*.- Denuncia a Múzquiz y a otras familias conocidas
*. - El misterio de las 2 iniciativas presentadas
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 27 DE MAYO DE 2020 (AFN).- En verdad que fue una “bomba”, y de esas de gran magnitud, la que lanzó esta mañana el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez, al dar a conocer los avances de la auditoría que la empresa Fisamex realiza sobre el estado en que se encuentra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la cual, el propio gobernante ha señalado que tiene una “cartera vencida” de 250 millones de dólares, y así como lo escucha, en moneda americana, porque en nacional la suma suena estratosférica.
Temprano les adelantábamos sobre la denuncia que hizo -entre otros- del grupo MUSA, que los viejos residentes sabemos que ahora está a cargo de Carlo Enrique Múzquiz Dávila, heredero de Raymundo Múzquiz Ayala, fallecido en 2002, tras un tormentoso enfrentamiento con quien fue su esposa, Gloria Ofelia Dávila Rodríguez, y con la que en los últimos años de vida escenificó un doloroso proceso legal.
Ayer, reprochábamos la forma en que la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, Montserrat Caballero Ramírez, había denostado a parte del sector empresarial, generalizando al llamarlos a todos “corruptos, mentirosos y chapuceros”, además de “changarreros”, sin embargo, aquí debemos establecer que hay una gran diferencia entre centenares de empresarios locales que han avanzado por su propio esfuerzo, cumpliendo con leyes y reglamentos, e inclusive, dando renombre internacional a Baja California, y otros que han vivido -efectivamente- de las marrullerías, buscando los “huecos” de las leyes, que les permiten darles vuelta, y entre los que -desafortunadamente- se encuentran algunos de los que muchos identifican como los “ricotes” de Tijuana.
Hombres, algunos, que a estas fechas son nietos, o la tercera generación de aquellos que fundaron Tijuana, y que pocas veces se ven públicamente, además de que no son -necesariamente- quienes presiden las cámaras institucionales, sino que son los que acostumbran a vivir bajo sus reglas, y que -en ciertos casos- han maniobrado para “poner” a altos funcionarios, sin decir nombres para no ofender, y que se llevan de “piquete de ombligo” con los gobernantes, al grado de que les permiten burlarse del marco constitucional; les otorgan privilegios, y les dan -además- la posibilidad de nombrar a colaboradores de ellos, como funcionarios de primero y segundo nivel, en las administraciones gubernamentales.
El caso que llamó más la atención por ser considerado de los “intocables” fue el de Carlo Múzquiz Dávila, quien tiene un fuerte adeudo, no solamente por la empresa que señalaron este día, sino en varias de las construcciones que ha realizado, según le especificó el ingeniero Manuel García de Fisamex al gobernador de la entidad.
Múzquiz Dávila ha tenido fama de no sólo ser consentido de las anteriores administraciones, sino de haber gozado de privilegios que le permitían, inclusive, contar con trabajadores de gobierno para que le apoyaran en sus obras, según denuncias que siempre se repitieron; lo mismo de ser favorecido con privilegios, de parte de funcionarios del sector de obras públicas -particularmente- que él mismo lograba incrustar en las administraciones locales y estatales, y que al término de su periodo, regresaban a reintegrarse a sus empresas.
A Múzquiz, el gobernador lo calificó como “uno de los empresarios más ricos del Estado, y aunque dijo conocerlo, y saber que “no son malas personas”, agregó que han abusado de la población, y dijo que lo hacían “simplemente porque podían”.
En el caso de este empresario, tan sólo en el ejemplo que presentaron, se dijo que tiene un adeudo de casi 7 millones de pesos, aunque existen otros.
Además, en varios de los casos presentados, las sumas que les están pretendiendo cobrar no corresponden a lo evadido durante tantos años, porque en algunos casos, al ser los adeudos más antiguos de 5 años, como se trata de créditos fiscales, ya prescribieron.
También habló sobre una empresa de producción y venta de hielo en la ciudad, que es -de igual forma- de las más conocidas, y es propiedad de la familia Salazar Laborín, y se ubica en la calle novena, de lo que antes fue Mercuni; esta empresa que es la Hielera y Refrigeradora de Tijuana, señalaron que debe más de 13 millones de pesos.
Antes hablaron de una empresa de alcances nacionales, que tiene -en todo el país- parques industriales, y que en Tijuana cuenta con 65 naves de éstas, la mayoría, con problemas similares. Sin embargo, la que mostraron se encuentra en el parque industrial El Florido II, y según esto, celebró un contrato con la Comisión hace 4 años, y no cubrió los derechos de conexión.
Además -se reportó- desde ese momento no se le facturó ni un solo metro cúbico, ya que, en el informe, dentro de los archivos de la Comisión Estatal “se encuentra totalmente en blanco”, pese a que tienen tres instalaciones de 2 pulgadas cada uno, y tienen cuatro tomas, que van directamente a una nave industrial de 32,000 metros cuadrados.
Otro caso que se presentó es el de un hotel La Quinta, que se encuentra en el Centro de la ciudad, y que tiene una antigüedad de 48 años en ese sitio. El ingeniero García, dijo que este establecimiento cuenta con 30 habitaciones, además de un área de restaurante, y que en 48 años no pagó agua, aunque sí tenía este líquido.
Dijo que, por alguna razón, celebró un contrato en 2008 con la Comisión Estatal, sin embargo, a este establecimiento “nunca” se le facturó nada, hasta que en 2018 empezó a pagar, aunque se le hacía un cobro de un metro mensual, así que -supuestamente- en toda su historia, solamente tiene pagados 72 metros cúbicos de agua.
Se encontró el caso de otro hotel que se ubica por la parte Este de la ciudad, y ahí se detectó una toma clandestina, ya que el medidor lo tiene por enfrente, y ese era el que leía el empleado de la CESPT, y como por ahí casi no se consumía el líquido, registraba tan solo el 10% del volumen utilizado en el medidor, y el otro 90% se iba por la tubería, que estaba metros atrás, y escondida.
De igual forma presentó el caso de Avante 44 que dijo que es una empresa nacional que trabaja en enfriamiento y lavado de verduras y otros productos, y sobre esta firma dijo que, aunque celebró el contrato, no pagó los derechos de conexión de manera correcta, ya que sólo cubrió el 10% de lo que valen los derechos por ese servicio, no obstante que desarrolló un parque industrial de cerca de 65,000 metros cuadrados en ese lugar. Pese a eso, a esta empresa tan sólo se le pueden cobrar $1´500,000 pesos, y derechos de conexión por 2´890,000.
De los casos locales, pasaron a otros como el de Home Depot, que, según esto, en una de sus tiendas que operan en Tijuana, no pidió ni opinión técnica, ni la factibilidad, ni pagaron derechos, sino únicamente pagaron el medidor, y se conectaron a la red, en una extensión de 1,5000 metros.
Esto lo hicieron a través de un gestor -que según García- es el mismo que está desarrollando Plaza Alameda, en Otay, donde “se encontraron los mismos vicios”. Se le notificó a Home Depot del adeudo pendiente por derechos de conexión, pero no han pagado.
Otra empresa señalada es Sanyo Panasonic qué tiene un adeudo de 1´782,000 pesos, y así como otras, hay varias más, que el gobernador anunció que estaría denunciando miércoles tras miércoles.
*. - El misterio de las 2 iniciativas presentadas
Esta tarde, como les anunciamos, el secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, en representación del gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez, anunció que el Ejecutivo estatal firmó una iniciativa, que ya fue enviada al Congreso de la entidad, para que se reduzca en un 52% el financiamiento a partidos políticos, con el propósito de aliviar la carga económica de la entidad, y poder salir adelante de los problemas que tiene Baja California, ahora agravados por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Al anunciar esto, el secretario de Gobierno señaló las fuertes necesidades económicas del Estado, por todos los problemas que se heredaron de la anterior administración, pasando desde la falta de pagos a maestros -y a otros sectores de la comunidad- hasta las inundaciones y deslaves, como en las colonias Sánchez Taboada y Lomas del Rubí, dejando a más de 400 familias sin hogar.
Refirió que la administración fue recibida con una deuda superior a los 32,000 millones de pesos, y que con este ajuste que se pretende, se podrían ahorrar casi 74 millones, que irían para la atención de los problemas generados por la contingencia.
Pues bien, poco rato después de anunciado esto, el legislador Juan Manuel Molina informó, que la fracción de Morena había presentado una iniciativa en la que los inicialistas eran Montserrat Caballero, Miriam Elizabeth Cano, y él mismo, para reducir ¡en un 50% los recursos a partidos políticos!
Este legislador comentó -de igual manera- que la pandemia mundial de Covid 19 que afecta a Baja California, los lleva a tomar una serie de medidas para hacer frente al plano financiero, y por esto la intención de esta propuesta.
¿Qué es lo que pasó aquí!?
Obviamente lo pregunté en ambos sectores, y la respuesta unificada -supongo que para no hacer más olas- fue que la intención es que se revisen ambas, y que de las dos salga, la que finalmente será aprobada. ¡Ah! Y que esto es normal en la vida legislativa.
Y, definitivamente, es cierto que suele suceder que cuando dos legisladores o dos fracciones quieren lucirse con un mismo tema, y no se pusieron de acuerdo sobre quién la presentaría, recurren precisamente a esto, para que se llegue a una decisión salomónica.
Además, ¡claro que me ha tocado verlo! Sin embargo, nunca había visto que diputados de la misma fracción se enfrentaran de esta manera (aunque digan que no es enfrentamiento), porque siempre lo resolvían antes, y mucho menos, que lo hicieran, cuando el inicialista es precisamente el gobernador emanado de su partido.
Me pregunto: ¿Qué necesidad de hacer esto, si en realidad dicen lo mismo? El propósito es exactamente el mismo, y los argumentos son -tambien- los mismos, y solamente varía en el porcentaje establecido por ambas partes, por apenas 2%. Pero acepto la explicación.
De hecho, dicen que esto será analizado en la sesión del viernes 6 de julio, porque en la de este próximo viernes, se discutirá para definir -también- la desaparición de la figura de diputados de lista, en una iniciativa presentada por Morena
PD.- En algún momento, el gobernador del Estado señaló lo que ya nos había dicho el fiscal regional Guillermo Ruiz Hernández: “que lo estaba dejando sin clientes”, porque estaba procediendo contra éstos, por no cumplir con sus obligaciones con Tijuana y con el Estado.
PD1.- Y esto viene a colación, porque una parte importante de los que están siendo sometidos a investigación por evadir, según se dice, durante años el pago del servicio del agua o el drenaje, son precisamente sus clientes.
PD2.- Así es que no pueden esperar que el fiscal meta la mano por ellos para que les concedan cierta gracia, porque inclusive, al mismo Titi le mandaron cortar el agua en su edificio de la zona del Río, que también tenía un fuerte adeudo, según dijo el reportero del barrio.
PD3.- El asunto aquí no es que el Titi Ruiz fuera “mala paga” sino que el propietario de ese inmueble, Salomón Cohen había olvidado el pequeño detalle de mandar pagar lo que se adeudaba por concepto de consumo, y como no se veía cuándo esto se cubriría, entonces se procedió al corte. Ya se pagó, ya se reconectó y “colorín, colorado”.
PD4.- Bien que, desde un principio, el Titi Ruiz sentenció que él como el abogado Guillermo Ruiz Hernández tenía muchos amigos, pero que la fiscalía lo que tenía, eran expedientes.
PD5.- Pues hoy el tema del agua le ganó el protagonismo al secretario de Salud Alonso Pérez Rico, ya que diariamente -además del mensaje político (le podríamos llamar)- que emite el gobernador Jaime Bonilla Valdez, lo que nos interesa escuchar es lo que el doctor nos tiene que decir sobre el Covid 19, haciéndonos “brincar” todo lo demás, de las empresas, las despensas, la seguridad, y otros avisos que se producen.
PD6.- Sin embargo, este día, el episodio que nos brindaron con el reporte que presentó el representante de Fisamex, y las fuertes denuncias del gobernador de la entidad, hicieron que nos concentráramos en lo que tiene que ver con el tema del agua, y los adeudos que tiene la Cespt.
PD7.- Y es que, lo que siempre ha sido un “secreto a voces” -porque sólo se comentaba de manera extraoficial -aunque nadie lo transparentara, ni mucho menos lo denunciara- ahora quedó no solamente plasmado en un informe, sino documentado con cifras, testimonios, e imágenes fotográficas, y en video, sobre personas y empresas hasta ahora “intocables”.
PD8.- También salió a flote lo que hacían algunos operadores o tramitadores, que ya tenían su “modus vivendi” realizando supuestos trámites en esa paraestatal, ofreciendo beneficiar a sus clientes, pero, sobre todo, favorecer sus bolsillos -de ellos mismos, dirían, valiendo la redundancia- porque eran los famosos “coyotes”.
PD9.- Y de esta forma se explica también por qué algunas empresas de inversión extranjera, que normalmente cumplen “al pie de la letra”, con lo que las leyes y reglamentos de sus respectivos países obligan, acá no lo hacían; y podemos convenir -tal vez- en el hecho de que intermediarios les convencieron de que así se hacían las cosas aquí, y les ofrecían facilitarles sus trámites, lo que les facilitaba -a dichas compañías- sus operaciones.
PD10.- ¡Qué día -en verdad- nos han dado desde el gobierno del Estado, en materia informativa!
PD11.- Debo darle un punto a su favor a la secretaría de Honestidad y de la Función Pública Vicenta Espinosa Ramírez, una de las figuras que el gobernador mencionó como posibles candidatas para sucederlo, provocando en mi persona hacer unas caritas y gestos que, si se tradujeran a emojis, ya sabrían cómo saldrían.
PD12.- Y con esto no estoy diciendo -todavía- que estoy de acuerdo en que está capacitada para contender por esa posición, sin embargo, debo de reconocer que tras la entrevista que dio en nuestro programa al compañero José Enrique García Sánchez, la señora mostró conocimiento, y que tiene facilidad para expresarse, además de claridad en sus pensamientos, y conocimiento del tema que aborda.
PD13.- No puedo decir lo mismo -aún- de la coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado Montserrat Caballero Ramírez, quien hasta el momento nos ha dado muestras a través de sus declaraciones, de que todavía está “muy verde” y no conoce de la realidad política, porque habla de generalidades y reproduce los argumentos de la izquierda, en el sentido de que todos son malos, en los sectores que tradicionalmente -para ellos- son sus enemigos.
PD14.- No es lo mismo a presentar pruebas testimoniales y documentadas de las denuncias que se hacen, con cifras, fechas, declaraciones, y acciones cometidas, como se hizo este día (con relación a los grandes deudores de la CESPT), a decir solamente que los empresarios “les dan una lanita a los inspectores de Cofepris para dejarlos actuar, dentro de un mundo de irregularidades”, sin comprobarlo.
PD15.- Por cierto, pese a que los restauranteros informaron desde ayer en forma directa a la también presidenta de la Jucopo y de la Comisión de Salud, Monserrat Caballero, que no asistirían a la reunión programada para este día, trascendió que la legisladora comentó, que ella estaba en la sede del Congreso, esperándoles, pero que prácticamente la habían dejado “plantada”.
AFN POLÍTICO: El gobernador denuncia a Múzquiz
11:21 HORAS. - TIJUANA BC 27 DE MAYO DE 2020 (AFN). - El gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez denunció esta mañana el caso de un fuerte adeudo de la familia Múzquiz, tras encontrar evasión millonaria a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y por muchos años, por concepto de derechos de agua, tan solo en uno de sus parques industriales, ahora a cargo de Carlo Enrique Múzquiz Dávila, al frente del grupo MUSA.
Durante el mensaje que inició alrededor de las 10 de la mañana de hoy el gobernante cumplió con lo advertido previamente, en el sentido de que cada miércoles estaría proporcionando información de todos aquellos empresarios y compañías que estuvieron evadiendo sus pagos, pese a tener grandes instalaciones en sus empresas y negocios.
Las denuncias del gobernante se dan dentro del marco de una campaña que se ha realizado en su contra, a través de la cual se le ha tratado de “extorsionador”, mediante quejas y denuncias públicas de otros empresarios que han dicho que se les pretenden hacer fuertes cobros sin bases legales y con “cálculos al aire”.
Apoyado por el representante de la empresa que ha estado haciendo la auditoría en la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPT) Jaime Bonilla refirió que conoce al empresario (Múzquiz), sin embargo, dijo que es obligación informar sobre lo que ha ocurrido en este sentido. De igual forma, se dieron nombres de otras empresas, incluidas de inversión extranjera, que han abusado.
Luego, tras manifestar su asombro por esta situación, Bonilla Valdez señaló entenderlo “si el anterior gobernador -refiriéndose a Francisco Vega de Lamadrid no pagaba el agua” dijo.
Para esto mostró videos de las inspecciones realizadas donde se da cuenta de las tuberías que la propia empresa instaló en el parque industrial al que se referían, como parte de la mecánica para evadir los pagos.
De igual forma se dieron datos de otra empresa que hace más de 40 años no cumple con sus obligaciones en este sentido, y se tenían datos de más compañías en la misma situación.
Más adelante, al concluir esta columna, les daré más datos, ya que al igual hay otras empresas y empresarios que están a punto de aparecer.
