TIJUANA BC 13 DE DICIEMBRE DE 2023 (AFN). - La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del gobierno del Estado informó a la sindicatura procuradora del ayuntamiento de Tijuana sobre la inhabilitación -por un año- del exsecretario municipal Jorge Antonio Salazar Miramontes, lo que según esto, le impediría desempeñar en ese lapso empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Salazar Miramontes, quien registró su intención por competir en el proceso interno de Morena por la candidatura a la alcaldía de Tijuana, dijo a la Agencia Fronteriza de Noticias que esa sanción no es procedente y que además de recurrirla y solicitar un Amparo de la justicia Federal, presentará una denuncia penal en contra del síndico procurador de la ciudad; del titular de responsabilidades del municipio y contra quién resulte responsable.

Firmado por Karina Castro, jefe del departamento de Situación Patrimonial de la dirección jurídica de Responsabilidades de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, el documento fechado el pasado 7 de diciembre, tiene como destinatario a Mikel Roberto Alcántara Hernández, director de responsabilidades de la sindicatura en Tijuana.

En el documento se solicita a la sindicatura, inscribir la sanción administrativa del acuerdo, por el cual se declara la firmeza de la resolución administrativa.

Se hace notar además que esta sanción quedó debidamente inscrita en el sistema de servidores públicos sancionados el 5 de diciembre 2023, acreditándose con copia de cédula, para inscripción de servidores públicos sancionados.

"Es irregular y violatorio de mis derechos" afirma Salazar

Por su parte el ex secretario del ayuntamiento consideró que esta medida tiene "fondo político" por el hecho de haber mostrado su interés de participar en la contienda interna de Morena, para ser candidato en el proceso electoral 2024.

Aseguró que al salir de la Administración pública presentó debidamente su declaración patrimonial, como obliga la ley, y que la autoridad tenía 45 días para hacerle observaciones, lo cual afirmó que no se hizo, hasta cinco meses después en que se le acusó de "enriquecimiento oculto".

Según dijo, eso se basó en una supuesta declaración de una persona "que en la realidad no existe", que no se presentó a los careos y que, según documentos, afirmó que él contaba con bienes fuera del Estado y en el extranjero, lo cual comprobó que no es así.

Señaló que se le estaba requiriendo por dos vehículos que no declaró: uno de estos, un Jetta 95 que le fue robado 19 años antes y un Nissan que ya no era de su propiedad, así como una casa que demostró haber declarado en tiempo y forma, lo cual -aseguró- que el síndico procurador le reconoció.

También dijo que este funcionario le comentó que por salir de su ámbito, tendría que enviar el tema al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, identificado como TEJA para que fuera este el que resolviera.

Aseguró que ante el TEJA comprobó lo que señalaba, y que por lo tanto, esa autoridad respondió (con un documento) que Salazar Miramontes no tenía responsabilidad en lo señalado, ya que demostró de manera fehaciente lo dicho, pero devolvió el tema a la sindicatura para que fuera esta la que aplicara una sanción, por lo que consideraron una irregularidad leve, que podría ir desde una amonestación, hasta una inhabilitación por un año.

Afirmó que la sindicatura procuradora se decidió por la sanción más extrema, lo cual también impugnó por violar sus derechos y garantías, además de que presentó en tiempo, un recurso -en el TEJA- de inconformidad, por el hecho de haber enviado -de nueva cuenta- el asunto a la sindicatura procuradora, ya que no podía sentenciar por dos ocasiones en un mismo supuesto delito.

Afirmó también que para lograr esta inhabilitación, la sindicatura solicitó al TEJA el envío del expediente, pero que esto no se hizo por estar todavía en proceso legal, por lo que con copias simples solicitaron a la Secretaría de Honestidad que se procediera a esa inhabilitación.

Afirmó que por lo mismo, recurrirá al Amparo de la justicia federal y presentará la denuncia penal contra los funcionarios señalados.