Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT

Seguramente habrá quienes estén a la expectativa, en cuanto al avance y posibles consecuencias, respecto a los líos judiciales en los que aparece como protagonista el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, por dos asuntos expropiatorios cuyas sentencias de amparo le resultaron adversas al gobierno estatal, condenándolo a pagar sumas millonarias, que el jefe del ejecutivo estatal se niega a pagar.

En ambos casos, se trata de expropiaciones de terrenos de particulares, uno por la construcción del llamado Corredor 2 mil, y el otro por el segundo acceso a Playas de Tijuana, en el llamado predio “El Monumento”, totalmente ajenos, uno del otro, pero en los cuales los afectados lograron sentencias favorables en sus respectivos juicios de amparo, que obligan al gobierno estatal a cubrirles la correspondiente indemnización.

El caso de “El Monumento” salió a relucir cuando el lunes 22 de Octubre, en el periódico capitalino Milenio, apareció una nota informativa en la que se decía que la Suprema Corte de Justicia analizaría el desacato de Osuna Millán ante una sentencia de amparo. Se supone que éste día la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia en el país, habrá de resolver lo conducente. Esto en atención a incidente de inejecución de sentencia.

El asunto a comentar en esta ocasión, es el asunto del Corredor Milenio 2 mil. Un escándalo se desató cuando el martes 13 de septiembre del 2011, mediante nota informativa suscrita por el columnista, se dió a conocer que : “Un Juez Federal, con residencia en Tijuana, ordenó el cese del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán y su consignación penal ante Juez de Distrito que corresponda, por incumplir sentencia de amparo”. El juzgador en mención, es el Lic. Juan Antonio Trejo Espinoza, Juez Octavo de Distrito, y el juicio de amparo el 286/2004-III.

Acreditado el incumplimiento, el juez de amparo remitió el asunto al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, “…a efecto de que se siga el procedimiento previsto en la fracción XVI del Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, para el cese de sus funciones como servidores públicos de las autoridades renuentes al cumplimiento, y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda”.  

Se suponía –aunque hubo muchos incrédulos, obviamente- que en sólo unos días se iniciaría el procedimiento de desafuero, destitución y proceso penal de Osuna Millán. Pues bien, ya pasó más de un año y el asunto en mención sigue sin resolverse.

Esta semana, la parte ofendida en dicho asunto, hizo llegar al columnista información, de la que se desprende, que Osuna Millán logró negociar con los juzgadores y otras personas, para evitar el ser cesado y procesado por incumplimiento de sentencia, recurriendo a triquiñelas, argucias legaloides y otras “chicanadas”, que prácticamente mantienen en suspenso el procedimiento.

La forma desaseada en que han manejado este asunto, haría sonrojar hasta a los abogados más tramposos y chanchulleros. Para la parte ofendida, las maquinaciones utilizadas para eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo, que obliga al gobierno estatal a indemnizar a la sucesión Ontiveros, por el predio que Eugenio Elorduy les despojó con la construcción del Corredor 2 mil, son constitutivos de diversos delitos, tales como simulación de actos jurídicos, el uso de documentos falsos, fraude procesal y otros.

Esto dió lugar a que con fecha 23 de Mayo del 2012, la señora Ana Luisa Ontiveros López, por su propio derecho, así como con el carácter de Albacea de la Sucesión a Bienes de Pantaleón Ontiveros, presentara formal denuncia ante la Procuraduría General de la República, reclamando se hicieran las indagatorias correspondientes y se ejerciera acción penal en contra de quienes aparecieran como presuntos responsables.

Son tantos los indiciados, acusados o presuntos responsables, que la parte ofendida califica los hechos como propios del crímen organizado. Encabeza la larga lista, el Lic. Inocencio del Prado Morales, Magistrado Presidente del Quinto Tribunal Colegiado del XV Circuito, con sede en Mexicali, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el Lic. Carlos Alberto Ferrer Espinoza, Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, y otros más.

La denuncia fue transferida a la Delegación de la PGR en Baja California, registrada como averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1605/12/M/VI, a cargo de la Mesa VI de Averiguaciones Previas. Lo curioso es que en lugar de investigar los hechos denunciados, sumamente graves, pues van en contra de una sentencia de amparo, debidamente ejecutoriada, por lo tanto considerada como cosa juzgada, el titular de dicha representación social decidió darle carpetazo, determinando consultar la reserva, lo que técnicamente implica el archivo de la misma.

Ante tal aberración, la explicación que encuentran los afectados, es que el Lic. Rafael González Cervantes, Delegado de la PGR en la entidad, -por cierto hijo del Lic. Sergio González Esparza, Magistrado Unitario- hasta hace unos meses era Subprocurador de Justicia del Estado en Playas de Rosarito, o sea subalterno del Gobernador Osuna Millán.

Pero las cosas no paran ahí. La afectada ya solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que juez federal ordene a la PGR que abra la averiguación previa archivada y realice las indagatorias correspondientes, procediendo al ejercicio de la acción penal en contra de los involucrados, entre ellos el Magistrado Federal, el Gobernador Osuna Millán y el Juez Ferrer Espinoza. Dicen que el “blindaje” de Osuna Milán, tiene caducidad.

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