CIUDAD DE MÉXICO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (La Silla Rota).- La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional y modificar las tareas en tiempos de paz de los militares, a quienes el mandatario asignó crecientes tareas en su administración.
La reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos que López Obrador creó en 2019 bajo la premisa de mantenerlo civil, obtuvo 362 votos a favor, 133 en contra y sin abstenciones.
El dictamen, que ahora será discutido en lo particular en el pleno de la Cámara baja y que pasará luego a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, fue criticado por la oposición y algunos organismos por advertir que se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país.
Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.
Asimismo, cambia el artículo 21 para eliminar la "garantía orgánica" que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Entre otros cambios, establece que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la GN, así como que su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La discusión
La sesión comenzó con una serie de mociones de la diputada del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y los diputados de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), Saúl Téllez y Víctor Palma, respectivamente, para suspender la discusión de esta reforma.
La diputada Laura Ballesteros, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), consideró que "México quiere paz y justicia", pero "no quiere militarismo".
La diputada oficialista, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María del Rosario, insistió que la formación de los elementos de la GN será militar, “pero en cuanto a su acción y ejercicio es policial”.
“La formación y disciplina de las fuerzas armadas garantizan su integridad y obediencia a las autoridades civiles y su lealtad a la patria y al pueblo de México”, añadió.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, del gobernante Morena, defendió que este dictamen también faculta al Congreso para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública".
La discusión giró en torno de dos temáticas: la negativa de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México, de que con esta reforma el país va hacia la militarización. También recordaron que el presidente Felipe Calderón recurrió al ejército y hasta se puso una casaca militar, y que la policía federal, bajo un mando civil, Genaro García Luna, se descompuso.
Por parte de la oposición, el PAN, el PRI y MC, el reproche fue que la Guardia Nacional ha fracasado en sus tareas de combatir la inseguridad, y expresaron su temor de que, con la adscripción a la Sedena, habrá más abusos en derechos humanos y autoritarismo.
El debate, que tuvo cuatro rondas de razonamientos con seis en pro y seis en contra, se llevó con relativa calma, con pancartas de parte de diputados morenistas y sus aliados a favor de la reforma, con carteles de los panistas con una imagen de Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición, con una imagen suya cuando estaba en contra de la militarización.
Se encendió la sesión
Pero la participación del diputado panista Federico Döring, previo a la conclusión de las rondas, en la que llamó a Morena el partido del huachicol y el fentanilo y a Andrés Manuel López Obrador presidente narco, encendió la mecha de los legisladores de Morena y sus aliados, el PVEM y el PT.
Se llevó la votación y al darse a conocer los resultados, los diputados petistas gritaron “esos son, esos son los traidores a la nación”, en referencia a los diputados de oposición.
Comenzó entonces la discusión de las reservas. Subió a tribuna la diputada panista con nombre de cantante, Paulina Rubio y puso un audio donde López Obrador hablaba contra la militarización de la seguridad y exhibió el cartel mencionado del ahora presidente saliente.
Rubio calificó a los legisladores de Morena y aliados de ser lacayos de un hombre cuya incongruencia es más que evidente, cuando sale con un cartel de no a la militarización y es lo primero que está haciendo con la reforma.
Los diputados morenistas y sus aliados le gritaban “fuera, fuera”. El presidente de la Mesa Directiva pidió a los coordinadores llamar al orden a sus bancadas.
¿Dónde está el Andrés Manuel del pasado?
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió la palabra y sin mencionar al PAN, criticó a su bancada. Preguntó dónde estaban los Carlos Castillo Peraza, los Astolfo Vicencio Tovar, los Gabriel Jiménez Remus, los doctrinarios del partido fundado por Manuel Gómez Morín y preguntó por qué debían aguantar descalificaciones torpes y una feria de insultos.
“Esta es una asamblea de excesos que no merece el pueblo de México”, lamentó.
El experimentado legislador dijo que en Chiapas y en Sinaloa no pasaba nada, como decían los opositores, denostó las descalificaciones al presidente López Obrador y pidió elevar el debate y en caso de no hacerlo, entonces amenazó con que enfrentarían la ira de la bancada.
Monreal no se quedó sin respuesta. El vicecoordinador del PAN, Elías Lixa se la dio. Le dijo que esos grandes panistas están en grandes instituciones que se ven amenazadas, como Gómez Morín en el Banco de México, o Castillo Peraza, presente en la Cámara de Diputados y su pluralidad.
Le reviró y preguntó donde están los hombres de izquierdas como Cuauhtémoc Cárdenas o el propio Andrés Manuel del pasado. Después, con un ambiente más calmado pasaron el resto de los coordinadores.
Freno en la Corte
Las tareas de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya y la aerolínea Mexicana de Aviación.
La Suprema Corte declaró inconstitucional en 2023 una reforma legal del presidente para militarizar la Guardia Nacional porque "las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles".
Pero desde el 1 de septiembre, la alianza de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene el control de más de dos tercios del Congreso, la mayoría necesaria para modificar la carta magna.
Senado hará nombramientos de la Guardia Nacional
El dictamen precisa que el Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Además, precisa que el Senado, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.
Respecto a las facultades del Ejecutivo Federal, éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Subrayan que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, cuyos integrantes se regirán por su propia ley.
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Tendrá nuevas facultades la Guardia Nacional
Una de las facultades que se propone para la Guardia Nacional, es la de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.
Señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Los cambios constitucionales estipulan que para ser presidente o diputado se requiere no estar en servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional; para el caso de presidente, seis meses antes del día de la elección, y para el de diputado, 90 días.
Los tribunales militares en ningún caso podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Además, en tiempo de paz ninguno de los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes puede alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.
Establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.
Los artículos transitorios
En los artículos transitorios del dictamen se asienta que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca a dicha Guardia; la nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea.
En los artículos transitorios se establece que deben respetarse en todo momento los derechos que posea el interesado en la Fuerza Armada de su origen.
La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.
Destaca que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
Se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas y de confianza aprobada a la extinta Policía Federal, así como los gastos de operación de la GN y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública.
Indica que conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta PF, la Secretaría de Seguridad Pública debe transferir los recursos presupuestales a la Sedena. El personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a ésta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero del decreto.
Ruta de la reforma a la Guardia Nacional
El pasado 22 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló con algunas modificaciones el dictamen que reforma la Constitución en materia de Guardia Nacional. La iniciativa la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
Parte de las modificaciones prevén que personal de la Secretaría de Marina pueda incorporarse a la Guardia Nacional.
Durante la sesión de la Comisión, legisladores de la oposición lamentaron que la inseguridad y comisión de delitos no haya tenido una mayor disminución en el sexenio que prometió combatir el problema "con abrazos y no balazos".
La reforma avalada en comisiones de San Lázaro prevé darle a la Guardia Nacional facultades de investigación, como una policía nacional. Además, otorga el control total de sus operaciones y formación a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Legisladores de la oposición también criticaron que con dicha reforma se deja a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que en el próximo sexenio encabezará Omar García Harfuch, sin personas para operar las investigaciones en campo.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados confirmó que la iniciativa comenzará a ser discutida durante el mes de septiembre.
Puntos clave de la Reforma de la Guardia Nacional
Fuerza de seguridad con origen militar: La reforma plantea que la Guardia Nacional sea definida como una fuerza de seguridad pública, pero con personal de origen militar. Esto solidificaría su carácter híbrido, manteniendo un enfoque en tareas de seguridad pública, pero con una estructura y entrenamiento basados en disciplinas militares.
Designación y control por la SEDENA: El titular de la Guardia Nacional sería designado por el Presidente de la República, a propuesta del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Además, la SEDENA sería la encargada de manejar el presupuesto de esta institución, lo que refuerza el control militar sobre la misma.
Vinculación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública: La Guardia Nacional operaría bajo el mando de la SEDENA para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual sería diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este punto subraya la integración de la Guardia Nacional en el esquema de seguridad nacional.
Jurisdicción militar: Los miembros de la Guardia Nacional solo podrían ser juzgados por tribunales militares, lo que establece un sistema de justicia interno exclusivo para este cuerpo, alejándolos de la jurisdicción civil.
Labores de investigación: Además de sus tareas de seguridad, la Guardia Nacional también podría realizar labores de investigación, ampliando su rol en la prevención y combate del crimen.
Derechos laborales y reestructuración del personal: El personal militar y naval que se integre a la Guardia Nacional dejará de formar parte de su fuerza armada de origen, pero mantendrán sus derechos laborales intactos. Por otro lado, los antiguos miembros de la extinta Policía Federal que aún permanecen en la Guardia Nacional serían cesados y transferidos a la Secretaría de Seguridad.
Ley de Seguridad Interior: La reforma también otorgaría al Congreso la facultad de crear una Ley de Seguridad Interior, que regularía la participación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) en tareas de seguridad pública. Esta disposición abre la posibilidad de que los militares puedan desempeñar más funciones ajenas a la disciplina estrictamente militar, lo que diluiría los actuales límites constitucionales que restringen su participación en tiempos de paz.
