*.- Entre éstos el ex Tesorero, la Oficial Mayor y el secretario Zabel Solís Ruiz
*.- El ?derrape? de Aboytes: pide cerrar los ojos ante irregularidades del transporte

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 28 DE OCTUBRE DE 2019 (AFN).- El gobierno de la ciudad empezó ya a citar a ex funcionarios del gobierno municipal pasado, y no se trata tan sólo de figuras menores sino de titulares de las principales dependencias de la administración local, y aunque se habló del más cercano colaborador del ex presidente municipal panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, su secretario particular Zabel Arturo Solís Ruiz, por la noche corrigieron la información oficial señalando que "por el momento", este funcionario no está entre los "convocados". 

El citatorio partió de la Consejería Jurídica a cargo del abogado Salvador Gómez Ávila quien señaló que esto tiene como propósito que expliquen sobre irregularidades que se han detectado dentro de sus oficinas, en las cuales se han hecho observaciones por inconsistencias y omisiones en la información que entregaron al concluir su periodo.

El abogado del gobierno local comentó que esto se hace en cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Entrega- Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, por lo que deberán comparecer este martes 29 de octubre, esto muy seguramente, aparte de las acciones que por su lado tendrá que realizar la sindicatura procuradora a cargo de Melli Espinoza, aunque se hizo saber que tras esas entrevistas se daría vista a la oficina señalada.

Por este motivo, mañana martes 29 de octubre se verá el desfile de por lo menos 15 ex funcionarios, entre quienes destacan las cabezas de cuatro direcciones dependientes de la presidencia municipal, entre quienes se encuentran la titular de la Unidad de Transparencia de ese gobierno, Melisa Sansores; la que fue titular de Atención Ciudadana, Mayra Maldonado Alcocer; la última titular de Comunicación Social, Diana Escalante, y la jefa de Administración de presidencia, Ana Isabel López.

Por lo que se refiere a los funcionarios de alto nivel que también han sido citados, se hizo saber que se trata del ex tesorero municipal Ricardo Chavarría Morales; el ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Everardo Lona López; la oficial mayor María de los Ángeles Olague Contreras -quién soñó en convertirse en síndico procuradora de esta administración, si ganaba su partido- y otros más. 

Según Gómez Ávila, estos ex funcionarios deben aclarar y/o dar información adicional sobre diversos rubros que incluyeron en el acta mediante la que rindieron cuentas del cargo que ocuparon en la pasada administración, y que concluyó el último día de septiembre del año en curso.

Pero no sólo serán solamente estos quienes deberán comparecer ante las nuevas autoridades sino que también serán llamados otros funcionarios, ya que la nueva administración está todavía dentro del plazo de 45 días posteriores que la ley les otorga para hacer todas las aclaraciones pertinentes, y en su caso presentar las acciones legales que correspondan.

*.- El ?derrape? de Aboytes: pide cerrar los ojos ante irregularidades del transporte

Como consecuencia de la inexperiencia que todavía tienen por ser nuevos dentro de la administración pública, y muy seguramente movido por el deseo de no provocar confrontaciones, sobre todo con un sector que se ha distinguido por protestar en ocasiones de manera ruidosa, el secretario de Movilidad Urbana Sustentable del nuevo ayuntamiento, Román Antonio Aboytes Hernández cometió un gran error, o si quieren señalarlo así, una fuerte pifia, al enviar un documento al titular de Transporte Público en Tijuana, Javier Guadalupe Salas Espinosa, pidiendo abiertamente que incumpliera la ley.

Como abogado que es, Aboytes Hernández debes saber que ni por equivocación debe señalar, y mucho menos dejar por escrito, una solicitud como la que le hizo al funcionario mencionado, en una carta fechada el pasado 25 de octubre, aunque también entendemos que son prácticas comunes para evitar -como ya dijimos- confrontaciones o mayores problemas, sobre todo cuando se ha realizado una batida contra las unidades que circulan de manera irregular en la ciudad.

Por si usted no se enteró, el licenciado Román Antonio Aboytes le solicitó a Salas Espinosa -en el multicitado documento- que se haga de la ?vista gorda? o que ?cierre los ojos? para no actuar en contra de las unidades que -y citó textualmente- ?infrinjan en faltas menores tales como vidrios polarizados, llantas lisas, y exceder el número de pasajeros?.

Tras hacerle notar las tres etapas de regularización del transporte público que este gobierno pretende llevar a cabo, Aboytes le hace saber a Javier Guadalupe Salas Espinoza, que con sus inspectores se debe abocar específicamente en aquellos ?que cometen delitos como el uso de documentación falsa, que corresponden a los vehículos amparados duplicados y clonados?.

Lo grave del caso ?también- es que involucra al presidente municipal Luis Arturo González Cruz, señalando que la petición se hace en consideración al compromiso público que ha realizado el munícipe, en lo que se refiere a dar atención específica a la primera etapa de regularización del transporte público, lo cual entendemos, no incluye el dejar pasar otros aspectos como los señalados, y más cuando se ha estado hablando de cero tolerancia.

Además, no puede entenderse el hecho de que se pida que no se actúe contra los choferes de aquellas unidades que circulan con las llantas lisas, cuando ?hasta las mujeres (este es un comentario misógino porque así dicen normalmente), sabemos que el tener nuestros vehículos así, representa un grave riesgo por los accidentes que se pueden producir; lo mismo se puede pensar con aquellas unidades que exceden el número de pasajeros que corresponden a cada unidad.

El Reglamento de Transporte de Tijuana, nos recordaba un prestigiado abogado, señala en su artículo 44 que: ?no podrán circular aquellos vehículos que presenten llantas lisas o con roturas, así como aquellos que presenten llantas delanteras recubiertas?.

Por su parte, el Código Penal de Baja California, en su artículo 250 Tercero establece que a quien presta el servicio público de transporte de pasajeros, sin concesión, permiso o autorización correspondiente, se le impondrá de 1 a 5 años de prisión, y de 30 a 150 días de multa, así como suspensión por un año del derecho de manejar.

El mismo Código refiere que se exceptúa de la comisión de este delito: A quienes presten el servicio de transporte vía plataformas tecnológicas, y se hace notar que las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que disponga la legislación administrativa, y las sanciones que correspondan en su caso.

Además establece que este delito se perseguirá por querella de la dependencia u órgano estatal o municipal del ramo, lo que significa que no solamente tienen que ir tras quienes se movilicen de esta forma, sino que deben de presentar una querella ante el Ministerio Público.

PD.- El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que señalamos ayer en nuestra columna (claro que no nos leyó, pero coincidió) que no viene a la toma de posesión del primer gobernador de izquierda en la entidad Jaime Bonilla Valdez, aunque lo señaló en forma indirecta. 

PD1.- Ante una pregunta sobre si asistiría a la asunción del empresario de medios como gobernador constitucional de esta entidad,  su respuesta fue que no está acompañando a ninguno de los gobernadores. 

PD2.- También refirió que para eso está enviando en su representación a la secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, por lo que se puede entender que ella estaría presente en esta ceremonia del 1 de noviembre en las instalaciones del Congreso local. Habrá que ver si viene además de César Yáñez como se dijo o tan solo ella.

PD3.- Hay quienes han leído esta decisión de López Obrador como un signo de distanciamiento con Jaime Bonilla Valdez, sin embargo, lo más seguro es que su inasistencia se deba -además del hecho de que no acostumbra acompañar a los gobernadores- al deseo de no ponerle más ?leña al fuego? de la controversia que reconoció que existe, con motivo de los recursos presentados para ampliar el término de gobierno a 5 años.

PD4.- Definitivamente, como presidente de la república Andrés Manuel López Obrador no puede presentarse en esas circunstancias en la entidad, porque entonces sería como un mensaje en el sentido de que apoya esta acción, cuando él ha insistido en que se ha mantenido al margen, para que la respuesta que den los magistrados de la Suprema Corte no sea leída como una decisión influenciada por él.

PD5.- Las tres etapas de regularización del transporte público comprenden, en primer término, verificar los vehículos en su modalidad de taxi libre, para detectar irregularidades en cuento a la circulación con documentos falsos, incluyendo a todos los vehículos amparados, duplicados, y clonados como ya se dijo.

PD6.- En su segunda etapa se deben verificar los vehículos conocidos como Urban´s  detectando de la misma manera, irregularidades en estas unidades. Son a las Urban´s a las que se solicita perdonar irregularidades menores.

PD7.- La tercera etapa -según el documento- consiste en verificar el cumplimiento del transporte masivo dentro del margen legal establecido.

PD8.- Definitivamente hay cosas que no se deben ni siquiera sugerir? o por lo menos no dejarse por escrito.

PD9.- Los exhortos ?como el que ahora se hace al gobernador para que ?se abstenga de asignar notarías? son como las ?llamadas a Misa?.

PD10.- Seguro Kiko Vega ha de decir: ¿no se dan por bien servidos con que no le haya otorgado una notaría al Patas?