Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT

El pasado lunes, 22 de Octubre, en el periódico capitalino Milenio, apareció una nota informativa que incomodó seriamente al Gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Y no era para menos. Por segunda ocasión, durante su mandato, se evidencia que para él, las resoluciones de los jueces federales –y quizás también las de los locales- valen gorro. Como dicen por ahí, se las pasa por el “arco del triunfo”. Bueno, así suele decirse.

Y el problema no es que se le exhiba como desobediente, sino porque ese tipo de desobediencias, o sea el no acatar o cumplir una sentencia de amparo, tienen como consecuencia que el funcionario sea desaforado y procesado penalmente, porque están tipificadas como un delito.

Así lo advierte la fracción XVI del Artículo 107 de la Constitución Federal : “…Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda”.

Hace poco más de un año, se armó un escándalo cuando trascendió que un juez federal, con residencia en Tijuana, ordenó el cese del Gobernador Osuna Millán, y su consignación penal ante Juez de Distrito que corresponda, por incumplir sentencia de amparo.

El Gobierno Estatal emitió una tibia y elusiva aclaración, señalando que el Juez Federal no estaba facultado para cesar al Gobernador. Pero una cosa era la versión oficial y otra lo que señala la legislación aplicable.

Se trataba de un incidente de inejecución de sentencia, promovida por la Sucesión a Bienes de Pantaleón Ontiveros Méndez, que fue despojada, durante la administración de Eugenio Elorduy, de un predio de 40 hectáreas, con la construcción del Corredor 2 mil, en Tijuana. Promovió juicio de amparo, obteniendo sentencia favorable que obligaba al Gobierno Estatal a que lo indemnizara.

Le tocó a Osuna Millán la responsabilidad de cumplir dicha sentencia, pero en su opinión era injusta y cuantioso el reclamo económico. En lugar de pagar, movió sus influencias, los Magistrados que admitieron el recurso, fueron removidos. Hasta la fecha, sigue sin pagar. De algo sirve ser amigo del Presidente de la república.

El asunto a que se hace referencia en la nota de Milenio, del pasado lunes, es otro distinto, pero también por incumplimiento de sentencia de amparo. El problema se originó porque el Gobernador Eugenio Elorduy expropió un predio mayor denominado El Monumento, en Tijuana, supuestamente para impedir que la empresa trasnacional, Marathon Oil, rival de Sempra Energy, instalara una planta regasificadora. Esto permitió que Sempra, con el camino libre, se instalara al sur de Ensenada.

Los propietarios afectados, acreditaron que la expropiación de Elorduy no justificaba el interés público, por lo que recurrieron al amparo, logrando sentencias favorables, mediante las cuales se dejaba sin efecto la acción expropiatoria del gobierno estatal. Le tocó a Osuna Millán, de nueva cuenta, “pagar los platos rotos” por Elorduy y tuvo que revocar en fracciones lo expropiado.

Sin embargo, no pudo regresar una parte, aproximádamente 136 mil metros cuadrados, que fueron afectados con la construcción de la vialidad que servirá de segundo acceso al Fraccionamiento Playas de Tijuana, con un valor de 600 millones de pesos. Un juez federal, en vía de amparo, ordenó al Gobernador que indemnizara al afectado y ante la negativa de éste, se promovió en su contra incidente de inejecución de sentencia, que tiene como consecuencia el cese del funcionario y su enjuiciamiento penal.

Precisamente en la nota de Milenio se indicaba : “El desacato de una sentencia que obliga al gobierno de Baja California a indemnizar a particulares a los que expropió terrenos será analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinará si el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán tiene algún grado de responsabilidad”.

En la misma se indica que dicho asunto se discutirá en los próximos días en la Segunda Sala de la Corte, cuyo ponente será el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. El Incidente de Inejecución de Sentencia es el Expediente 548/2012, derivado del Juicio de Amparo 431/2009, promovido por Bruno López Pantoja, ante el Juez Cuarto de Distrito, en Tijuana.

De acuerdo con el portal de la Suprema Corte de Justicia, el asunto estaba listado para resolverse en sesión del 17 de octubre, pero se pospuso hasta la sesión del miércoles 31. Entonces se determinará si es fundado o infundado el incidente, y en caso de determinar su procedencia, se le requerirá al Gobernador el cumplimiento, dándole un plazo de 10 días para ello, pues en caso contrario se presentará al Pleno el proyecto de destitución y consignación penal.

Osuna Millán, asumiendo el papel de víctima, dice que no tiene miedo, que no pagará algo que es injusto, que está dispuesto a ir a la cárcel,  que lo hace en defensa del interés público. Que no permitirá que lo chantajeen, que unos “vivillos” quieren aprovecharse de éste litigio.

Las partes interesadas en estos asuntos, hicieron saber al columnista que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia la acumulación de ambos incidentes de inejecución e incluso advirtieron la intención de denunciar a Osuna Millán ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos. En éste asunto, hay mucho “mar de fondo”.

La desobediencia, en casos como estos, cuesta cara. Implica cárcel. Aunque no es justificación alguna, cabe observar que Osuna Millán es economista y pésimos sus asesores jurídicos. Además, la necedad, la soberbia y la ignorancia, son malas consejeras.

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