Sonora 5 de junio de 2014 (lasillarota.com).- Para Julio César Márquez, el Estado mexicano ha fallado. Ha vivido cinco años luchando contra la corriente, desde el 5 de junio de 2009, cuando el menor de sus tres hijos, Yeyé, perdió la vida durante el incendio en la Guardería ABC.

 

“Ha sido una lucha constante que llega a cinco años exigiendo justicia, luchando contracorriente a lo que debería ser el Estado de derecho; son cinco años desde que nuestras vidas dieron un giro tremendamente brutal”, dijo.

 

Este jueves se cumple un lustro desde que las llamas de un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora se propagaron a una guardería contigua, la ABC, donde, 49 infantes perdieron la vida y 70 niños resultaron heridos, todos entre cinco meses y cinco años de edad.

 

Hasta la fecha, no existe una conclusión oficial de lo sucedido ese día; de hecho, aún no se tienen fechas estimadas para que concluyan los trabajos de investigación para deslindar responsabilidades.

Julio César Márquez lamentó que en este caso “la impunidad sigue prevaleciendo”.

 

“Los responsables siguen libres, no hay nadie que esté pagando sus culpas, algunos de los responsables siguen incrustados en las altas esferas del gobierno y del poder político, cinco años y no hay justicia, no hay impunidad”, agregó.

 

Al igual que Julio César, Juanita Luna, madre e integrante Movimiento Manos Unidas por Nuestros Hijos, ha perseguido un mismo objetivo: castigo a quien resulte responsable de los hechos.

“Tenemos cinco años luchando, tocando puertas, ya vimos pasar a un Presidente, estamos viendo pasar otro Presidente y no vemos nada claro aún”, comentó.

 

Aunque Juanita reconoció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sí ha cumplido su parte en cuanto a la atención sicológica y atención médica para los niños, falta que las autoridades “tengan el ánimo de querer hacer justicia”.

 

“¿A quién se está protegiendo realmente?, si la muerte de 49 niños no les conmueve ¿entonces qué?, ¿Por qué no se actúa?”, cuestionó.

 

Desde 2009, los padres de los niños se organizaron en la sociedad civil, conformaron dos organizaciones: Movimiento 5 de Junio y Manos Unidas por Nuestros Niños, organizaciones que han realizado diversos esfuerzos para conseguir que se haga justicia por la muerte de las niñas y niños en Hermosillo; sin embargo, acusan falta de voluntad para condenar a los culpables.

 

QUE NO SE REPITA

 

José Francisco García Quintana, padre del menor Andrés y Presidente del Movimiento 5 de junio, en entrevista con La Silla Rota, explicó que no es una lucha personal, sino la de padres, madres y familias de las víctimas, 25 niñas, 24 niños y más de 70 con diferentes grados de afectación.

 

Abundó que el movimiento que encabeza persigue dos causas: La búsqueda e impartición de justica y la no repetición de una tragedia similar.

 

Reconoció que la Ley 5 de junio está avanzando, pero sigue siendo deficiente, pues hace falta levantar un diagnóstico a nivel nacional del estado que guardan todos los centros tanto institucionales como particulares; falta la creación de un registro nacional sobre las mismas, así como la armonización legislativa con los estados, pues “se tiene que plasmar con los detalles con las particularidades de cada estado, y es donde se tiene que generar los convenios y volver eficaz y aplicable la ley".

 

En cuanto al aspecto legal, sentenció que no se puede hablar de logros ya que se ha buscado justicia desde 2009 y el actuar de las instituciones ha sido deficiente.

 

“Hemos visto deficiente el actuar de los funcionarios, el actuar de la Procuraduría General de la República (PGR), deficiente el actuar de los magistrados y parcialidad de los diputados”, señaló.

 

De acuerdo con el dirigente de esta organización, hasta la fecha “no se ha dado la ampliación a la acción penal a las personas que nombró la Suprema Corte de Justicia de la Nación como implicados y que se le ha solicitado formalmente a la PGR que haga acción penal”.

 

“En términos generales, falta voluntad política y aplicar la ley en el caso de ABC”, pues tanto el gobernador Guillermo Padrés, así como el presidente Enrique Peña Nieto sólo sacaron “raja política” de la tragedia. 

 

“Cuando Padrés era candidato dijo que habría justicia y Peña Nieto hizo lo mismo”, lamentó.

 

DERECHO A LA VERDAD

 

En el mismo tenor, Gabriel Alvarado Serrano, abogado del Movimiento Manos Unidas por Nuestros Hijos explica que su organización tiene tres vertientes: Justicia penal, atención médica para los niños y responsabilidad civil.

 

En este sentido, Alvarado Serrano considera que los padres de familia tienen derecho a saber la verdad, pues hasta la fecha, las múltiples teorías y líneas de investigación han sido confusas.

 

Alvarado Serrano planteó al menos cuatro pendientes de la PGR: Definir la situación legal del ex gobernador, Eduardo Bours; el ex director del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas; el ex procurador de sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, y Gildardo Francisco Urquídez ,ex secretario de finanzas del estado, “quienes se encuentran en calidad de indiciados, por una denuncia formal presentada el pasado 21 de junio de 2009”.

 

De igual forma se culpa al ex secretario del Trabajo, Javier lozano, quien habría sido responsable de haber cuidado el centro de trabajo, que en este caso era la Guardería ABC. “A todos ellos se les reprochan el Incumplimiento y la inobservancia de normas oficiales mexicanas en materia de trabajo”. 

 

Asimismo, según la organización, se le acusa de negligencia medicas, a Santiago Echavarría Zuno, entonces director de Prestaciones Médicas del IMSS, quien habría tenido la responsabilidad de decidir sobre el traslado de los niños afectados a distintos hospitales, pues, aseguran, impidió que “estos niños pudieran salir al exterior para tener una mejor expectativa”.

 

Y un último punto por esclarecer es la validación de la línea de investigación que señala la hipótesis de que “el incendio generado en la Guardería ABC fue originado intencionalmente con la intención de destruir documentación oficial, que eventualmente, revelaría los malos manejos en los recursos públicos durante la gestión del ex gobernador Bours, lo que implicaría la consignación de personas por delitos de naturaleza dolosa por un incendio intencionalmente provocado”.

 

Finalmente, al hacer un balance sobre los cinco años que han pasado desde aquel fatídico siniestro, señaló que el problema es que “nuestra sociedad se encuentra deteriorada”, pues padecemos violencia e inseguridad, males que a su decir tienen una misma raíz llamada impunidad. 

 

“Mientras no exista consecuencia que afrontar por nuestras acciones, esto difícilmente se va a componer”, acotó.