AFN POLÍTICO 

Dora Elena Cortés
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TIJUANA BC 24 DE ABRIL DE 2025 (AFN).- No lo logro entender.

Apenas el pasado 23 de enero de este año, el gobierno del Estado convocó a los empresarios para que enviaran su solicitudes de apoyo para proyectos a través del FIDEM de Baja California y ayer, de manera sorpresiva, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó en su "mañanera" que firmó un acuerdo para eliminar ese fideicomiso empresarial y utilizar los aproximadamente 180 millones de pesos con que cuenta, para "mejorar y construir planteles escolares en la entidad".

Se los quitaron "a lo chino" pues, pero lo más sorprendente es que los empresarios, que son los directamente afectados con esto enmudecieron, y después de varias horas, apenas hoy empezaron a responder tímidamente sobre el tema, y eso porque los reporteros les preguntaron.

Y si usted piensa que salieron en una contundente defensa de ese fideicomiso con el que cuentan desde hace 25 años pues más le vale no apostar, porque apenas si dijeron que buscarían una entrevista con la mandataria estatal y platicarían (también apenas) entre ellos para establecer una posición, lo que explica por qué en muchos temas, no solo en Baja California sino a nivel nacional, los gobiernos hacen lo que quieren, ya que no hay oposición ni partidista ni de los sectores, que ya no se "mueven", ni la empresarial, con la rapidez que lo hacían quienes les antecedieron en los cargos que hoy ostentan. 

Solamente ayer, como "una voz en el desierto" salió al paso el expresidente nacional de la Coparmex, y hoy diputado federal Gustavo Adolfo De Hoyos Walther.

Él comentó a través de un mensaje videograbado, que lo ocurrido con esta decisión es una propuesta claramente contraria al desarrollo económico de la entidad y recordó que en el año 2000 se concertó por quienes en ese momento estaban al frente de las organizaciones empresariales y el gobierno del Estado, que una parte de la recaudación del Impuesto sobre Nóminas que pagan las empresas en la entidad se destinaría a tres propósitos fundamentales, que eran inducir el desarrollo económico, apoyar la seguridad pública y mejorar la calidad de la educación. 

Recordó también que, en 2023, en una nueva reflexión estratégica y consensuada, se reenfocaron los propósitos de ese fideicomiso para apoyar el desarrollo de las MIPyMES (micro, pequeñas y medianas empresas), con el propósito de que estas fueran más eficientes y crecieran en sus exportaciones, además de buscar la creación y elaboración de programas estratégicos para el desarrollo del Estado.

Hizo saber que, durante toda su historia, durante estos 25 años, el Comité Técnico que ha manejado el fideicomiso y que ha decidido los objetivos de inversión, ha tenido una representación dual de funcionarios -en turno- del gobierno de la entidad y de los dirigentes empresariales, en cada uno de estos momentos. 

Afirmó que su operación no ha sido caprichosa y que los proyectos que se han financiado han servido para lograr los propósitos que se plantearon en su conformación, por lo que parece un "claro despropósito", dijo, además de evidentemente inoportuno, que en un momento en el que el Estado tiene que invertir más para maximizar sus potencialidades y para inducir el desarrollo económico, además de apoyar a las empresas, se pretenda privar de este instrumento al sector, pese a los buenos resultados que ha dado a lo largo de un cuarto de siglo, precisó. 

Sobre la intención de apoyar la infraestructura educativa del Estado con esos 180 millones de pesos, De Hoyos señaló que están a favor del mejoramiento educativo, pero que ese dinero dentro de los requerimientos de inversión en la materia "parecen una parte insignificante, en proporción del daño que se puede causar al desarrollo económico de la entidad, al mezclarse los recursos con otros que maneja el gobierno del Estado y que tiene requerimientos mucho mayores". 

Por tal motivo pidió a la gobernadora de la entidad que haga una nueva reflexión sobre esta decisión que consideró "claramente contraria al interés del Estado", y también llamó a los dirigentes empresariales de las organizaciones en Baja California para que, de manera respetuosa, aunque firme y con los datos en la mano, hagan una defensa de este instrumento que ha sido muy valioso para el desarrollo del Estado. 

De la misma manera pidió a los diputados locales (que son los que evaluarán la pertinencia o no de esta iniciativa), para que más allá de la coyuntura, entienda la importancia de que Baja California se mantenga competitiva. 

Hizo ver que otras entidades del país como Jalisco, Nuevo León y Querétaro están apostando con todo al desarrollo económico, y advirtió que si Baja California deja de contar con un instrumento que le permita tener la brújula bien orientada y que existan los programas que induzcan la exportación y la inversión, habrá un retroceso en la capacidad -como entidad- para atraer y retener inversiones y talento. 

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Roberto Lyle Fritch, dijo que estaban citando para una reunión este viernes, a fin de emitir un posicionamiento sobre la decisión del gobierno Estatal, a la vez que anticipó que buscarían una reunión con la gobernadora de la entidad. 

Y de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana no hubo un posicionamiento de su presidente Olivaldo Paz, y quien habló brevemente con reporteros fue el vicepresidente Héctor Riveros Moreno, quien solo se limitó a considerar que ese monto de 180 millones de pesos para la infraestructura educativa Estatal resultaría insuficiente, y que no alcanzaría para atender de fondo el rezago en el sistema educativo. 

Por su parte, la gobernadora sorprendió ayer en su "mañanera", al informar sobre esta decisión, asegurando que la formación de jóvenes talentos es prioridad para todos los sectores de la sociedad y dio paso al secretario de Educación Luis Gilberto Gallegos Cortés para que hablara sobre el programa de "La Escuela es Nuestra", no sin antes decir que estaban eliminando este fideicomiso que era manejado por particulares, y que los recursos públicos son eso y tienen que ser destinados a lo que más se requiere en Baja California. 

Sin embargo, como les decía: el pasado 23 de enero, firmado por el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Empresarial de Baja California, Kurt Ignacio Honold Morales, se convocó a las organizaciones e instituciones privadas, sin fines de lucro y legalmente constituidas, para que presentaran solicitudes de apoyo para proyectos primordialmente de alcance Estatal: "que tengan por objeto impulsar el desarrollo económico de Baja California" y que se encuadren en modalidades que dio a conocer. 

Y estas eran el fortalecimiento de las empresas MIPyMES instaladas en Baja California; la realización de programas de promoción de la inversión y la exportación de bienes y servicios, así como la realización de proyectos estratégicos. 

Establecieron fechas límites (de las cuales apenas una se ha cumplido y que se extienden hasta noviembre 13 de este año), ya que la sexta y última sesión que se tendría al respecto para conocer los proyectos entregados, se estaría realizando el 11 de diciembre. 

Los resultados de la evaluación de solicitudes de apoyo, serían notificadas por correo electrónico a los solicitantes por parte del secretario Ejecutivo, en coordinación con el Consejo de Desarrollo Económico correspondiente y se publicarían en la página Web de la Secretaría de Economía, aunque lo que seguramente les llegó, si es que se les tomó en consideración, sería un correo electrónico diciendo: ¡Gracias por participar!

Imagino que alguien no le explicó bien a la gobernadora sobre lo que son el FIDEM y los proyectos que se estarían recibiendo, pero esto no sería de sorprender ya que otros gobiernos también tuvieron, en su momento, la intención de "meter la mano" a este instrumento, pero nunca se llegó al hecho de cancelarlo así de manera sorpresiva y sin previo aviso, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador.

ANA Y CONDA.- Estaba ¿chingue y chingue? Ay, Dios mío: empezaron fuerte, mientras se "calienta" la campaña.

PD.- No, no se refería a mí. Esto es entre políticos. 

PD1.- Así no creo que se logre la alianza que quieren para el 27.

PD2.- Con la pretendida Ley de Telecomunicaciones, que ya aprobó el Senado, se busca resguardar (entre otras cosas) la "seguridad nacional", ante spots o publicaciones que pudieran considerar "peligrosas". 

PD3.- Pero no veo una iniciativa que endurezca las penas y sanciones para aquellos que están "sembrando" terror de manera abierta en el país, y que forman parte de los grupos criminales del narcotráfico.

PD4.- Dice la presidenta Claudia que en su ley de telecomunicaciones no pretende la censura, y que eso lo interpretaron maliciosamente sus siempre presentes "enemigos", por "un error de redacción" que, reconoció que lleva la iniciativa.

PD5.- Benditos "errores de redacción", y más, cuando nadie los detecta. Pero aquí de inmediato les brincaron "porque" se están metiendo también con las redes.

PD6.- Y por su parte, el PAN se lanzó contra dos ex alcaldes: Darío Benítez de Tecate y Armando Ayala Robles de Ensenada.