MÉXICO DF, 12 DE MARZO DE 2012 (lasillarota.com).- La Procuraduría General de la República (PGR) profundiza la investigación contra cuatro funcionarios y siete exservidores públicos que presuntamente brindaban protección al grupo criminal Los Zetas, en Coahuila.
 
El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Cuitláhuac Salinas Martínez, informó que la investigación continúa su curso y no se excluirá a ninguna corporación que esté involucrada.
 
Hasta el momento, los exservidores públicos detenidos son Claudia González López, quien era la encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales en Saltillo de la PGR.
 
Así mismo, Sergio Tobías Salas, alias Tobogán, subdirector Regional de la Fiscalía General de Coahuila; Manuel Jesús Cícero Salar, aliasViejo Loco, exdirector de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, y Julio César Ruiz Esquivel Chicho, agente de la Policía Ministerial en Coahuila.
 
En conferencia de prensa, detalló que en enero pasado se obtuvo la declaración de un mando de la mencionada agrupación criminal que permitió identificar a los funcionarios que se encontraban en su “nómina”.
 
Además, detalló que Glenda era el apodo con el que los miembros de la organización delictiva identificaban a Humberto Torres Charles, quien se encargaba de mantener el control en la Fiscalía General del Estado para desviar el curso de las investigaciones, por lo que recibía 300 mil pesos mensuales.
 
Mientras que Valbuena era el alias que le daban a un elemento de la Policía Federal identificado como José Luis Valbuena Flores, quien avisaba sobre los operativos, actividad por la que recibía 70 mil pesos al mes.
 
Enrique González Nava, alias Yaqui, jefe regional de la Agencia Federal de Investigación en Coahuila, se dedicaba al reparto de la nómina entre el personal a su cargo, a fin de que permitieran la operación de ese grupo criminal y a cambio 600 mil pesos mensuales.
 
Salinas Martínez agregó que como parte de las investigaciones se efectuaron cateos en 11 domicilios, dos de ellos ubicados en Nuevo León, mismos que fueron asegurados para continuar con la indagatoria.