¿Qué nos deja el combate al crimen organizado?

Por Abel Muñoz Pedraza

México DF 2 de Sept. de 2011.- En un sexenio manchado por más de 40, 000 mil muertes ligadas al combate contra el crimen organizado, sumado al último suceso del pasado jueves 25 de agosto, en donde el establecimiento Casino Royale, ubicado en la ciudad de Monterrey, sufrió un lamentable ataque en el que fallecieron 52 personas, y hubo varios lesionados, tenemos que pensar en por lo menos dos cuestiones: ¿Realmente se acabará con el crimen organizado utilizando una estrategia de seguridad frontal, la cual arroja una cifra inadmisible de muertos, y en donde el respeto a los derechos humanos no está garantizado? y; ¿Qué papel debemos jugar los ciudadanos ante la ola de violencia que hemos vivido en el sexenio de Felipe Calderón, tomando en cuenta las lecciones que esto nos puede dejar en un futuro?

Intentando responder al primer cuestionamiento, es necesario contextualizar la realidad mexicana partiendo de que vivimos bajo un Estado de Derecho mínimo, es decir, en muchas ocasiones la ley se negocia y no se hace valer conforme dicta la Constitución, además, recurriendo a una de las concepciones del Estado presente en la teoría política, en México, el ejercicio del poder político organizado (el poder) está por encima de los ordenamientos (la Constitución). Prueba de este contexto es la gran cantidad de denuncias, por violaciones a los derechos humanos, que se han registrado durante este sexenio con motivo del combate al narcotráfico, en donde vale más la fuerza y la negociación que la ley.

El gobierno de Felipe Calderón se ha empecinado en llevar a cabo una estrategia de combate al narcotráfico que se caracteriza, en principio, por un mal diagnóstico de la problemática a resolver. Es indudable que el decomiso de drogas y armas ha sido mayor que en otros sexenios, que se ha capturado a grandes capos de la droga y que se han invertido muchos recursos para solucionar el problema de violencia que actualmente sufre el país, sin embargo, también hemos podido constatar que la cifra de muertes no cede ante estas medidas, que los cárteles tienen una alta capacidad de respuesta ante amenazas a sus intereses, y de violencia, al cometer sus actos, que a pesar de la captura de personajes que lideran estas organizaciones, éstas cuentan con una gran capacidad de reorganización, lo cual les permite seguir operando, y que a pesar de la multiplicidad de manifestaciones provenientes de diversos sectores de la sociedad civil, el gobierno federal no ha tenido la capacidad y humildad para autoevaluarse, autocriticarse, y enderezar el camino.

Actualmente está trabada la Ley de Seguridad Nacional propuesta por Calderón, y ante los sucesos ocurridos en Monterrey, el Presidente ha exhortado a la Cámara de Diputados, aprovechándose de la coyuntura. Esta ley lo facultaría para hacer uso de las fuerzas armadas, enfrentando así situaciones de contingencia, riesgo, desafío y amenaza. También, entre las modificaciones propuestas, se encuentra el uso de cualquier método para recolectar información, como lo es la intervención de comunicaciones privadas o provenientes de fuentes anónimas, sin que esto implique un quebranto a los derechos humanos, y la utilización permanente de las fuerzas armadas, y otras autoridades, para atender alguna afectación.

Sería peligroso dotar al jefe del ejecutivo de una serie de amplísimas facultades, en un contexto, como ya lo hemos mencionado, donde el Estado de Derecho es mínimo, en donde la ley se negocia y se aplica por desigual, en donde no hay garantías plenas de que la información recolectada de conversaciones privadas sea cuidadosamente reservada y en donde el respeto a los derechos humanos es frágil, tomando en cuenta que: 1) las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tienen carácter de obligatoriedad y; 2) ante un abuso por parte de algún miembro de las fuerzas militares, no existe la certeza de que éste sea debidamente castigado, ya que es juzgado por un tribunal militar y no civil, lo cual llena de opacidad al proceso.

El Estado, como una institución racional-legal, no puede de ninguna manera comportarse irracional y desmedidamente como lo hace la delincuencia organizada, de otro modo, el Estado desaparecería en razón del motivo por el cual fue creado, el cual es organizar a la sociedad y garantizar la seguridad de sus ciudadanos por medio de instrumentos legales que no atenten contra ellos.

La respuesta a la segunda pregunta quizás sea más compleja, en donde pueden existir una gran cantidad y diversidad de opciones para hacer valer nuestras inconformidades, y nos lleve más allá del debate que actualmente se está dando sobre la inseguridad en el país, lo cual sería algo sumamente valioso.

En este sentido, durante el sexenio calderonista hemos visto a una ciudadanía activa y propositiva en distintos puntos del territorio nacional y en el extranjero, la cual se ha expresado y manifestado de diferentes formas en torno a la violencia que se sufre con un sin fin de preocupaciones, desacuerdos y demandas que no han recalado en las autoridades de este país. Esto nos pone a pensar que son insuficientes los mecanismos institucionales con los que cuenta la ciudadanía, y que en una democracia deben de acompañar a las demandas para darles cauce. 

La importancia de un diseño institucional que permita darle causa a las demandas ciudadanas es evidente. Actualmente, como está configurado el voto en México, no es un mecanismo suficiente para hacernos escuchar, únicamente cumple con el requisito para elegir a nuestros representantes, y una vez pasada la elección, se viene la historia que ya todos conocemos.

Por tal motivo, es necesario ponernos a pensar en mecanismos que limiten la actuación de nuestros representantes en la función pública o consideren las demandas ciudadanas para ejercer la función de gobierno. Por ejemplo, en el caso de la elección presidencial, si contáramos con la posibilidad de votar para reelegir al Presidente, muy probablemente Calderón no hubiera accedido a un segundo mandato, debido a los bajos índices de aprobación de su gobierno.

Otro ejemplo es que si contáramos con un sistema parlamentario, en donde el Congreso es el eje de la estructura de poder político y el único elegido por medio del voto, que a su vez, elige al jefe de gobierno, y por lo general, se tienen que lograr acuerdos entre distintas fuerzas políticas para conformar coaliciones y establecer mayorías para nombrarlo, muy probablemente uno o varios partidos le hubieran retirado el apoyo a Felipe Calderón abandonando la coalición de gobierno y se hubiera nombrado a otro jefe de gobierno con base a la construcción de una nueva mayoría entre las diversas fuerzas políticas.

Una alternativa más serían los mecanismos de democracia semi directa, es decir, el plebiscito y el referéndum, los cuales posibilitan a la ciudadanía opinar sobre algún tema de carácter estatal o mostrar la aprobación o el rechazo en materia de legislaciones, respectivamente.

No hay que olvidar que esta serie de posibilidades que alterarían nuestro régimen de gobierno también tienen sus riesgos, sin embargo, no está de más dejarlos para la discusión e ir pensando en nuevas formas de representación política efectiva.

*        Abel Muñoz Pedraza es estudiante de la maestría en Estudios Sociales con línea en Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la Ciudad de México. Es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana. Correo electrónico: [email protected]

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