TIJUANA, BC 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011.-
Los derechos humanos.
Por: Gilberto LAVENANT
El día de ayer, temprano, en el Centro Cultural Tijuana, se llevó a cabo un evento especial, para celebrar el vigésimo aniversario de la creación de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. Fue sorprendente el contenido del discurso de representantes del Poder Ejecutivo Estatal y del Poder Legislativo. Vehementes defensores de los derechos humanos. Parecía que quienes hablaban, eran algo así como la madre Teresa de Calcuta. Parecía.
Sin embargo, ni el legislativo, que en dicho evento estuvo representado por el Presidente de la XX Legislatura Estatal, Lic. Carlos Murguía, a 20 años de la creación de la PDH, se ha atrevído a legislar para otorgar a la PDH facultades para sancionar a los funcionarios públicos violadores de derechos humanos, ni el ejecutivo, personificado ahí por Cuauhtémoc Cardona Benavides, en representación del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, ha sido capaz de frenar o evitar que sus funcionarios, principalmente los del órden policiacos, dejen de cometer vejaciones e incluso crímenes, en contra de ciudadanos, que ninguna relación tienen con el crímen organizado.
Es más, en el caso del ejecutivo, tanto a nivel estatal como municipal, existen antecedentes que indican, que hacen caso omiso a las recomendaciones de la PDH, no obstante las graves violaciones de derechos humanos, como ocurrió en el caso del exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Julián Leyzaola, respecto de quien se recomendó su cese, durante la administración panista de Jorge Ramos, y éste se negó a hacerlo, en tanto que el Gobernador Osuna Millán lo cobijó, designándolo en puesto de relevancia de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal. Los reclamos de los ofendidos, ni en cuenta los tomaron.
Aún así, el Lic. Heriberto García, Procurador de los Derechos Humanos, anfitrión en dicho evento, observó que en el curso de los 20 años de haber sido creada la PDH, el ombudsman bajacaliforniano, se ha ido consolidando como una de las instituciones de mayor credibilidad entre la ciudadanía, logrando identificar sus objetivos con los ideales de justicia y bienestar común, consagrados en la Constitución Federal y en la Constitución del Estado.
Ahí se recordó que el proceso de creación de la PDH, se inició el 1 de agosto de 1990, con un oficio mediante el cual el Gobernador Ernesto Ruffo Appel, remitió a la XIII Legislatura Estatal, la iniciativa de ley, para la creación de la misma.
El 30 de enero de 1991, la comisión revisora emitió dictamen favorable para la creación de la PDH y al día siguiente fue aprobada en pleno por la Legislatura, siendo promulgada mediante Decreto 49, publicado en el Periódico Oficial de 30 de marzo de ese mismo año, o sea hace 20 años.
Las funciones de la PDH, son vigilar y exigir de los servidores públicos un actuar apegado a la legalidad y asegurar el respeto de los derechos humanos, recibir las quejas que formulen los particulares sobre actos y omisiones de naturaleza administrativa de los servidores públicos, acudir a cualquier oficina o dependencia de la administración pública estatal y municipal, para investigar todo lo relativo a las quejas recibidas y realizar cualesquier otra diligencia que coadyuve al esclarecimiento de la verdad.
Lo malo, es que esta institución, a 20 años de su creación en la entidad, sigue funcionando, prácticamente, tan sólo como “paño de lágrimas” de las víctimas de vejaciones y atropellos, porque sus facultades alcanzan apenas a emitir recomendaciones no vinculatorias. Algo así como consejos moralistas, aunque debidamente fundadas, incluso acreditadas las vejaciones, pero la autoridad bajo la cual laboran los agresores, queda en plena libertad de oírlas, pero no acatarlas. Como las llamadas a misa, muchos las escuchan, pero pocos las atienden.
Se dice que en 20 años, la PDH transformó un catálogo de buenas intenciones, o sea la Ley Sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos, en una sólida institución, la cual no solamente es conocida por la población y servidores públicos del estado, sino que se ha ganado un prestigio que no se puede cuestionar.
Indudablemente que eso es cierto, pero no hay nada que justifique, el hecho de que siga siendo una institución “chimuela”, o sea sin “dientes” para castigar a los funcionarios de gobierno, que actúan como simples delincuentes, incluso como criminales, como ocurrió recientemente en el caso de los agentes de la Policía Estatal Preventiva, que secuestraron y asesinaron a un joven mexicalense.
En el informe relativo a la creación y funcionamiento de la PDH a través de 20 años, se plantea la interrogante : ¿Quién, no recuerda que todavía hace algunos años, la impunidad de los hombres del poder era casi absoluta? En el mismo se responde que “…Las víctimas de la tortura policiaca, de la insensibilidad de los Ministerios Públicos y los jueces, quienes no dejaban a los ciudadanos otro camino que recorrer el laberinto de las distintas instancias burocráticas, hasta encontrar alguna respuesta a sus demandas o a sus dudas respecto de algún problema. En muchos casos, al no encontrar apoyo, a mucha gente no le quedó más que resignarse y asumir que nadie podría brinmdarle solución a su problema”,
A manera de conclusión, se reconoce : “…Por supuesto que todavía falta un gran camino que recorrer, muchas décadas o tal vez siglos de agravios no van a ser resueltos en veinte años y menos cuando nuestras resoluciones no sopn vinculatorias y sin facultades para aplicar sanciones, por ello, a pesar de los buenos resultados de estos veinte años, no debemos desubicarnos. Hemos de continuar esforzándonos por alcanzar nuestras metas”.
A 20 años de su creación, los políticos seguramente han de pensar que la PDH aún no alcanza la madurez suficiente para otorgarle facultades para castigar a los agresores, violadores de garantías individuales. Por lo tanto, los discursos sobre este tema, no dejan de ser mero rollo. Obviamente, falta voluntad política.
