Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT

Muchos tienen la impresión de que los empleados de gobierno, son flojos y ganan muy buenos sueldos, además de las “propinas” que reciben del público, por agilizar trámites. Es más, se les acusa de ser los culpables de las crisis económicas que afrontan los gobiernos, a todos los niveles, y en especial los municipales.

Por ello, muchos ciudadanos ven con malos ojos los conflictos que se suscitan cuando los llamados burócratas, reclaman incrementos de sueldos. Casi los ubican a nivel de zánganos y obviamente los satanizan, cuando las negociaciones para ello, como ocurre actualmente, no llegan a un final feliz.

En esta ocasión el conflicto se origina, porque los líderes de la burocracia reclaman un incremento salarial del 9.5%. El Gobierno Estatal, por su parte, argumentando falta de recursos y un déficit presupuestal de poco más de 1 mil millones de pesos, les ofreció solamente el 7.6 %, que implica un aumento del 4.5% directo al salario, y 3.1% en prestaciones.

Toda vez que ninguna de las partes cedió en sus respectivas posiciones, el gobierno estatal, que encabeza el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, por cierto representado por  pésimos negociadores, Francisco García Burgos, Secretario General de Gobierno y Raúl Leggs Vázquez, Oficial Mayor, supuestamente muy hábiles, recurrieron a una treta.

Esta consistió en depositar ante el Tribunal de Arbitraje, el encargado de dirimir controversias y resolver este tipo de conflictos, el documento conteniendo la propuesta oficial. Y lo festejaron los colaboradores de Osuna Millán, pretendiendo lucirse por sus “habilidades”.

Obviamente esto molestó a los burócratas, quienes han decidido agotar todos los recursos posibles, para insistir en sus reclamos. En principio, aunque falta que acepten lo ofrecido formalmente y se requiere que manifiesten su aceptación, para que este asunto se dé por concluido, en cierta forma ganaron los empleados de gobierno, porque el gobierno estatal, en una decisión unilateral, les incrementará el sueldo, con efectos retroactivos al primero de mayo pasado.

En el boletín de prensa, el gobierno estatal señala que “…La postura de las autoridades del estado es y ha sido la de respeto a las leyes y a los derechos de los trabajadores. Afirmamos que la decisión de proceder a depositar el pago del aumento salarial está debidamente sustentada en la ley”.

Un tanto solemne refiere que : “El Gobierno del Estado hoy ha hecho un gran esfuerzo para efectuar el pago de este aumento salarial del 4.5% al salario directo, que es lo que nos permiten las finanzas del estado, sin detrimento de los programas sustantivos y de beneficio social a los que como autoridad estamos obligados a llevar acabo”.

En principio parece correcta la postura oficial y quienes aparecen como los malos de ésta  “película”,  son los burócratas. Sobre todo, no sólo porque no aceptaron el incremento, sino por las medidas de presión que decidieron utilizar. Como lo son manifestaciones públicas en las principales vialidades y mítines en las instalaciones de gobierno.

Quizás lo más criticado y por lo tanto censurado, es que decidieron plantarse en los actos en los que se encuentre el Gobernador Osuna Millán, como ocurrió en la inauguración de instalaciones de una empresa automotriz. Los gritos y reclamos airados, además de las pancartas o mantas, con textos alusivos a las exigencias de incremento salarial, resultaron molestos no solo para el Jefe del Ejecutivo Estatal, sino para los inversionistas extranjeros y para empresarios locales.

Incluso con anticipación advirtieron que ayer estarían en Ensenada, durante la boda de la hija de Osuna Millán, razón por lo cual fue necesario blindar los sitios en donde esto ocurriría.

En Mexicali las cosas estuvieron peores, pues bloquearon los accesos a las oficinas públicas, entorpeciendo las labores gubernamentales e impidiendo el que muchos ciudadanos pudiesen realizar gestiones o trámites diversos. Las críticas, por tales actitudes, no se hicieron esperar. La satanización tuvo mayores sustentos.

Lo delicado es que el gobierno estatal, y en especial el propio Osuna Millán, en lugar de enfrentar la situación, en lugar de “tomar al toro por los cuernos”, decidió aplicar medidas severas. Canceló los permisos para que empleados de base realizaran servicios en la organización sindical y además, denunciaron penalmente por la presunta comisión de delitos graves, tales como sedición y sabotaje, a la líder de los burócratas mexicalenses.

Definitivamente, el asunto amenaza con complicarse aún más y por la vía por la que transita, es casi inminente que llegará a condiciones sumamente ríspidas, se entorpecerán las labores de gobierno, se trastornarán los servicios públicos y al final de cuentas, como siempre pasa, quienes pagarán “los platos rotos”, serán los ciudadanos.

Sin embargo, cabe observar que los trabajadores, tanto del sector público, como los del privado, tienen derecho a reclamar mejoras salariales. Los patrones por su parte, en este caso el gobierno, deben acreditar que efectivamente no hay recursos para satisfacer demandas. Aunque sabido es que las finanzas públicas se encuentran en pésimas condiciones.

Aquí es donde es necesario precisar que no es culpa de los burócratas, los problemas financieros del gobierno estatal y gobiernos municipales, sino de los pésimos administradores públicos, que gastaron irresponsablemente, con ánimos de lucimiento y con la obvia intención de abonar a su futuro político, lo que los llevó a contraer adeudos, hipotecando a los gobiernos a sus cargos. Y nadie se los impidió, ni hizo el menor de los esfuerzos para ello. Acusar de ello a los burócratas, es injusto y aberrante. Si no hubiesen endrogado a los gobiernos a sus cargos, hoy no hubiese este tipo de conflictos.

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