LA BUFADORA
El Mosquito
Cuchillito de palo

¿Por qué la Fiscalía General de la República no da a conocer los avances del caso de huachicol fiscal en El Sauzal?, ¿acaso ya hubo carpetazo?

En Baja California ya nada sorprende, pero de vez en cuando la clase política logra superarse a sí misma. Ahora resulta que los “olvidos” también cruzan la frontera.

La diputada local Alejandra Ang Hernández, decidió el pasado fin de semana dar la cara ante algunos medios informativos de Mexicali aceptar que su versión “suena increíble”, pero pidió comprensión porque -reiteró- simplemente olvidó que llevaba una fuerte cantidad de dinero en efectivo en su vehículo al intentar cruzar a Estados Unidos. Como quien olvida las llaves, el celular o la cartera… pero en versión 40 mil dólares.

La escena es casi cinematográfica: una legisladora, presidenta nada menos que de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, manejando tranquilamente hacia Calexico, sin recordar que en su carro viajaban los ahorros, la venta de un vehículo y el sueño de comprar otro más. Todo muy normal, pues.

Eso sí, la diputada fue enfática: no había compartimentos secretos, no había dolo, no había mala fe, no había delito. Y para despejar dudas, aclaró que su carro no es de lujo, que es modelo 2016 y que su visa sigue intacta. Faltó que dijera que también llevaba la conciencia tranquila, aunque eso, a estas alturas, ya está implícito en el guión.

Sin embargo, el problema no es sólo el olvido -que ya de por sí raya en lo inverosímil- sino el contexto. En un Estado golpeado por la desconfianza ciudadana, con discursos oficiales que prometen austeridad, honestidad y combate a la corrupción, este tipo de episodios caen como gasolina al fuego. Y más cuando provienen de quien se supone debe vigilar el uso correcto del dinero público.

Desde la oposición ya piden que se separe del cargo. Ella, por ahora, guarda silencio sobre una posible licencia y se concentra en recuperar el efectivo con abogados estadounidenses. Prioridades son prioridades.

Empujan reforma

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, urgió a los congresos de los Estados a adecuar su marco legal para establecer la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por la que se sanciona la injerencia de servidores públicos en la vida sindical.

Durante una reunión con los órganos nacionales de gobierno sindical, secretarios generales del SNTE y diputados locales, el también senador por Morena describió el decreto como la conquista laboral más importante del siglo XXI.

Al asegurar que las nuevas disposiciones “pueden salir adelante en todos los estados porque esta iniciativa nos conviene a todos”, resaltó que la actualización “evitará vacíos y garantizará reglas claras para la aplicación del sistema de responsabilidades administrativas”.

En diciembre del año pasado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el que se modifican disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para sancionar, conforme a los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la injerencia de servidores públicos en los sindicatos.

El decreto, impulsado por Cepeda desde el Senado, detalla la definición de injerencia ciñéndose a actos de la vida sindical, como la participación en campañas, uso de recursos e instalaciones a favor de quienes contiendan para encabezar las distintas asociaciones.

Ojalá que está exigencia de respeto a la autonomía de la SNTE también vaya acompañada de transparencia y rendición de cuentas por parte de sus dirigentes sindicales.

Árbitro imparcial

En tiempos donde la democracia mexicana se ventila a golpe de mañanera y acordeón, resulta que un grupo de viejos conocidos -y no tan viejos- decidió recordarle al poder que el árbitro no está para ponerse la camiseta, y menos si es guinda.

Los de Somos MX, que buscan su acta de nacimiento como partido político, fueron a tocar la puerta de la Cámara de Diputados con el reiterado mensaje de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe ser un apéndice del gobierno en turno. Nada nuevo, dirán algunos, pero sí urgente en un país donde el silbatazo final parece marcarlo siempre el mismo equipo.

Una comisión de la organización política que busca convertirse en partido, se reunió con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para exponerle su propuesta de reforma electoral, en la que demandan que la autoridad electoral sea autónoma.

El ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo, con la memoria larga, soltó la advertencia de que se pretende imponer un árbitro cargado al partido en el poder, aunque lo disfracen de imparcialidad institucional. Y no le falta razón. Cuando desde el Congreso federal se insiste tanto en “reformar” al árbitro, uno empieza a sospechar que lo que molesta no es el reglamento, sino que no siempre ganan por goleada.

La propuesta tiene veneno del bueno: quitarles el registro a partidos financiados por el crimen organizado. ¿Quién se anima? Porque aquí todos aplauden la idea hasta que empiezan a revisar las cuentas propias. El reto lanzado a Pablo Gómez quedó flotando en el aire, como esas promesas de campaña que nadie recoge después de la elección.

También hubo defensa del servicio profesional electoral, esa maquinaria silenciosa que sigue contando votos, aunque arriba se peleen por el micrófono. Porque, como bien dijeron, el INE no es sólo su consejo general; mientras abajo funcione, la democracia todavía respira.

En resumen, mientras unos quieren un árbitro obediente y otros uno profesional, la democracia mexicana sigue como la falla de San Andrés, a ratos ruidosa pero siempre avisando que algo de presión se está acumulando debajo.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor