Además, los panistas propusieron que la nulidad en esos comicios se dé cuando ese rebase de topes haya sido determinante en el resultado de la misma.

 

Fernando Torres Graciano, senador del blanquiazul y autor de la propuesta, expuso que, en este caso, “los integrantes de la fórmula, el o los partidos políticos o coalición responsable, no podrán participar en la elección extraordinaria respectiva”.

 

La iniciativa plantea reformas a los artículos 360 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), así como a los artículos 76, 77 y 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y fue turnada a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara Alta.

 

Al respecto, el senador por Guanajuato precisó que el proyecto de ley establece que los precandidatos que rebasen el tope de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) “serán sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido”.

 

Torres Graciano detalló que en el caso de la elección para presidente de la República el tope máximo de gastos “será equivalente al 20 por ciento del financiamiento público, y para diputados federales por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto para la elección presidencial entre 300”.

 

“Para cada fórmula en la elección de senadores de mayoría relativa, el tope será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del mismo tope de campaña por el número de distritos, que en ningún caso será mayor de 20”, puntualizó.

 

El legislador panista mencionó que otro objetivo de su planteamiento es “evitar, disminuir o desalentar la incidencia de poderes fácticos o intereses particulares, y a la vez propiciar la transparencia en la fiscalización de los recursos y el fortalecimiento democrático interno de los partidos”.

 

“Con esta iniciativa se le da respuesta a las demandas de la población que notoriamente se expresaron durante las contiendas electorales de 2012” añadió.

 

Subrayó que la actual legislación en la materia establece una sanción meramente administrativa para los partidos políticos que excedan en los recursos límite durante campañas electorales, por lo que, sostuvo, “las sanciones previstas no son proporcionales al grado de afectación por no respetar los límites”. 

 

“La modificación plantea una solución de raíz al conflicto actual. En primer lugar reduce los plazos para la resolución judicial de los procesos relacionados con las infracciones. En segundo lugar, incluye una causal de expresa nulidad de la elección en cuestión, ya sea para elegir diputados, senadores o el mismo presidente de la República”, indicó.