*.- Gastélum amenaza con denunciar por exhibirlos
*.- Las investigaciones -adentro y afuera- del gobierno
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 19 DE DICIEMBRE DE 2019 (AFN).- Pues aunque podría decirse que fue una sorpresa la selección de Olga Elizabeth Ojeda Mayoral como la primera Fiscal Anticorrupción en Baja California -por un periodo de cinco años- tal vez no lo sería tanto si consideramos la forma de analizar las cosas y de actuar del gobernador Jaime Bonilla, porque si bien –técnicamente- se puede decir que fue seleccionada por los diputados del Congreso local, no se puede descartar que el mandatario hubiese ponderado las fortalezas y debilidades de cada uno de los -por él- propuestos, porque, por algo es la facultad del gobernante presentar una terna y si así lo hace, incluye a quienes considera que pudieran ser.
Y lo interesante del caso, es que también rompieron con esa tradición -no escrita- de seleccionar al que envían como primero de la lista, ya que a Ojeda Mayoral la ubicaron en la tercera posición, después de Javier Sánchez Serrano, ex ministerio público federal, y Humberto Valdez Ramos, abogado conocido, relacionado ahora con Morena. También con esto, se puso fin de un “plumazo” a las versiones que corrieron desde ayer, dando ya por hecho, una designación con la que volvieron a golpear, y hasta nacionalmente, al gobierno de Bonilla.
Los diputados del Congreso local favorecieron a Ojeda Mayoral con 23 votos, contra uno sólo para el “pato” Valdez, y ninguno para Sánchez Serrano, además de que hubo un “voto en blanco”. De la nueva fiscal anticorrupción se sabe solamente que vive en Mexicali y que ha sido “abogada corporativa”, además de que ha laborado en bancos, pero nada más… No tiene trayectoria pública, ni en el sector gubernamental, ni tampoco en colegios de ese sector.
Ahora, tal vez eso sería una ventaja para ella, porque si es una profesionista (como se deduce) seria, pero sobre todo inteligente y exitosa en su campo, entonces llegará sin compromisos ni filias o fobias para realizar el mejor de los trabajos.
Hay que recordar que su primer encargo no será “miel sobre hojuelas” porque deberá de emprender la investigación de los presumibles actos de corrupción cometidos en la pasada administración, empezando por la denuncia que ya existe sobre la desviación de 1200 millones de pesos que se atribuyen al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, y que supuestamente alcanza a sus ex secretarios de Finanzas: Antonio Valladolid Rodríguez y Bladimiro Hernández, así como a la actual diputada local Loreto Quintero Quintero, y ya entrados en gastos, hasta al diputado ex panista Miguel Ángel Bujanda Ruiz. Sería interesante saber cómo votaron estos legisladores.
Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, según nuestros compañeros reporteros de a AFN en Mexicali, es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, y tras graduarse de esa institución fue subdirectora jurídica de una institución bancaria en la capital del Estado. También ha trabajado en despachos privados.
Su perfil, nos dicen, señala que Ojeda Mayoral es especialista en litigio civil, mercantil, amparo y corporativo.
*.- Presentan denuncia contra El Patas y colaboradores
Lo que también resultó una sorpresa -aunque se esperaba- fue el anuncio que hizo el presidente municipal de Tijuana -Arturo González Cruz- en el sentido de que interpusieron seis denuncias ante la fiscalía general del Estado, en las que se involucran 16 ex funcionarios municipales de la anterior administración, y aunque no los mencionó por su nombre (por la “secrecía” del proceso), de inmediato trascendió que dentro de éstos se encuentran el ex alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y hasta su suplente, el doctor Eduardo Terreros Martínez, quien fungió -por poco tiempo- como alcalde sustituto.
Lo que sabíamos hasta el momento es que el departamento jurídico del ayuntamiento de Tijuana estaba integrando los expedientes con todas aquellas irregularidades que fueron detectadas por los nuevos funcionarios en cada una de las dependencias, y también nos enteramos de que lo que integraron y lo remitieron a la sindicatura procuradora para las acciones correspondientes, que hoy nos dijeron, sería el determinar las sanciones administrativas que correspondan.
Por lo poco que se pudo saber, al ex alcalde lo están acusando por “usurpación de funciones”, entre otras cosas, ya que se dice que descubrieron documentos firmados por él cuando se encontraba con licencia, porque competía por su reelección en el reciente proceso electoral, y había un presidente suplente. Probablemente a Terreros le estén fincando alguna responsabilidad por haber permitido esto, o por algunos otros asuntos en los que en su momento el entonces candidato Arturo González Cruz le mandó decir que tuviera mucho cuidado con lo que hacía porque podría incurrir en alguna irregularidad, o inclusive delitos.
Se señala que entre los probables acusados estarían también: el secretario de gobierno, Leopoldo Guerrero; el tesorero Ricardo Chavarría Morales, y la oficial mayor, María de Los Ángeles Olague, además de otros entonces colaboradores del panista, del que efectivamente en ese entonces se decía que no obstante encontrarse en campaña, y por lo tanto impedido de ejercer sus funciones como presidente municipal, realmente era el que hacía y decidía, pasando por encima de su suplente, y con el respaldo de sus principales colaboradores que quedaron en la administración “cuidando el changarro” dirían algunos.
De algunos de los delitos que se les atribuyen, se dijo además del mencionado, destacarían: infidelidad de custodia de documentos y violación de secreto, así como el de corrupción, ejercicio ilícito, abandono del servicio público, y uso ilícito de facultades omisión.
*.- Gastélum amenaza con denunciar por exhibirlos
El ex alcalde respondió a través de una entrevista con el periodista Odilón García, al que dijo que procederán penalmente en contra de estas autoridades por la falsedad de sus acusaciones (no obstante que no se precisaron), y también por hacerlo –supuestamente- con dinero público. Le advirtió que aunque esta administración está en su derecho de hacer lo que considere correcto, ellos, o sea él y sus ex colaboradores, también lo están para hacer “las defensas y acciones necesarias para acreditar lo que ellos afirmen -o afirman- (que) es falso de toda falsedad”.
Le dijo al periodista que esperará los tiempos, y los citatorios en caso de que estos se den, y aceptó que asistirá “en términos de la ley” a las audiencias; luego le dijo textual:
“Pero así como haremos lo necesario para acreditar la falsedad de sus dichos iniciaremos las gestiones necesarias para proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, al valerse de falsedades para con dinero público denunciar falsamente, y el empleo de dinero público para publicitar las acciones dolosas”.
*.- Las investigaciones -adentro y afuera- del gobierno
Pues todo parece aclararse, y por lo menos ya sabemos qué hará cada quien dentro de este confuso panorama. Con la elección de la nueva fiscal anticorrupción por parte del congreso del Estado, la abogada arriba señalada deberá investigar al ex gobernador Kiko Vega y sus ex colaboradores como ya les comentábamos. Ella será autónoma; no dependerá de la fiscalía general y tendrá su periodo una vigencia de cinco años.
Por lo que se refiere a la fiscalía a cargo de Guillermo Ruíz Hernández, esta investigará lo que primero fueron “moches” y que finalmente quedó en fraude entre particulares, que como haya sido cometieron un delito que podría llevarles hasta enfrentar cargos por “lavado de dinero”. Como les adelantamos en días recientes, y ayer lo confirmó el delegado único Jesús Ruiz Uribe, ya se están dando los interrogatorios como ocurrió en el caso del sub delegado Federal Jaime Rojo.
Vicenta Espinoza, habrían señalado, continuará la investigación interna para establecer sanciones administrativas en caso de encontrar irregularidades, sin embargo, todo aquello que sea un indicio de delitos cometidos deberá canalizarlos a la fiscalía general. Esta fiscalía también deberá investigar las acusaciones hechas por el gobierno municipal de Tijuana en contra de los ex alcaldes Gastélum Buenrostro y Terreros, en tanto que la sindicatura procuradora habrá de sancionar en lo administrativo a quienes encuentre responsables de alguna irregularidad, al margen de también remitir a la fiscalía aquellos casos en los que se presuman delitos.
*.- La terna Anti-corrupción que tiene el Congreso
9:11 HORAS.- Este jueves el Congreso del Estado deberá celebrar sesión en Mexicali, y todo hace indicar que sería a través de una extraordinaria, que estaría programada para la tarde/noche.
Si las cosas van como se ha dicho, el tema principal podría ser el de la elección del nuevo fiscal Anticorrupción que deberá atender las acusaciones que se están haciendo en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid -y algunos de sus principales colaboradores- por supuesta desviación de recursos públicos- entre otros- el más fuerte- por 1,200 millones de pesos.
El Congreso a cargo de Víctor Manuel Morán Hernández (quien por cierto quiere ser gobernador, alcalde, o hasta representante de colonia, lo que se pueda), ya tiene en sus manos la propuesta que envió hace unos días el gobernador Jaime Bonilla Valdez y que está conformada -como les adelantamos el pasado lunes 16 de los corrientes- por tres abogados, entre éstos, una mujer.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/102113_afn_politico_y_el_fiscal_anticorrupcion_es#ver_nota
Con una copia del documento en manos de Agencia Fronteriza de Noticias se confirma también lo que decíamos, en el sentido del orden que llevan los abogados propuestos, y que son; Enrique Sánchez Serrano, ex ministerio público federal en Baja California, en la primera posición; Humberto Valdez Ramos, ex asesor del procurador Antonio Martínez Luna (en el tiempo de Eugenio Elorduy Walter) y más recientemente, dentro de Morena, en el número 2, y en el número 3, la abogada Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, profesional del derecho, quien es, y vive en Mexicali.
A raíz de la presentación de esa terna, se soltaron varias versiones e inclusive aparecieron publicaciones manejando equivocadamente el orden de la misma, y aunque ha sido costumbre que el primero en el listado sea el que lleva la “bendición” del gobernador de la entidad, Jaime Bonilla ha insistido en que dejará que los diputados decidan para que “gane el que tenga más votos”. ¿Será posible que eso pase en Baja California?
Lo que sí es una realidad, es que los diputados deben decidir de manera consciente y responsable en este caso, porque no es cualquier cosa el paso que van a dar, sobre todo considerando la situación por la que atraviesa la entidad y los problemas que está enfrentando el actual gobierno estatal.
El pasado lunes nosotros aventuramos que el nuevo fiscal podría ser el ex agente del ministerio público federal pero le decían al reportero del barrio que el piso será parejo y que los tres mencionados están siendo examinados por los diputados para tomar una decisión.
PD.- Ahora sí que ya sé quién tendrá oportunidad de demostrar que efectivamente es “muy buen abogado”.
PD1.- También puede recurrir a la ex síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde, que también reiteraba frecuentemente, que ella sí sabía de derecho y que al igual, era una buena abogada. Por cierto, un saludo, porque de ella ya no se ha vuelto a saber nada.
PD2.- ¿Quiénes serán los otros denunciados además de quienes ocuparon las principales posiciones en la pasada administración municipal?
PD3.- Lo bueno de que ya cada área tendrá su función delimitada, será el hecho de que dejaremos de ver publicaciones -aquí y allá- que más bien parecen “golpes” y venganzas, que resultado de investigaciones que no se sostienen con pruebas, como las que unos cuantos medios hemos consignado.
PD4.- Por cierto, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther envió hoy una aclaración que publicó en Twitter, mediante la que desmiente la publicación que señala que circuló la revista Proceso, afirmando que: “No soy socio de la sociedad que menciona la revista Proceso. Jamás ha operado. No realizó una sola operación. Mucho menos tiene vínculo comercial con un gobierno o funcionarios. Es falso que el SEA haya pedido sea investigada. La nota carece del rigor periodístico. Investiguen.
PD5.- Más adelante presentó documentos que asegura que son la respuesta de su despacho: “a la tendenciosa y falsa información que presenta, insisto, sin rigor periodístico, la revista Proceso”, afirmó De Hoyos.
PD6.- Hasta el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez apareció para rechazar los comentarios que recientemente hizo a través de su colaboración tradicional el ex Procurador de los derechos humanos Raúl Ramírez Baena. En esa columna publicó un mensaje (que hasta hoy vimos), en el que establece que no obstante que es inusual que se involucre en respuestas a una publicación que le incrimina, criticó el hecho de lo que Ramírez dice en torno a él, y sobre el recién detenido ex secretario de seguridad pública del país Genaro García Luna.
PD7.- Textual, el teniente coronel señaló sobre lo dicho por Ramírez Baena, que: “por lo menos, quien opina tan burdamente, debería documentarse y saber de qué habla, y no exponerse a ser sólo un fantoche”. Se refiere a las acusaciones que el activista hace en el sentido de que atacó al cártel Arellano para “proteger al cártel de Sinaloa”, lo cual dijo el militar en retiro que es la cosa “más alejada de la realidad”, y sugirió que cuando no se conoce el trabajo de los demás, regularmente se cometen estos agravios, sin un soporte por lo menos histórico, así es que llamó Ramírez a “documentarse y saber que el Teo “a quien perseguí junto con su compadre el muletas y la perra, con quienes se llevó una lucha muy fuerte”, dijo, “eran parte del cártel de Sinaloa, pero tratar de explicarle esta situación aquella persona que agrede por sistema, concluye es imposible”. Lo mandó a que por lo menos se ponga a leer la historia.
PD8.- Donde dicen que la guerra sigue a todo lo que da es dentro de Palacio Municipal, entre la síndico procuradora Melli Espinoza y el presidente municipal Arturo González Cruz. De hecho refieren que mañana, en sesión extraordinaria de Cabildo, le van a quitar las atribuciones que tiene sobre el tema de las grúas y arrastres y las pasarán a la dirección de Obras y Servicios Públicos, no obstante que la síndico ya estaba en pláticas con estos concesionarios a quienes les había ofrecido “piso parejo”, sobre todo porque se vienen las licitaciones.
