MEXICALI BC 10 DE MAYO DE 2025 (AFN).- El Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC) ha sido señalado por el uso excesivo de cartas invitación para reclamar supuestas deudas fiscales que, en muchos casos, no tienen fundamento legal. 

Expertos en materia contable advierten sobre los riesgos de este mecanismo, que podría vulnerar los derechos de los contribuyentes al generar cobros erróneos y procesos administrativos confusos.

Según Nolberto González Grajeda, contador público del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali y exdirector de ingresos del gobierno estatal, el problema no radica en la carta invitación en sí, sino en la manera en que la autoridad intenta ejecutar estos cobros sin que exista una obligación real para el contribuyente.

Uno de los ejemplos más ilustrativos, expuso, es el caso de empresas ubicadas en Baja California con empleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Chihuahua. 

A pesar de que los trabajadores cotizan en otro Estado, los mecanismos de cruce de información han derivado en requerimientos de pago en Baja California, generando una confusión administrativa que los contribuyentes deben aclarar.

Otro punto preocupante, externó el experto, es que las aclaraciones no pueden realizarse directamente con el Departamento de Asistencia al Contribuyente, sino a través de despachos externos encargados de validar la información con el IMSS y otras instancias. 

Esto complica el acceso a una defensa adecuada y deja a los contribuyentes en una posición de vulnerabilidad.

González Grajeda subraya que estos requerimientos no están previstos en la Ley de Hacienda ni en la Ley de Ingresos, lo que significa que los contribuyentes no tienen una obligación jurídica de responder a los cobros. 

Sin embargo, ignorar la carta invitación puede derivar en sanciones como embargos o restricciones en trámites gubernamentales.

Ante esta problemática, el especialista recomendó atender la carta invitación y revisar detalladamente los documentos fiscales para identificar posibles discrepancias. 

Además, enfatizó que el diálogo con la autoridad es clave para evitar abusos, señalando que instancias como la procuraduría fiscal y la Dirección del SAT deberían encargarse directamente de estas aclaraciones en lugar de depender de intermediarios.

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