*.- Los voceros de la cuarta transformación
DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 28 DE JUNIO DE 2019 (AFN).- Rosarito, la ciudad que se convirtió en el quinto ayuntamiento de Baja California tras haberse desprendido de Tijuana, en teoría debería contar desde el 11 de agosto de 2016, hace casi tres años, con un malecón que le permitiera no solamente el atraer un mayor número de turistas a esta zona, sino también, ofrecer un sitio de mayor esparcimiento para los habitantes de este lugar.
Para esto, el gobierno del Estado hizo entrega de recursos federales, no se sabe si en su totalidad, a una empresa que forma parte del grupo Melo, sí, aquella que está en conflicto con residentes de Lomas del Rubí en Tijuana, por el derrumbe de parte de un cerro, que arrastró consigo gran cantidad de viviendas, que a su vez dejó sin un techo bajo el cual guarecerse, a más de un centenar de personas, y cuya responsabilidad se le atribuye, por no haber cumplido con los requisitos establecidos para los “cortes” que se harían en el lugar, donde se construía un nuevo desarrollo habitacional.
Y aunque no tenemos en este momento la seguridad de que a esta empresa se le haya entregado la cantidad de 68 millones 793 mil 103 pesos, que se asignó para la obra, por lo menos sí podemos asegurar que se le entregaron 20 millones de pesos para iniciar con la construcción, el 11 de diciembre de 2015, según reveló en el programa AFN POLÍTICO Y ALGO MÁS, el diputado local priísta Bernardo Padilla Muñoz.
No es la primera vez en que Padilla llama la atención sobre este tema, ya que según dijo, lo denunció en la tribuna del Congreso, sin embargo, no tuvo mayor respuesta, aunque sí se exhortó a las autoridades estatales, por parte del diputado panista Raúl Castañeda Pomposo para que respondieran a la solicitud de información que el priísta estaba haciendo al respecto.
De la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno estatal se respondió a las preguntas planteadas, y entre otras cosas se hizo saber que el recurso se tenía que aplicar para lo que se etiquetó, ya que de lo contrario se enfrentarían a problemas legales, o el dinero tendría que regresarse por no ser utilizado. De ahí no pasó la situación, porque por lo visto, ninguna autoridad dio seguimiento a este tema, y por ahí andan “bailando” varios millones de pesos, que habrían sido canalizados para construir un andador peatonal turístico, a la orilla del mar, de 1.2 kilómetros de longitud, desde la calle Mexicali de la colonia los Ángeles, hasta 42 metros al sur del arroyo Huahuatay, de la vecina ciudad. Pero ¡Nada!
Bernardo Padilla mostró fotografías de la zona en la que supuestamente estaría ubicado dicho malecón, y no puede estar más vacío, sin ningún indicio de que se haya pretendido realizar ahí esta obra que seguramente sí sería de beneficio para esta ciudad. Por lo que explicó la autoridad estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Congreso de la Unión aprobó en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, la cantidad de 21,854 millones de pesos para proyectos de “Desarrollo Regional”, de los cuales, través del ramo 23, se etiquetaron esos casi 70 millones de pesos para este proyecto.
Padilla Muñoz, quien el 8 de febrero de 2017, al percatarse de este tema presentó un exhorto ante el pleno del Congreso estatal, consideró como principal responsable de esta terrible omisión, lo mismo que de otras obras que muy seguramente se encuentran en las mismas condiciones, al Auditor Superior del Estado, Carlos Padilla Villavicencio, que no obstante depender teóricamente del Congreso, en realidad -dijo- atendió siempre instrucciones de las autoridades panistas, ya que prevaleció su actitud partidista.
Sin quitarle a Francisco Vega de Lamadrid la responsabilidad que tiene en estos asuntos, como gobernador de la entidad, y cabeza principal de la administración de Baja California, consideró que no toda la culpa “se le puede cargar al mandatario”, porque -explicó Padilla Muñoz- la información que recibía, lo mismo que los diputados de la legislatura estatal, era la que les servía para tomar decisiones, así es que si la información no era la real, las medidas adoptadas resultaban equivocadas.
Dijo que Carlos Padilla Villavicencio, al momento de aprobar la cuenta pública correspondiente, lo hizo como si esta obra del malecón se hubiese realizado, lo cual está demostrado que no sucedió así
Y eso también dejó mal parado al gobernador de la entidad, quien en 2016 anunció en rueda de prensa celebrada en Ensenada, que para ese año se contaba con una inversión pública de 4,560 millones de pesos, con recursos federales y estatales, en obras y acciones de infraestructura para la región, y en ese marco habló sobre este famoso malecón.
Por otra parte, Bernardo Padilla acusó que Carlos Padilla Villavicencio incurrió en nepotismo al ingresar como Secretario en el Órgano Fiscalizador, a un hermano suyo, a la vez que denunció que el aludido ha sostenido en Tijuana como sub auditor, al contador público Carlos García, quien se la pasa en redes sociales y en ningún momento ha ocultado su activismo a favor del PAN; afirmó que en horas hábiles, y desde la oficina, gasta su tiempo en subir a sus redes sociales, críticas a los adversarios políticos.
Bernardo Padilla no se contuvo al afirmar que Carlos Padilla Villavicencio definitivamente debe ser sometido a un proceso de investigación que inclusive derive en cárcel; afirmó que en lo personal, como diputado de este Congreso pretende presentar denuncia, inclusive penal, por la irresponsabilidad mostrada por el Auditor estatal, en la revisión del ejercicio de los recursos públicos, lo cual le correspondía a su oficina.
“A mí me preocupa, dijo además, y debe preocupar al equipo de transición, la información que entrega la auditoria. Me Preocupa que estén encerrados en la oficina limpiando cuentas”. “En Veracruz, añadió, el Auditor pisó la cárcel y creo que en Baja California debe pasar lo mismo”.
Bernardo Padilla también habló de otros temas, incluido el político, pero “esa es otra historia”, y se las platicaremos mañana.
*.- Los voceros de la Cuarta Transformación
Podemos decir que los gobernantes de la llamada “Cuarta Transformación”, por lo menos en el Gobierno del Estado y lo que será la administración de Tijuana, eligieron bien a quienes serán sus voceros ya que se trata de tres periodistas, que surgen del mismo gremio, que han estado en el “campo de batalla”, y que lo mismo tienen relación con los reporteros, que se “baten” todos los días en las calles, que con los directivos de los medios.
Jaime Bonilla Valdez, quien será el próximo gobernador de Baja California, decidió llevar en el área de comunicación a quienes estuvieron trabajando con él en su campaña: Juan Guízar y Rogelio Lavenant Sifuentes, en tanto que Arturo González Cruz, quien fungirá a partir del 1 de octubre de este año como presidente municipal de la ciudad, también se inclinó por quien le manejó su comunicación social en esta reciente campaña, el joven Miguel Ángel Larre.
Hasta el momento, con sus muy honrosas excepciones, los gobiernos estatal y locales habían preferido colocar en esas importantes posiciones a comunicólogos y personas que surgieron de carreras afines, o en algunos casos a quienes se manejaban como sus asesores en comunicación, donde todo mundo cree saber, y no sabe; donde todos meten la mano, y complican las cosas, y donde como consecuencia fracasaron, generando fricciones inútiles con la prensa bajacaliforniana, ya de por sí difícil.
Las “honrosas excepciones” que mencionamos (sin decir nombres para evitar sentimientos) lograron salir más o menos avantes, porque la falta de experiencia en el campo la suplieron con buen trato y con voluntad de acercar la información a los medios, pero les faltó saber lo que piensan, sienten y cómo reaccionan los comunicadores de verdad, porque para eso necesitaban haber pasado por la escuela de la calle, a través del “reporteo”.
Claro que también hubo la presencia de algunos periodistas en estos cargos, pero les faltó madurez para no perder el piso, lo que les hizo sentirse por encima de los comunicadores, y en lugar de informar y orientar a sus jefes sobre la realidad de lo que pasaba y se comunicaba, se sumaron -en algunos casos- a las voces, y a las “Cortes” que decían a sus jefes lo que éstos querían escuchar.
En el caso de Guízar, Lavenant y Larre, los tres han sido reporteros y pueden ser un buen puente entre los gobernantes y los comunicadores, y al mismo tiempo pueden hacer llegar el mensaje de Bonilla y de González Cruz a sus receptores; también pueden hacer entender a estos gobernantes, en su momento, cuando “la están regando”, para decirlo en términos llanos, sin recurrir a las salidas fáciles de: “no te quieren”, “quieren dinero”, “nadie los ve ni los escucha”.
Lavenant Sifuentes tuvo el mismo cargo que ahora tendrá, de delegado en la zona Costa, con asiento en Tijuana, para el gobierno del Estado, en los tiempos de Roberto de la Madrid Romandía, y tiene una larga trayectoria dentro del periodismo bajacaliforniano; le corresponde atender una zona tradicionalmente difícil, porque aquí se encuentran la mayoría de reporteros, y medios, además de que esta zona es asiento de dos de los principales impresos del Estado, así como de las televisoras, múltiples estaciones de radio y varios medios digitales.
Guízar, con menor tiempo que Lavenant, dentro del medio, ya tiene también un importante camino recorrido en este sector, y ahora se encargará de ser el vocero de Bonilla Valdez en el Estado, no sabemos si como director de Comunicación Social, o como coordinador estatal, como se especuló que se llamaría ahora esa oficina.
Larre, más joven que los dos mencionados, ya fue encargado de la jefatura de información en Televisa, y su manejo con la gente del medio, ha sido de respeto. Ahora estará al frente de la dirección de Comunicación Social (que parece estar salada) del gobierno municipal de Tijuana.
Les deseamos suerte, y esperamos que como luego sucede con algunos compañeros, y sobre todo con los gobernantes: “no se vayan a marear en el ladrillo”. Si lo logran, o sea mantenerse bajo control, entonces podemos esperar que su trabajo sea exitoso, sobre todo porque llegan con la aceptación de una gran cantidad de comunicadores de la entidad.
PD.- Fuentes bien enteradas nos aseguraron que Tito Ceja, quien pretendió ser el “Memo Rentería” de Arturo González Cruz, ya se habría regresado a su tierra, y que no estará dentro de la próxima administración municipal, sin embargo logró dejar bien “sembrados” a algunos de sus colaboradores.
PD1.- Además de dos de las jóvenes que participaron en la campaña a través de su firma, y a las que calificó de “sorpresas” por el trabajo que realizaron en el área digital, logró que Marco Mercado -según dicen- se convierta en el próximo secretario de Desarrollo Social, que primero se dijo que sería para el representante de los gasolineros en Tijuana, Joaquín Aviña Sánchez.
PD2.- Marco Mercado fue quien coordinó la campaña de González Cruz, en lugar de Carlos Atilano, al que se le había nombrado como tal.
PD3.- En julio y agosto próximos tendremos audiencias en el Juzgado Quinto en Materia de Amparos y Juicios Federales, para desahogar el juicio de amparo que presentamos en contra del juez Tercero de lo Penal de Tijuana, Flavio Herrera Robles, por la orden que emitió, sin justificar ni fundamentar, ni mucho menos vencernos en juicio, para que elimináramos toda la información relativa al caso del doble homicida Rogelio Contreras Acosta.
PD4.- En este juicio de amparo estamos siendo representados por el reconocido abogado Marco Antonio Mackliz Mercado, un especialista en esta materia, con reconocimiento nacional e internacional. Por su parte, el abogado defensor del doble homicida (del cual no recuerdo su nombre) recurrió al juez Herrera Robles, solicitando la “protección de los datos personales” de su representado, y el juez se lo concedió, sin tomar en cuenta los derechos constitucionales que tenemos nosotros en lo particular, y la población en lo general, de libre expresión, libre ejercicio de un trabajo lícito, y el derecho a la información con que cuenta la sociedad.
PD5.- Como lo hicimos notar al abogado de Rogelio Contreras Acosta, agotaremos los recursos legales que la propia Constitución mexicana nos otorga, y si finalmente se confirma lo establecido por el juez Tercero de lo Penal, entonces habremos de cumplir con lo ordenado, pero no podemos aceptarlo sin luchar, porque se están violentando, como ya dijimos, derechos constitucionales.
PD6.- Gerardo Sosa Minakata, síndico procurador de la ciudad de Tecate, rechazó en su calidad de secretario general de la CNOP en el estado, la validez de una convocatoria que se estuvo circulando en redes para la celebración de una asamblea extraordinaria, este viernes 28 de junio, ya que señaló que los convocantes, carecen de facultades para hacer esto llamados.
PD7.- Sosa Minakata mostró de nueva cuenta el nombramiento que le fue extendido para representar a la organización popular del PRI, y reiteró que quien “mal intencionadamente se autonombra como secretario de organización” no es reconocido por el Revolucionario Institucional, por lo que se le desconoce su carácter y pretendido resultado de esta asamblea.
PD8.- A la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPT) de Tijuana: ¿Les falta mucho para terminar de reparar las calles en el fraccionamiento Los Ángeles La Mesa? Lo pregunto porque hay otros ciudadanos que están esperando, de igual manera, que los daños que les provocaron a las vialidades en sus zonas de residencia, las vayan a reparar también.
