*. - El escandaloso saqueo de la Cespt

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 3 DE JUNIO DE 2020 (AFN).-  Mientras la ex primera dama del Estado Brenda Ruacho de Vega aparece en sus redes mostrando mucha tranquilidad en tanto dice disfrutar los frutos de su higuera (que convertirá en mermelada), la Fiscalía del Estado de Baja California revela que están revisando sus cuentas, y que sólo esperan poder confirmar información que están solicitando (o habrán de solicitar), a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros para continuar el proceso en su contra.

Seguramente, no habrán olvidado que en semanas recientes, elementos de la fiscalía atendiendo una orden de cateo que les fue otorgada por juez, catearon la casa de los esposos Vega -en Cumbres de Juárez- dentro de un proceso penal que se sigue en contra de la esposa del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y que después se supo que tenía la intención -también- de ubicarlos, y seguramente, detenerlos, por lo que hasta el momento han comentado tanto el mismo fiscal, como el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Desde entonces, ya no se había proporcionado mayor información al respecto, no obstante que tras esto, aparecieron publicaciones falsas que hacían pensar que se habían encontrado grandes cantidades de dinero en efectivo en esa residencia, lo cual no fue confirmado por ninguna autoridad, y desde un principio se vio que no era real, pero tampoco se pudo saber cuál fue el resultado de esa incursión, de la que sí se constató, que los agentes salieron con algunas cajas conteniendo -según se supo- documentos.

Fue hasta ahora, cuando el fiscal estatal Guillermo Ruiz Hernández confirmó a reporteros -en una breve atención a medios- que de esa casa sacaron documentos que se presume corresponden a cuentas bancarias de la ex primera dama, ya que dijo que para continuar con el proceso, se requiere de que algunas dependencias e instancias, reanuden sus actividades ya que necesitan información, no solamente de Hacienda, sino también de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que les permita “amarrar” las investigaciones que llevan a cabo.

Después del cateo les comenté que por lo que pudimos saber, como nadie esperaba -ni mucho menos imaginaba- que se pudiera dar una incursión de esta naturaleza, los esposos Vega de Lamadrid (que ya no estaban en ese domicilio) no sacaron documentos, ni pertenencias, a los que ahora se confirma que tuvieron acceso los funcionarios estatales.

Después de eso -y no sabemos si en respuesta a lo declarado por el fiscal- o lo que primero dijo el gobernador, en torno a que la pandemia de coronavirus “había favorecido a los panistas” (al referirse a que los casos de Kiko Vega -y otros que se investigan- no habían podido avanzar por la paralización de actividades en varias oficinas), Brenda Ruacho acompañó una nueva publicación en sus redes, diciendo:

“Y sigo emocionada con mi higuera, que sigue floreciendo y dando frutos para mermeladas; gracias por sus recetas. Abrazo virtual para todos”.

*. - El escandaloso saqueo de la Cespt

Aunque está visto que a algunos les molesta que destaquemos las acciones emprendidas por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, asegurando que con eso tratamos de justificarlo, en realidad no podemos dejar de hablar de lo que hace o dice, sin más, ni menos; sin “florituras” ni aplausos;  porque les guste o no, todo es noticioso, y más, porque proviene de quien en este momento es el Ejecutivo estatal.

Y es que lo que está haciendo, particularmente con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, no podemos dejar de destacarlo, ya que está poniendo al descubierto el escandaloso saqueo que históricamente se ha hecho, en detrimento de esta paraestatal.

El que francamente les “caiga gordo” el gobernante, no permite ver a algunos la trascendencia de estas acciones, sobre todo, porque se ha venido a comprobar algo que era “secreto a voces” desde muchos años atrás, sin que nada ni nadie lo evitara.

Con frecuencia, personajes cercanos a los gobiernos en turno nos denunciaban los enormes fraudes que se hacían a través de esta, y otras dependencias del Estado, pero, o no podían hacerse de pruebas, o preferían ya no ahondar.

Se hablaba de cómo esta dependencia era utilizada para financiar las campañas de los políticos, y efectivamente, servía como “trampolín” para lograr alcaldías o gubernaturas.

También nos decían cómo algunos funcionarios, por “órdenes superiores” dieron de alta a una gran cantidad de personas (sobre todo del blanquiazul) que en realidad eran líderes y lideresas de las diversas colonias en las que mantenían su “voto duro”, para que mediante un “intercambio”, estos tuvieran un recurso constante como salario (aunque en verdad eran aviadores), y ellos -a su vez- respondían garantizando el voto de sus representados para el triunfo del PAN. 

Igual era “secreto a voces” el hecho de que había un listado de grandes deudores, a los que siempre se amenazaba con denunciar públicamente, aunque luego eso no se hacía, bajo el argumento de la “protección a los derechos humanos”, justificando cuando se les volvía a preguntar, que “se habían negado a pagar”.

Y para colmo, se hablaba de cómo trabajadores de menor nivel, argumentando que sus jefes “robaban”, entonces también entraban en “cochupos” para lograr dinero fácil, modificando montos de adeudos, o simplemente, borrándolos de computadoras, en tanto que algunos de los “lecturistas” -que ahora se quejan- también negociaban con usuarios en la calle, a los que quitaban y ponían reductores a gusto, y se confabularon para presentar menores lecturas de sus medidores, para que los cobros fueran de igual forma, mínimos.

Ya se daba el caso, de que muchos de estos, ni siquiera se movían hacia los lugares encomendados, y presentaban “lecturas”, que, al ser revisadas, arrojaban que habían sido hechas el mismo día y a la misma hora, pero en lugares tan distintos, y alejados entre sí, del municipio, lo que llamó la atención, ahora que se hizo la auditoría.

Y como bien dijo el gobernador al ser interrogado sobre esto: con mucho cinismo respondieron que ese “don de la ubicuidad” lo conseguían porque eran muy eficientes, y pese a todo esto, la paraestatal era una dependencia tan noble, que aun así dejaba dinero para “manotear”.

Con las auditorías que se han realizado, se ha comprobado que gran parte del dinero obtenido para el funcionamiento de la CESPT se lograba con el cumplimiento de la mayor parte de los usuarios que no somos ni ricos ni famosos, y que, por lo tanto, no podíamos aprovechar de estas ventajas.

A los ciudadanos “de a pie” que se atrasaban con unos pagos, se les colocaban reductores, y si era necesario cerrar las llaves -por escasez de agua- debido a la mala administración, entonces, sin mayor justificación quitaban el líquido en las zonas pobres de Tijuana, desde donde los gritos y reclamos del usuario no podían llegar al “corazón” de la opinión pública.

PD.- Y falta ver lo que podría salir del Registro Público de la Propiedad, de las obras concedidas, de la APPs, del transporte, y de cuanto renglón de la administración pública se le ocurra. 

PD1.- En un momento en el que los médicos se quejan de que poca gente está donando sangre, que se requiere para salvar vidas, vimos que la presidenta municipal de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda decidió hacerlo, invitando a los bajacalifornianos a contribuir de esta manera.

PD2.- Ahí está un llamado para todos aquellos que se quejan de que pareciera que ya no hay ninguna otra enfermedad, ni problema de salud más que el Covid, ya que deberán saber que siguen existiendo, pero resulta difícil su atención, ante la emergencia que genera la pandemia.

PD3.- Y todavía la situación se agrava más por la falta de sangre, por lo que quienes estén en capacidad de hacerlo, deberían de seguir el ejemplo de la alcaldesa de la capital del Estado.

PD4.- Ayer les decíamos que llegamos a pensar que las tranzas que hacían con algunos “privilegiados” eran la excepción de la regla. Hoy podemos repetir que más bien “es la regla misma”, porque son 3500 casos -según dijo el ingeniero Manuel García, de Fisamex, a AFN- en los que se tienen estas irregularidades, y son muchas como para pensarse que se trata de errores.

PD5.- Ante esto, el gobernador Jaime Bonilla anunció que ya no será solamente un día cuando se den a conocer los nombres de empresas y empresarios que han incurrido en estas irregularidades, sino que se harán públicas dos veces a la semana: los lunes y miércoles.

PD6.- En esta ocasión, abundaron los nombres de hoteles, de tiendas y fábricas reconocidas, no sólo a nivel regional sino nacional.

PD7.- Dentro de los casos que destacaron, están el de un lugar de fiestas dentro de uno de los desarrollos habitacionales construidos por el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid quien hizo -y firmó- el contrato con la Comisión Estatal, siendo precisamente el mandatario bajacaliforniano.

PD8.- Y otro caso que también llamó la atención fue el del Hospital del Prado, del que se dijo que ante la falta de respuesta se procedió a cortarles el servicio, y que, en lugar de resolver, se conectaron de manera ilegal, al servicio de uno de sus vecinos.

PD9.- Podemos entender que esto se hizo, ya que no se puede dejar sin agua a un centro hospitalario donde que se atiende a enfermos, sobre todo en medio de una pandemia, lo cual sí sería de reprocharse a la administración estatal, aunque también, no entendemos, por qué, a sabiendas de que se ha actuado mal, y de que precisamente tienen en sus manos la vida de seres humanos, no se les ocurrió ir a tratar de resolver, para evitar una situación de esta naturaleza.

PD10.- Ahora sí que más valía pedir perdón, y no ponerse en el riesgo de ser denunciados públicamente, como ahora instruyó el gobernador, que se hiciera.

PD11.- El que Jaime Bonilla sea el gobernador, y que les “caiga gordo” a algunos, no les permite ver con claridad lo que está pasando en este sentido, ya lo dijimos; pero si no existiese la corrupción, desde hace tiempo (fuera quien fuera el mandatario) habríamos aprendido que así es como debe procederse por parte de la autoridad, y que una acción de esta naturaleza traería consecuencias legales.

PD12.- Antes, en los “mejores tiempos” (como les llamaban), del PRI, cuando los gobiernos eran fuertes y de “mano muy dura”, ya sabíamos que si un letrero decía: no traspasar, si lo hacíamos seríamos consignados. Efectivamente éramos conscientes de que esa sería la consecuencia, y que también tendríamos repercusiones legales, por conectar en forma clandestina la luz; tomar agua del vecino, o simplemente, incumplir los reglamentos de tránsito, y del Bando de Policía y Buen Gobierno.

PD13.- En algún momento, todo eso se perdió.

PD14.- El fiscal Estatal, Guillermo Ruiz Hernández, ya volvió a asegurar que no está interesado en la gubernatura de Baja California: ¿ahora sí le creemos?