Por: Dianeth Pérez Arreola

MEXICALI BC 2 DE MARZO DE 2025 (AFN).- El envío a Estados Unidos de 29 capos de alto nivel relacionados con delitos de narcotráfico, sin recurrir a juicios de extradición, puede ser legal pero es anticonstitucional, comentó Benjamín Almanza, abogado penalista.

La decisión del gobierno mexicano se basa en la Ley de Seguridad Nacional, que faculta a las autoridades nacionales para la expulsión de ciudadanos, pero esa explicación es para “lavarle la cara” a la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó que este “envío” está contemplado en la Ley de Seguridad Nacional y que no fue debido a la presión de Estados Unidos para su entrega.

La realidad es que es inconstitucional va en contra los artículos 14, 16, 1 y 133 constitucional, que dicen que toda persona en México gozará de la protección de sus derechos humanos, que están reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales, precisó el abogado.

Para que una extradición se lleve a cabo debe de haber un juicio que lo determine. Aquí no hubo ningún juicio, por lo que se violó el principio de la garantía de audiencia.

Sin duda la expulsión de los 29 señalados, obedece a la presión de Estados Unidos, como moneda de cambio para que no entren en vigor los aranceles con los que amenaza el presidente Donald Trump.

Almanza remarcó que la estigmatización de miembros del crimen organizado como terroristas tiene una implicación grave para el sistema financiero mexicano, así como para empresarios y políticos que tienen tratos con ellos, pues si son considerados terroristas, también se obligará a castigar con severidad a quien lava dinero para los cárteles.

Este traslado de personas acusadas por Estados Unidos es implícitamente un reconocimiento a la imposibilidad de juzgar a los capos en México, manifestó, pues incluso entre ellos hay quienes no tenían ni siquiera una orden de aprehensión activa aquí.

Por otro lado, se llevaron a personajes como los hermanos Treviño Morales, fundadores de Los Zetas, cuando tenían procesos activos en México, añadió.

Almanza recordó que en el periodo de Enrique Peña Nieto liberaron a Rafael Caro Quintero, quien gozó 9 años de libertad eludiendo la cárcel gracias a un mecanismo del Poder Judicial Federal, hasta que fue recapturado en el 2022. 

Como no fue extradición, esta entrega da la posibilidad a Estados Unidos de que pueda aplicar la pena de muerte, tortura o tratamientos humillantes o inhumanos, observó; con la extradición no puede aplicarla, pero con la expulsión se da la vuelta a los acuerdos de Palermo. 

Incluso el artículo 3 de la Convención contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señala que “ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

El abogado recordó que con Ernesto Zedillo se expulsó a Estados Unidos a Juan García Ábrego, pero en ese caso se acreditó que tenía doble nacionalidad.

¿Pueden usar esto los abogados de los 29 expulsados? Se le cuestionó. “Estados Unidos no ratifica los tratados internacionales porque argumenta que acota su autonomía, pero allá los jueces gozan de más autonomía para aplicar la ley, dijo.

El precedente es el caso del doctor Humberto Álvarez Machain, quien supuestamente ayuda a mantener con vida a Enrique “Kiki” Camarena, a quien secuestran agentes mexicanos y lo entregan ilegalmente a Estados Unidos, explicó. Como la detención fue ilegal, la puesta a disposición de la autoridad también fue ilegal, así que tras un largo proceso queda libre.

Esto puede pasar con el caso del Mayo zambada, quien no tenía orden de aprehensión, y quien pudiera quedar libre por su secuestro y traslado ilegal, precisó el abogado, aunque seguramente querrán utilizarlo como testigo protegido y sacarle toda la información sobre la relación entre narcos y políticos, agregó.