MEXICALI BC 13 DE DICIEMBRE 2013 (AFN).- En el primer semestre de este año, un total de 1,145 denuncias, fueron presentadas por los bajacalifornianos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHyPC). En 2012 fueron recibidas un total de mil 752. Las violaciones que se presentan con mayor frecuencia son: lesiones, detención arbitraria, allanamiento de morada, tortura y tratos crueles por parte de la Policía Preventiva.
La información fue presentada por el Diputado David Ruvalcaba Flores, ante el pleno del Congreso al dar su posicionamiento en materia de Derechos Humanos, y recalcó que la XXI Legislatura debe dejar como precedente que “nadie está por encima de la Ley, por lo que no toleraremos abusos ni tratos denigrantes de la autoridad en contra de cualquier particular”.
De acuerdo a los índices expuestos por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDHyPC), en el año 2012 los principales derechos humanos que se vieron afectados, fueron: en un 46 por ciento el derecho de los niños y en un 16 por ciento el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Agregó que de comprobarse que algún servidor público cometa o se involucre en la comisión de algún acto arbitrario, se debe proceder en los términos de las leyes aplicables, sin tratos ni consideraciones especiales.
“Hago un llamado a todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno de Baja California, para que dentro de sus ámbitos de competencia, se apeguen al cumplimiento de la ley, para que otorguen un trato digno y libre de discriminación a todo hombre, mujer y niño, sin importar su origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social y de salud, religión, opinión, preferencias sexuales o estado civil.
Por tal motivo consideró que: “deben eludirse las prácticas corruptas entre los empleados de gobierno y cerciorarnos que se cubran las necesidades básicas de las personas, como el trabajo, alimentación, salud, educación y vivienda”.
También debe garantizarse -dijo- que los individuos tengan el derecho a un juicio justo, contemplando el principio de que “todo individuo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario” y para ello se deben eliminar dentro de las corporaciones policiacas las prácticas de tratos crueles e inhumanos.
Para finalizar, reconoció que existe un progreso en materia de Derechos Humanos en la entidad, pero que este no ha sido suficiente ya que la población de Baja California demanda que se garantice un “Estado de Derecho, libre de violencia, libre de discriminación, de impunidad y corrupción”.
