TIJUANA, BC 18 DE AGOSTO DE 2011
Las acusaciones.
Por: Gilberto LAVENANT
Al exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, preso por los delitos de peculado, asociación delictuosa y abuso de funciones públicas, en la primer semana del presente mes de agosto le agregaron una acusación más : le señalan como responsable de la muerte de 35 niños, ocurrida en un hospital regional, entre el 2002 y 2003. Hace ya 8 años.
El político, no es doctor, ni tampoco administró el centro médico donde ocurrió el fallecimiento de los infantes. De ninguna manera. Se le acusa de homicidio doloso, pero porque supuestamente se negó a invertir recursos públicos para mejorar las instalaciones del hospital y atribuyen a esa falta de apoyo, el que no se haya podido salvar la vida de los menores.
Los abogados de don Pablo, obviamente, están sorprendidos y aseveran que se trata de una revancha política. En principio, parece un tanto absurdo que casi 8 años después se le enderecen acusaciones en ese sentido.
A muchos kilómetros de Chiapas, en Mexicali, aquí en Baja California, esta semana, se puso al descubierto que elementos de la Policia Estatal Preventiva, se introdujeron ilegalmente a una modesta vivienda, sustrajeron a un hombre, que no aparecía en ningún lado, pese a las denuncias públicas de sus familiares. Finalmente fue encontrado el cuerpo, en despoblado, con visibles huellas de tortura y de entrada se revela la asfixia como causa de la muerte.
No es este el primero, ni el único caso de abusos por parte de los llamados “pepos”. Los elementos de esta corporación, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Daniel de la Rosa, consentido del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se han destacado por sus salvajadas en toda la entidad. Eran tantas las quejas, y nula la atención que se les daba a los ofendidos, que la Legislatura Estatal se vió en la necesidad de establecer una oficina especial para recibirlas y darles el curso correspondiente.
Cuando a Daniel de la Rosa se le cuestionó sobre esta labor de los legisladores, prácticamente estalló en ira y dijo públicamente que los diputados locales deberían dedicarse a atender su tarea, que es el legislar, y que no se metieran en áreas que no eran de su competencia. Obviamente, el funcionario olvidó que una de las funciones principales de los diputados, además de legislar, lo es la gestión social. Y esta, no consiste solo en regalar cobijas o despensas a las familias humildes, sino escucharlas para atender sus reclamos y tratar de encontrar soluciones a los mismos.
El Gobernador Osuna Millán, ni de chiste le llamó la atención a Daniel de la Rosa, su colaborador, por andarse metiendo con integrantes del Poder Legislativo, cuando que las relaciones con el Ejecutivo, a partir de que los panistas dejaron de ser mayoría en el Congreso Estatal, no han sido nada cordiales. Dicen, que por el contrario, lo felicitó, por rijoso.
Pues ahora, con lo de este homicidio, el propio de la Rosa, lo mismo que el Procurador Rommel Moreno Manjarrez, no encuentran donde esconderse, para evitar los cuestionamientos y para ocultar el nulo control que tienen sobre los “pepos”, cuyas arbitrariedades se evidencian con la muerte de un hombre, que los propios funcionarios reconocen que carecía de antecedentes penales. Dicho en otras palabras, no se justifica el que lo hayan sacado ilegalmente de su casa, ni mucho menos que le hayan torturado y le hayan arrebatado la vida.
Las cosas son tan serias, que ni siquiera la detención de uno de los presuntos asesinos, la remoción del jefe de estos y la promesa de indagar a fondo, hasta sus últimas conseceuncias, por parte de Daniel de la Rosa y de Rommel Moreno Manjarrez, puede quitar el mar sabor de boca en los bajacalifornianos.
Por ello, lo menos que se está pidiendo, es el cese fulminante de ambos funcionarios. Como mínimo, aunque hay otros que señalan, como el principal responsable de todo esto, al Gobernador Osuna Millán, advirtiendo que si al exgobernador de Chiapas, Salazar Mendiguchía, se le iniciará proceso por homicidio doloso, por la muerte de niños en un hospital, que presuntamente el exfuncionario se negó a apoyar económicamente, hace unos 8 años, con mayor razón se debe juzgar al gobernador bajacaliforniano, por las arbitrariedades de la Policía Estatal Preventiva, y en especial por dicho homicidio, que nunca ha mostrado la intención de frenar o evitar
Las acusaciones y señalamientos, obviamente, vienen de los rivales políticos, pero no por eso dejan de ser graves. Incluso, siendo los legisladores priístas, mayoría en el Congreso del Estado, es casi seguro que las acusaciones serán formalizadas en las próximas sesiones de la Legislatura. Si a la Síndico del Ayuntamiento de Tijuana, Yolanda Enríquez, se le está enjuiciando por lenta, en el caso del “table dance policiaco”, con mayor razón se puede y debe enjuiciar a los funcionarios estatales involucrados en el caso del homicidio presuntamente cometido por los “pepos”. Sobre todo, si no se observa en Osuna Millán ni la mínima intención de proceder en contra de sus colaboradores.
Aún no empieza el proceso electoral federal, y aún faltan aún muchos meses para la sucesión gubernamental del 2013, pero estos lamentables hechos equivalen a harta leña, para encender una enorme hoguera, en la que se llegue a incinerar a los funcionarios públicos estatales que no han podido dar resultados eficientes en el desempeño de sus funciones.
Será interesante observar hasta donde llegan las cosas. Pero al margen de cuestiones político electorales, se requiere meter al órden a todas las corporaciones policiacas, que se conducen como si fuesen integrantes del crímen organizado. Un cártel oficial. Absurdo, aberrante e intolerable. Y, sobre todo, a los funcionarios ineptos, a la calle.
