*. - Detienen a funcionario de COEPRIS, a petición del GAP
*. - Se amparan para no pagar lo que les exigen en BC
*. - La Coepris y el ayuntamiento les clausuran espacios
*. - El GAP responde advirtiendo "cierre de operaciones"
*. - El gobernador pide la cancelación de la concesión

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 17 DE JUNIO DE 2020 (AFN).- El "encontronazo" entre el gobierno del Estado encabezado por Jaime Bonilla Valdez, y los representantes del Grupo Aeroportuario del Pacifico, que ha venido escalando durante los últimos días, hicieron crisis esta tarde cuando el gobierno municipal de Arturo González Cruz cerró algunos de los negocios que allí operan (por no ser esenciales), y otros, por no contar con los permisos correspondientes, y también, cuando inspectores de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios (Coepris) hicieron lo propio en otros espacios, por las irregularidades encontradas, y las condiciones de insalubridad que detectaron.

Además, por el hecho de que, seguros de la reacción que podrían tener al manejar una concesión tan sensible como ésta, los del GAP anunciaron que cerraron el aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, con todas las implicaciones que esto pudiese tener, para después informar que reabrieron (al no encontrar amenaza alguna), pero, según esto, porque trascendió que solicitaron -y obtuvieron- de la justicia federal, un amparo contra los cobros. Por lo tanto: no duraron ni 20 minutos con su "protesta".

Pero no sólo eso alegando la incursión "ilegal" de personas ajenas a las instalaciones aeroportuarias, llamaron en su auxilio a autoridades federales que detuvieron -y pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República- al representante de la Coepris, Vladimir Jasso, quien estaba haciendo verificaciones en las instalaciones aéreas.

Por ser una concesión -y zona federal- los elementos policiacos actuaron sin conocer a fondo lo que realmente estaba ocurriendo en el lugar, por lo que procedieron a esa detención, y todavía hasta la noche de este miércoles, el director de Normatividad de dicha dependencia, Julio Omega Rodríguez, estaba buscando la liberación del funcionario público.

Recordarán que el pasado lunes -15 de este mes- les revelamos que, sumamente molestos, porque hasta el momento no han podido doblegar al gobernador Bonilla Valdez, representantes del grupo español que opera esta concesión, reaccionaron con ira ante personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, al que advirtieron que el Ejecutivo estatal "no tenía idea" de con quienes -en realidad- se estaba metiendo, y que muy pronto estaría ofreciéndoles disculpas, si es que no se veía obligado a dejar de ser el mandatario de esta entidad.

Pese a eso, el Ejecutivo respondió a dichas amenazas, con la advertencia de que nada los detendría, y que seguiría -no solamente- exhibiéndoles, sino demandando todo lo que se debe por concepto de agua y drenaje, evadidos hasta el momento; y que si por esto lo querían seguir acusando que lo hicieran -inclusive- ante el presidente de la república, debido a que ya lo habían hecho con las secretarias de Economía, y Gobernación, así como con el secretario de Turismo.

Luego recordó, que ese grupo aeroportuario no solamente había defraudado al Estado -en el que se ubica, y a través del que ha hecho millones de pesos al evadir los pagos a la CESPT- sino que, tampoco ha querido pagar el impuesto predial al ayuntamiento de Tijuana, agregando que, si él fuera el presidente municipal, ya les estaría también exigiendo el pago.

Ni tardo ni perezoso, el munícipe Arturo González Cruz hizo lo que en su momento también pretendieron los alcaldes -por cierto, todos ellos priistas- Jorge Hank Rhon, Carlos Bustamante Anchondo, y Jorge Astiazarán Orcí, sin lograr mayores resultados.

Los presidentes municipales panistas, solamente hablaron -en su momento- de "grandes deudores", pero nunca se fueron abiertamente contra las autoridades aeroportuarias.

Tras la auditoría realizada por Fisamex, se encontró que no solamente el aeropuerto estaba gastando mucha más agua que la que obtenía a través de pozos (con los que argumenta que no necesita del servicio de la paraestatal), sino que, además, sin contratar drenaje, estaban tirando sus aguas residuales en las tuberías de la ciudad, sin el tratamiento necesario.

Y cuando por instrucciones del gobernador, no solamente les quitaron los medidores para obligarles a pagar, sino que también les impidieron que pudieran seguir arrojando sus desechos por el drenaje, empezaron a tirarlo en un canal pluvial que atraviesa varias colonias, y que desemboca en el mar, a través de tuberías clandestinas que ya tenían, y que habían utilizado en el pasado reciente para tirar, los excedentes.

Simultáneo a esto que hacían, los del GAP continuaban "tocando puertas" en la capital de la república, buscando a "alguien" que pudiera someter al "rijoso" gobernador de Baja California, en tanto, que este miércoles, los de la Coepris, encabezados por David Gutiérrez Inzunza, así como inspectores municipales, se dieron cita en las instalaciones aeroportuarias para hacer una revisión, que previamente les había sido negada, por las autoridades del Grupo Aeroportuario del Pacifico.

La gente de Gutiérrez Inzunza -con este funcionario al frente- hicieron recorridos por las recién remodeladas instalaciones, y procedieron a cerrar la "aerococina" que surte de alimentos a los vuelos, ya que dijeron haber encontrado un "foco de infección", en un predio aledaño, que exhibía una gran acumulación de basura y desperdicios orgánicos, con contenedores rebozados de desechos.

Las fotografías -captadas en el lugar- son muy ilustrativas, y permiten ver que efectivamente, no se cuidaba la higiene en el lugar.

Y al no contar con agua potable, por el retiro de medidores, y el cierre ordenado por Bonilla, se determinó también cerrar los baños, la cocina para empleados, y los locales comerciales, porque no se garantizaban las condiciones de salud.

De igual forma, el estacionamiento que opera en la zona fue clausurado por el gobierno municipal -por la falta de permisos de operación- lo mismo que ocurrió con tiendas y negocios instalados dentro del puerto aéreo. por detectarse que presentaban muchas irregularidades.

El personal del aeropuerto de la ciudad, consciente de lo que provocaría con una situación de esta naturaleza, decidió dar un "golpe certero", que de no tener las consecuencias que esperaba, tendría que retirarse con la "cola entre las patas", si es que antes, el Gobierno federal no le cancelaba la concesión, tal y como lo demandó el gobernador Bonilla. Antes de que esto sucediera, reabrieron y, se ampararon. 

En un documento enviado a los medios, el GAP anunció que habría cerrado "por riesgo en la seguridad del aeropuerto de Tijuana", y como argumento presentaba el hecho de que el supuesto ingreso ilícito "de un grupo de inspectores del municipio de Tijuana a la zona estéril del aeropuerto internacional, les había obligado a tomar esa medida".

Según los representantes del GAP, ese ingreso "se dio por la fuerza", por lo que se advirtió que "hubo una grave violación de la legislación nacional y las normas internacionales, sobre seguridad en la aviación civil".

Señalaron que, para tomar esta medida, entraron primero en comunicación, con la dirección general de la Agencia Federal de Aviación Civil (Afac), y que se siguieron los protocolos indicados por la Ley de Aeropuertos y su reglamento al Programa Nacional de Seguridad en la Asociación Civil, y el anexo 17, y documento 8973 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Una vez evacuada la zona de embarque del edificio terminal, y las plataformas operacionales, se indicó que esta, se revisaba "para asegurar que no se encontrara en su interior ningún objeto que pudiera atentar contra la seguridad de la aviación", y que mientras, los protocolos mencionados eran aplicados en la zona contaminada y, se garantizaban las condiciones de seguridad de los usuarios, el aeropuerto sería cerrado, pudiéndose generar importantes afectaciones al itinerario de vuelos, lo cual seguramente tenían perfectamente medido.

De hecho, el grupo que opera este aeropuerto dijo que lamentaba las molestias que esto pudiera causar, tanto a las aerolíneas -como a los usuarios- y que reiteraba su total compromiso- con la seguridad de sus operaciones y pasajeros.

Esta medida extrema no dejó de ser una decisión arriesgada de quienes representan este grupo aeroportuario, porque saben perfectamente que de haber mantenido cerradas esas instalaciones, podrían impedirse los -pocos o muchos- vuelos que están saliendo o entrando desde esta frontera- afectando a su vez -gravemente- la movilidad en Baja California.

Y como se trata de una concesión federal, es un tema sumamente delicado, de un área estratégica de las comunicaciones, bien podría entrar el Gobierno federal, hasta a "requisar" este aeropuerto, mientras deciden qué pasará con la concesión del grupo español.

Nunca -realmente- habíamos llegado a un punto como el que estamos enfrentando, con una empresa estratégica de comunicación en Baja California; pero si de algo estamos seguros es que el gobernador Bonilla Valdez no va a desistir en su intención de cobrarle a estos empresarios lo que adeudan, no sólo a la ciudad, sino al Estado, y que según lo que han dicho, representa varios millones de pesos.

PD.- Aunque el GAP anunció haber cerrado sus instalaciones, suponemos que al final de cuentas analizó todo esto (que también nosotros estamos considerando), porque  poco después envió otro boletín, señalando que las operaciones en el aeropuerto estuvieron cerradas por un tiempo "menor a 20 minutos".

PD1.- Se dijo que ya se abrieron las operaciones, y que tras una revisión exhaustiva de las zonas que estuvieron en contacto con la persona que ingresó a sus instalaciones, se decidió continuar; en el mismo boletín se aclaró también, que fue un trabajador de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y no del ayuntamiento el que entró, como en forma errónea se informó.

PD2.- De igual forma, minutos antes de ese aviso, el presidente municipal Arturo González Cruz hizo un recorrido por ese lugar, encontrando que el aeropuerto estaba abierto. 

PD3.- Al parecer, esa marcha atrás en su decisión de cerrar operaciones fue porque consiguieron la suspensión del amparo, sin embargo, se dice que el gobernador, en lugar de ceder, ya estaba comunicándose a la capital de la república para que se garantizaran las operaciones aéreas, por parte del Gobierno federal.

PD4.- Tal parece que ningún vuelo se vio afectado con este intento de cierre del puerto aéreo, por lo que todo quedó en un amago de los representantes españoles.

PD5.- Por cierto, el Congreso del Estado también ya legisló -este día- en torno a la Ley del Agua, y ahí quedó claramente establecido, que aquellos que sigan con prácticas ilegales para disfrutar del abastecimiento de agua, y del servicio de drenaje, evadiendo los pagos, se les pueda aplicar unas sanciones más rigurosas.

PD6.- Sobre todo, en aquellos casos en los que no se puede precisar desde cuándo se han conectado de manera ilegal, porque la ley -ahora- les permitirá a las autoridades, hacerles un cobro de por lo menos 10 años atrás, lo que antes no se podía, porque el Código Fiscal establecía un límite de 5 años.

PD7.- Y, por cierto, llama la atención que políticos de oposición, al pronunciarse en contra de esta Ley, hayan argumentado que resultaba "violatorio" el que se les quisiera cobrar esto, a quienes tengan tomas -no autorizadas- cuando deberían de aplaudir por este motivo.

PD8.- Ahí sí, no le daría la razón, como sí podríamos decir que la tienen en los casos de algunas de las recientes modificaciones que han hecho en el Congreso, aprovechando la gran mayoría con la que cuentan.