Narcomenudeo y fuero común, preocupante combinación
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Narcomenudeo y fuero común, preocupante combinación

TIJUANA, BC - miércoles 29 de agosto de 2012 - Raúl Ramírez Baena.
1666

Por Raúl Ramírez Baena*

En memoria de los 72 migrantes ejecutados hace un año en San Fernando, Tamps.
En memoria de Roberto Ching, valioso activista comprometido con la democracia


Si de por si ha sido preocupante el tratamiento que dan la PGR, las fuerzas armadas y la justicia federal al asunto del narcomenudeo, la persecución de este delito se traslada ahora al Fuero Común sin la debida capacitación y sensibilización a los hoy responsables. Las autoridades locales son ya competentes para procesar a los ciudadanos arrestados, en el caso de la marihuana, con menos de 5 kilos, y el de cocaína, menor a medio kilo; quienes porten cantidades mayores y cuando se trate de delincuencia organizada, serán procesados por la PGR.

El 20 de agosto pasado entró en vigor en todo el país el decreto que en 2009 reformó la Ley General de Salud. En ella se establece que “será competencia de las autoridades locales, policía estatal, procuradurías de justicia y tribunales superiores de los estados, cuando la cantidad del narcótico de que se trate sea menor a mil veces a la prevista en la tabla multicitada.”

La reforma en cuestión dispone también el establecimiento de un mecanismo de prevención, tratamiento y control de las adicciones por medio del Sistema Nacional de Salud.

Este giro en el combate al narcomenudeo ha sido recomendado a las autoridades por los organismos intergubernamentales, la academia y el campo de los derechos humanos, abordándolo desde la perspectiva de la SEGURIDAD CIUDADANA y del DERECHO A LA SALUD y no como un asunto de Seguridad Nacional, de Seguridad Interior y de Seguridad Pública.

En México, las autoridades federales han carecido de la debida formación profesional en materia de derechos humanos y de una conducta ética consecuente para tratar los asuntos relacionados con las drogas, y con ese déficit se traslada ahora a autoridades locales la responsabilidad de frenar las crecientes cifras de adicciones en todo el país, una vez más y al igual que con la violencia y la criminalidad, con medidas pragmáticas que no van al fondo de las causas que las generan, que es la falta de oportunidades de empleo digno y de educación para los jóvenes, que los hace presa fácil del narco. En los hechos, las autoridades han favorecido tradicionalmente la acción persecutoria-policíaca a la salud preventiva y la reconstrucción del tejido social. ¿Podrán hacerlo ahora?
 
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Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato Opio 2 gr. Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. Cocaína 500 mg. Lisergida (LSD) 0.015 mg. Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas MDA, Una unidad con peso no mayor a Metilendioxianfetamina 40 mg. 200 mg. MDMA, dl-34-metilendioxi-n- Una unidad con peso no mayor a 40 mg. dimetilfeniletilamina 200 mg. Una unidad con peso no mayor a Metanfetamina 40 mg. 200 mg.



En nuestra opinión y espero equivocarme, la novedosa medida puede acarrear las siguientes consecuencias:

1.    A pesar de haber contado los legisladores y autoridades locales con tres años para establecer políticas públicas de prevención y atención integral a los adictos bajo la perspectiva de la Salud Pública, la Seguridad Ciudadana y la Seguridad Humana y no bajo una visión punitiva-policíaca, hoy se carece de una infraestructura suficiente para el tratamiento de los farmacodependientes, así como de personal, policías estatales y agentes del ministerio público del fuero común debidamente capacitado para la intervención en este tema tan delicado y especializado;

2.    Otros problemas que sin duda surgirán y que deberán resolverse en lo inmediato las autoridades locales, consisten en cómo distinguir entre los consumidores y los traficantes, cómo evitar la saturación de casos y qué hacer con tantos menores traficantes y adictos;

3.    Es previsible que se Incrementen la discriminación y la criminalización de jóvenes y trabajadores pauperizados, migrantes, indigentes, indígenas, sexo servidoras, etc. Prueba de ello es que en torno a la reforma, se ha dado plena difusión a la persecución de los narcomenudistas por la autoridad local y no a las acciones preventivas y de Salud Pública que supuestamente se implementarán en favor de los farmacodependientes;

4.    Es posible entonces que aumenten los operativos policíacos al margen de la ley (redadas), las “Detenciones Arbitrarias” de sectores vulnerables y la “siembra” de droga (prácticas recurrentes), así como los allanamientos y cateos ilegales y hasta la tortura, en aras de presentar cuentas alegres (estadísticas) de presuntos narcomenudistas detenidos. Esto pudiera provocar a su vez un incremento de denuncias y quejas ante los organismos públicos de derechos humanos, que generalmente quedan en la impunidad;

5.    Se corre el riesgo de que aumente no sólo las violaciones a los derechos humanos, sino también la corrupción de policías estatales y ministeriales. Se conocen testimonios sobre la protección oficial que autoridades ofrecen al narco, lo que no promete cambiar ahora a pesar de los sistemas de Control de Confianza;

6.    Se sabe también de casos en que policías municipales y estatales “venden” a agentes federales y militares a presuntos traficantes. En el caso del narcomenudeo, ahora ya no habrá necesidad de realizar esas transacciones ilegales porque el negocio se quedará en las fuerzas locales del orden, que conocen su terreno mejor que nadie;

7.        Al no existir una infraestructura sanitaria ni personal especializado suficiente en el Sector Salud, a menos que se demuestre lo contrario, la prevención y el tratamiento integral de las adicciones (que lo hacen instituciones privadas de dudosa calidad ética y profesional, salvo excepciones) serán una mera ilusión.
Sería terrible decir en el futuro: “se los dije…”

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

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