TIJUANA BC 22 DE JULIO DE 2013 (AFN).- De ser aprobado el decreto con el que se crearía el sexto municipio de Baja California, San Quintín, tal y como se aprobó por mayoría en la 20 legislatura de Baja California, el nuevo territorio mutilaría aproximadamente 70 kilómetros cuadrados de su extensión a San Felipe, Mexicali; además de otras observaciones que se hicieron sobre el tema y que sirvieron como base para que el Gobierno del Estado ejerciera el derecho a veto.
Francisco García Burgos, secretario de gobierno del Estado, explicó lo anterior sobre las razones por las que no ven posible elevar la actual delegación ensenadense a la categoría municipal, entre las cuales mencionó además que ya hubo un plebiscito y no se logró el 10% de participación a lo que obliga la Ley, por lo cual se recomienda realizar otro y hacer más estudios, principalmente geográficos y económicos, para aprobar el decreto referida.
Expuso que las observaciones del Ejecutivo ya fueron entregadas al Congreso local, y para hacer válido el mismo pese a tales observaciones y aprobar San Quintín, se requiere el voto calificado de los diputados, 17 a favor o más, y esto debe ocurrir en los próximos 30 días.
De persistir la aprobación, dijo, el Gobierno del Estado de Baja California puede llevar el tema, vía el juicio de controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ni plebiscito ni estudios en terreno
Sobre la determinación del gobierno estatal, García Burgos explicó que después del análisis de varios temas, entre los más importantes estuvieron que se hizo un plebiscito recientemente "que no alcanzó el mínimo requerido para ser válido" y se quedó en el 7.6%, lo que indica la gente no se manifestó, como marca la Ley, si están de acuerdo o no en que parte de su territorio se convierta en un nuevo municipio.
"Fue un plebiscito inválido o inexistente, pues no alcanzó el mínimo requerido", y lo que debió proceder por parte del Congreso del Estado fue realizar otro que sí cubriera el 10% de los residentes", expuso.
Otro tema bajo el análisis, agregó el secretario, fue que en el decreto no se respeta el límite con Mexicali, "y como quedó delimitado está dándole un pedazo de territorio de Mexicali", faltaría consultar con los cachanillas su están o no de acuerdo en ceder terreno para crear el sexto municipio de Baja California.
Además, dijo, como hay un punto delimitado que corresponde a "500 metros dentro del Mar de Cortés", debe hacerse un análisis cuidadoso y detallado en el cual participen instancias federales como el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y la Secretaría de la Reforma Agraria; estatales como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) y Catastro de Mexicali y Ensenada.
"Esto, porque no sabemos quién hizo los estudios de límites porque es muy complejo, si fue una autoridad, si fue una empresa, con cuánto tiempo lo hicieron, porque se antoja muy apresurado", dijo García Burgos.
Por ello, reiteró se le explicó a los legisladores locales cuáles son las observaciones realizadas, y se les solicita que no sigan adelante con la municipalización, lo que los legisladores deben analizar con mucha responsabilidad en un periodo de 30 días, sobre todo quienes representan a estos distritos, delegaciones y ciudades; y particularmente a San Felipe.
El "veto" del gobernador José Guadalupe Osuna Millán, dijo, que técnicamente se conoce como "observaciones" y está dentro de sus facultades, debe aprobarse con los 17 votos a favor o rechazarse, y de ocurrir lo primero el Estado puede recurrir a la SCJN promoviendo una controversia constitucional.