
PD7.- Este miércoles 8 de julio, la Agrupación Política de Baja California (APBC) tendrá como invitado en su asamblea virtual ordinaria, al dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI en Baja California, Karim Chalita Rodríguez IV, según lo que da a conocer su coordinador, el licenciado Luis Dugay Pedroza
PD8.- Y también este miércoles, en conferencia de prensa, el delegado federal único Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dará a conocer lo que están realizando jóvenes emprendedores, en cuanto a innovación tecnológica, para localizar a personas con discapacidad.
PD9.- Y con todo y su cubrebocas, viajó a los Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender una serie de actividades oficiales en Washington DC, entre otras -la principal- reunirse con el presidente Donald Trump.
PD10.- Según un programa que ya ha hecho público la presidencia de la República, a las 14 horas de este miércoles, el primer mandatario será recibido por su homólogo estadounidense, para una reunión privada de trabajo en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
PD11.- Posterior a esto, celebrarán una reunión de trabajo -con sus respectivas comitivas- en el Salón de Gabinete -también de la Casa Blanca, y a las 15:30 horas (todo esto, tiempo de Washington), se hará la firma de una Declaración Conjunta y mensaje a medios de comunicación, en el Rose Garden de la Casa Blanca.
PD12.- Luego, a las 18:35 horas, habrá un pronunciamiento de los dos mandatarios en el Cross Hall, y finalmente, una cena en su honor en el Salón Este.
PD13.- ¿Les dirá a los colegas estadounidenses que son una prensa Fifí?
