*.- El pretendido levantón que resultó operativo
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 10 DE ENERO DE 2020 (AFN).- Víctor Manuel Clemente Galván, el ex funcionario priista que recientemente renunció a su cargo como sub delegado dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en medio de una averiguación que lo involucraba y que derivó en una acusación en su contra por una supuesta desviación millonaria de recursos por cobros que no se hicieron –según se dijo- a deudores del IMSS, está buscando su reinstalación en la institución.
Para esto presentó una demanda ante la autoridad federal encargada de estas controversias obrero-patronales, la cual está seguro de ganar, porque no obstante que acepta que firmó su renuncia “por voluntad propia”, asegura que esto lo hizo presionado por la desconfianza y señalamientos del todavía delegado en Baja California y Sonora, Salvador Morales Riubí.
Clemente Galván, en plática con AFN, aseguró que no busca regresar por el trabajo “ni por la paga que esto trae consigo”, sino para limpiar su nombre, porque considera que es una injusticia el que se le haya acusado de un delito -que afirma que no cometió- porque además, afirmó, por las rigurosas medidas que tiene la propia institución, es difícil hacer movimientos que lleven a ese resultado.
Señaló que lo que Morales Riubí consideró un mal manejo de dichos recursos fue más bien “desconocimiento” de la forma de operar de la autoridad de salud, ya que si bien es cierto, los patrones deben hacer sus pagos al Seguro Social, históricamente han quedado gran cantidad de cuentas en todo el país, sin poder ser cobradas, por diversas razones como: cambio de domicilio, porque no se encuentra al patrón, o por diversas causas, lo cual hace que lo correspondiente vaya quedando en “cuentas por cobrar”, aunque aseguró que nunca prescriben, y siempre habrá la oportunidad de que finalmente se paguen.
Señaló que esto lo saben perfectamente en las oficinas centrales, y que por lo tanto, cuando este caso se presentó de manera directa ante él, que fue convocado para explicar las acusaciones que se le hacían, se le dijo al propio delegado Morales Riubí, que no conocía de los procedimientos y que en este caso, no se advertía ningún mal manejo, ni –mucho menos- desviación de recursos.
Negó asimismo una versión que nos hicieron llegar, en el sentido de que deliberadamente dejaba de cobrar esos adeudos a los patrones, y que como parte de un “negocio particular”, los canalizaba con su hijo, el abogado Israel Clemente González, para que éste los defendiera ante tribunales, y que ya con el resultado favorable para estos, cubrieran un porcentaje por “honorarios”, ya que el Seguro Social no recurriría las sentencias.
Israel Clemente González (Foto FB)
Al respecto, su hijo Israel Clemente -quien lo acompañaba- comentó con AFN que nunca ha litigado temas que tienen que ver con el Seguro Social, ni tampoco con empresas de Baja California, ya que sus clientes –aseguró- se encuentran entre corporativos de otras partes del país.
Israel Clemente está seguro, según lo que narró, que los “golpes” y la acusación que se le hicieron a su padre, fue para “golpearlo” a él mismo, porque sabían que estaba muy cercano al gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez (con quien participó en la campaña), y que sería integrado a una posición dentro de gobierno, como finalmente ocurrió, cuando se le ubicó dentro de la Secretaría de Salud.
De ahí salió recientemente, por instrucciones del secretario Alonso Pérez Rico, aunque comentó que fue él mismo quien presentó su renuncia, al percatarse de que muchas cosas no marchaban bien
La salida de Israel Clemente se derivó de una publicación que hicimos en el sentido de que éste había sido detenido en enero de 2006 y sentenciado a 7 años de prisión (además del pago de 97 mil pesos), por la supuesta comisión del delito de “lavado de dinero”, ya que fue sorprendido en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, llevando en efectivo $725,000 dólares, que la entonces Procuraduría General de la República afirmó -a través de sus voceros- que no reveló la procedencia de los mismos.
Pero Clemente cuenta otra historia, ya que advierte que a su llegada a ese puerto aéreo notificó a la representación de Aduanas que llevaba ese dinero en efectivo consigo, e inclusive mostró copia de la declaración que hizo, en los formatos que se entregan a los pasajeros.
Refiere que les comentó que el dinero era parte de un pago que habrían de hacer por la compra de un terreno para desarrollar un proyecto turístico en Veracruz, ya que el propietario les había solicitado que una parte se hiciera en efectivo.
Aseguró que el dinero era de un grupo de amigos (en el que se incluía) que se había interesado por ese predio “porque estaba en muy buenas condiciones” y era ideal para el proyecto que tenían.
Recordó –además- que la ley en México establece que no es delito transportar dinero en efectivo, sino que el delito es No declararlo, y obliga a esto (solamente) a quienes entran o salen del país.
“Yo no estaba entrando ni saliendo, sino que estaba transitando dentro del mismo territorio nacional, y pese a eso hice mi declaración -agregó el ex funcionario estatal- quien aseguro que esto mismo fue presentado como prueba ante el juez que conoció de su caso.
Señaló que gracias a eso -y a otras pruebas que presentó ante el juzgador- él recobró su libertad en diciembre del mismo año, aunque reconoce que ya no lo hizo público, para evitarse mayores problemas.
Mostró copia de la resolución del juez, lo mismo que un documento de la Secretaría de Hacienda, que en 2010 ordenó devolver lo decomisado a este grupo de inversionistas, pero no solamente la cantidad incautada, sino que la cifra final fue superior ya que se obligó a la autoridad responsable, a pagar los intereses por el tiempo transcurrido.
Padre e hijo se dolieron de esta situación, que señalan que les ha tocado vivir, como consecuencia de “los tiempos políticos” que hoy se presentan.
Sobre su paso por la Secretaría de Salud, Israel Clemente afirma que logró poner en orden el caos que había en materia administrativa, apoyado por Tania Díaz de León Benítez, a la que también decidieron sacar de esa estructura bajo el argumento de que “es una persona cercana a la ex oficial mayor del gobierno del Estado, Loreto Quintero Quintero”, sin embargo afirma que fue él mismo quien le pidió que continuara en su cargo (cuando recién entró) porque ella conoce muy bien del tema y sabe dónde se presentan los problemas.
Refirió que antes de salir, logró sacar adelante la convocatoria para la licitación que se debe hacer para proveedores, con lo que se garantiza que podrían presentar sus propuestas todos aquellos que así lo desearan, y no que se continuara favoreciendo a un solo proveedor como venía sucediendo.
Pues ahí tienen las dos partes… y las dos versiones (de los señalados y de los que acusan) para que cada uno de ustedes llegue a su propia conclusión.
*.- El pretendido levantón que resultó operativo
Ni se trató de un intento de levantón o de secuestro, y mucho menos de un empresario, de esos emprendedores como ayer se dijo, sino que lo que pudimos ver a través de un video hecho llegar a Agencia Fronteriza de Noticias, fue un pretendido -y finalmente frustrado- operativo de la Guardia Estatal en torno de un hombre, que según esto, es acusado de lavado de dinero.
La forma en que se desarrollaron los hechos, aunque no se blandieron armas largas (públicamente) ni hubo violencia manifiesta, preocupa a muchos, y más por los comentarios que empezaron a surgir en redes, en el sentido de que se trataba de un “comando armado”, artefactos que nunca se vieron, que “andaba secuestrando o levantando a hombres de negocios”.
El operativo -según se dijo- tuvo lugar en la colonia Loma Dorada de la delegación Cerro Colorado, donde al parecer ya estaban advertidos los agentes estatales de que su objetivo se aproximaba. Así es que se pusieron en marcha cuando vieron aparecer al mismo, en compañía de otra persona, caminando de manera despreocupada, a unos cuantos pasos de la entrada de lo que parece ser su domicilio.
Como ya es el conocimiento de ustedes, al percatarse de la llegada -en forma abrupta- de hombres desconocidos, en vehículos (sin ninguna identificación oficial) el “objetivo” voló, y apenas “por una nariz” -dirían algunos- les ganó la tirada, y logró entrar junto con la otra persona al domicilio, cerrando la puerta en las “narices” de los elementos estatales.
Esta forma de hacer una detención (que no es nada nuevo, ni extraña, porque así lo han hecho tradicionalmente los agentes estatales, ministeriales, y de los grupos de inteligencia), provocó comentarios diversos, algunos en el sentido de que esa falta de identificación, les permite, lo mismo hacer levantones y secuestros, para pedir “recompensas”, que cumplir con una obligación oficial.
Pero otros justificaban con el hecho de que esta es la forma de sorprender a quienes actúan al margen de la ley, y que siempre escurridizos; se esconden, se fugan o no atienden los citatorios, precisamente porque saben que no andan nada bien.
El individuo sobre quienes iban los elementos de la Guardia Estatal, que no fue identificado, pero que sí se dijo que no tenía que ver con la producción de cerveza artesanal, seguramente supo en ese momento de qué se trataba el operativo y se trató de cubrir, haciendo llegar la versión en el sentido de que pretendían “levantarlo o secuestrarlo”, afirmando además que supuestamente habría recibido amenazas previas, por lo que decidió poner “pies en polvorosa”, y refugiarse en Estados Unidos, a donde familiares aseguraron que huyó.
Definitivamente, las autoridades tienen la obligación de buscar un método que dé tranquilidad a la población, y que les permita llevar a cabo su misión, ya que el hecho de presentarse sin ninguna identificación oficial, o característica que haga suponer que se trata de los “buenos”, precisamente lleva a pensar que grupos delincuenciales podrían actuar de la misma manera, para hacer que entren en confianza aquellos sobre los que van.
Aquí lo que en un principio hizo descartar que se tratase de un grupo criminal actuando ilegalmente, fue el hecho de que los elementos, si bien, bajaron de manera apresurada -y tratando de meterse a la fuerza al domicilio- no llevaban las armas al aire, ni tampoco pretendieron huir despavoridos, como siempre ocurre cuando algo no resulta bien.
Al margen de eso, tampoco se agarraron como locos disparando a diestra y siniestra para dejar el “recuerdito” de su visita, como es algo común entre individuos del crimen organizado, con la idea de hacer un daño a su víctima.
PD.- Mientras que los partidos opositores, y quienes no están de acuerdo con el gobernador Jaime Bonilla Valdez reiteran sobre una ilegalidad de los nuevos impuestos creados y aumentados, el Ejecutivo estatal parece avanzar en su campaña de convencimiento, con los sectores que serían afectados.
PD1.- Además de los grupos de gasolineros que ya dijeron que lo apoyarían, uno de éstos de manera contundente, y el otro todavía negociando, así como los hoteleros -que ayer también manifestaron su apoyo- hoy apareció un nuevo “actor” en este tema, que abiertamente afirmó que apoyarían “a nuestro gobernador”, como así lo calificaron.
PD2.- Se trata del grupo Silza, que es una de las dos grandes empresas que comercializan gas en la entidad, y que a raíz de todo lo que se ha dicho, publicó un desplegado haciendo notar que absorberán el impuesto que les será aplicado, sin trasladarlo a los consumidores.
PD3.- Bien dicen que “el miedo no anda en burro”. Y es que además de ir en contra del monopolio en los casinos, también se habla de muy pronto abrir el mercado a otras empresas vendedoras de gas.
PD4.- El presidente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez, ya está muy metido en su rol de dirigente del partido blanquiazul, y hoy en Ensenada manifestó la oposición de su partido a la aplicación de los nuevos impuestos. Méndez Juárez, aseguró que será una oposición digna y responsable, pero que eso no le impedirá criticar aquello que se esté haciendo mal.
PD5.- Por cierto, la dirigencia nacional de ese partido que encabeza Marko Cortés nombró a un delegado en Baja California, nombramiento que recayó en el diputado federal Carlos Castaños, el que esperemos que ahora sí esté aquí, apoyando a sus compañeros, y no como otros que hacen “pisa y corre”.
PD6.- Al abordar -de nueva cuenta este día- el tema del aeropuerto de Tijuana, el presidente municipal Arturo González Cruz reveló que existe una posibilidad de que los empresarios españoles terminen aceptando el adeudo que tienen con la ciudad, ya que dijo que han tenido pláticas con estos, y que han estado considerando la posibilidad de realizar convenios de pago. Dijo algo que no habían comentado hasta el momento, en el sentido de que existe disponibilidad -hoy día- para llegar a una solución.
PD7.- Por otra parte, reveló que lo que se adeuda en estos momentos a Tijuana por concepto de impuesto Predial, oscila entre los 123 millones de pesos. Y pensar que eso lo trataron de cubrir con una tarjeta VIP Lounge, para que el alcalde de Tijuana (que tiene posibilidad de eso y más), pudiera aprovechar los beneficios que se otorgan a “clientes distinguidos”, en salas de primer nivel, en las terminales aéreas de los puertos aéreos de este grupo.
PD8.- Lo que no habíamos observado lo comentó ayer nuestro compañero Enrique Sánchez Díaz, al hacer notar que estos empresarios le extendieron esta atención al presidente municipal, con una vigencia al 2021, precisamente cuando concluye su cargo como mandatario municipal.
PD9.- La vinculación a proceso que ayer se hizo del abogado Gerardo Castillo por un escandaloso fraude que perpetró en contra de un médico, nos permitió entrar a otro tema que estaba pendiente, y que era el de otro más escandaloso fraude, en contra de beneficiarios del Infonavit.
PD10.- Sucede que este abogado fue el que asignó de manera ilegal más de 11,000 viviendas de Infonavit -entre los años 2015 y 2016- en perjuicio de igual número de familias a las que despojó, contando para esto con la participación de alguna manera de la juez Quinto de lo Civil María del Rosario Plascencia Ibarra.
PD11.- Al descubrirse esto la juez fue separada de su cargo además de que se inició un procedimiento en su contra. Ahora, en un trabajo bajo la firma de Sonia de Anda, sabemos que esos miles de derechohabientes afectados podrían, en un momento dado, recuperar sus viviendas, según la entrevista que dio el presidente del colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, Sergio Alberto Carvajal Franchini, la cual le sugerimos que lean.
