DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 16 DE ABRIL DE 2020 (AFN).- Aunque la Fiscalía General del Estado, a cargo del abogado Guillermo Ruiz Hernández, nos sorprendió a todos con una conclusión “Fast Track” acerca del caso de “los moches”, por lo menos podemos considerar que en este escandaloso -como vergonzante- asunto no se aventaron la “puntada” de decir que encontraron inocentes a los ex funcionarios que fueron abiertamente evidenciados en mensajes, aunque ahora éstos adviertan que son “falsos” esos que intercambiaron, porque -argumentan- que “fácilmente pueden ser inventados”.

Ayer ya noche, mientras la preocupación crecía por esta pandemia que amenaza con ahogarnos,  la fiscalía estatal envió -muy a la sorda- el comunicado, cuando prácticamente habíamos concluido nuestra columna del día, por lo que ya no fue posible comentarlo ayer mismo, sin embargo, quiero decir que causó mucho malestar y frustración entre numerosos tijuanenses esa “conclusión” que muchos esperábamos diferente -y nos incluimos- porque confiábamos en que en este caso se diera tal lección, que ningún otro servidor público de esta administración (ni de otra) pudiera olvidar.

Ya sé, me pueden insistir en que se llegó a esta conclusión después de una intensa revisión, porque tanto Cynthia Gissel García Soberanes como Jesús Demián Núñez, ex secretaria de Bienestar y ex Oficial Mayor, no eran funcionarios en el momento en que presumiblemente cometieron estos ilícitos, y que por lo tanto no se podía proceder sin una denuncia penal de las personas afectadas, pero por lo menos todo esto se hubiese establecido de manera clara, al tiempo de que debió anotarse que esto no es una exoneración para los mencionados, y que el caso quedaba abierto, o mínimo que descalificaban acciones como esta denunciada, aunque no se pudo comprobar, ya que de alguna manera se tenía que desagraviar a la población.

De hecho no sé ni porqué nos sorprendemos, ya que esperábamos este resultado, en virtud de que -efectivamente- se nos había dicho, que al no ser funcionarios públicos cuando supuestamente exigieron y recibieron grandes cantidades de dinero (que luego empezaron a devolver), no se les podía procesar a través de la (por cierto inmovilizada) Fiscalía Anticorrupción, sino que tenía que atenderse en la Fiscalía, por tratarse de un “delito del fuero común”, 

Y también se nos aclaró, que al no estar muy transparente el origen de los recursos entregados por las personas, que recibieron a cambio  la promesa de millonarios contratos, estos no cooperarían presentando las querellas correspondientes, ante el temor de –también- enfrentar alguna consecuencia legal, al margen de que algunos otros testigos e involucrados, empezaron a ser “presionados” para no “hacer el caldo aguado” en este tema.

Y si a esto se le suma, que en todo este entramado quedó involucrado el Ejército Mexicano, que de continuarse las averiguaciones habría salido más “raspado”, pues mejor prefirieron “voltear” a otra parte, ya que en el retén en el que la ex funcionaria niega que alguna de sus unidades haya sido retenida con dinero en efectivo, un elemento de las fuerzas armadas, dejó pasar al entonces asistente de García Soberanes, tras recibir el mensaje de la señalada, en el sentido de que el descubierto, era un dinero del cual tendría conocimiento el ahora gobernador Jaime Bonilla.

También hay que recordar que cuando esto se supo -a raíz de la denuncia que el delegado federal único de Baja California Jesús Alejandro Ruiz Uribe y su asistente hicieron al propio mandatario,  aquel militar confirmó lo sucedido, y por lo tanto, fue sacado del Estado, y sometido a una Corte Marcial, según se dijo, y no era como para seguir moviéndole a ese caso.

Por lo que se pudo saber también en aquel entonces, cuando Jaime Bonilla preguntó al Ejército mexicano sobre esa situación, el anterior comandante regional, primero aceptó lo sucedido, señalando que le habían dicho que era un favor para el gobernante, pero cuando Bonilla lo negó rotundamente, y exigió una investigación, después se le dijo que ni siquiera había sido tanto dinero, y que prácticamente no había ocurrido lo que se denunciaba.

De igual forma, hubo un gran escándalo -que retumbó hasta el propio centro de la Secretaría de la Defensa Nacional- cuando se enteraron de todo esto, así que por muchas razones, era difícil que este caso continuara avanzando, pese a la gravedad de lo sucedido.

Ahora se nos dice que pese a que se recabaron informes de la autoridad, y testimonio de quienes hasta ese momento -se advierte- tenían conocimiento de los hechos, concluyeron que no resultaban suficientes, para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

En el comunicado de anoche, se hizo saber que se inició “de oficio” una investigación basada en notas periodísticas y portales de comunicación, en los que se señalaba que los imputados recibieron “ciertas cantidades de dinero, a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos en los centros de reinserción social”, pero si esto fue solamente lo que revisaron, entiendo la conclusión a la que llegaron.

Ahora, nada más no vaya a suceder que de nueva cuenta les den trabajo a los dos ex servidores públicos dentro de la administración estatal,, y se solicite que los ciudadanos y los medios que manejamos el tema, les ofrezcamos disculpas mientras que estos seguirán -como si nada- después de este primer intento de hacer justicia, y riendo a carcajadas.

Con esta determinación de la Fiscalía General del Estado de mandar a archivo la denuncia, además de la fuerte desilusión, no se quita el hecho de que hubo una indebida acción de personajes que estaban obligados a mostrar total honestidad, por llegar a través de un nuevo gobierno, que enarbola los principios de “no robar y no mentir”

*.- Denunciarán por homicidio a empresarios, por Covid

Lo que ayer comentó el subsecretario de Salud del país Hugo López-Gatell y que nos trajo a colación en su columna nuestro compañero Enrique Sánchez Díaz, hoy lo confirmó el titular de Salud en Baja California Alonso Pérez Rico.

En su comparecencia ante el gobernador Jaime Bonilla Valdez -que diariamente transmite el reporte sobre el estado de la entidad- Pérez Rico señaló que aquellos empresarios que se están negando a cerrar sus puertas en este periodo de emergencia, serían denunciados penalmente por homicidio, en caso de que alguno de sus empleados llegase a fallecer, como consecuencia del coronavirus COVID-19.

Ratificó lo dicho por López Gatell en el sentido de que en Baja California están parte de ese 15% de empresas que en el país han sido “rebeldes” al ordenamiento surgido como consecuencia de la emergencia, y refirió que por lo tanto, ante alguna fatalidad, los empresarios -propietarios de esos negocios- serán acusados penalmente, ya que se “dará vista” al Ministerio Público del Fuero Común.

En un endurecimiento del discurso, tanto de autoridades federales como estatales, se estableció que Baja California y otros estados de la zona central del país no han querido cerrar de manera voluntaria sus puertas, pese a no ser actividades consideradas esenciales para combatir la pandemia, por lo que se les estarán levantando actas, además de que se procederá a su clausura.

Pérez Rico hizo saber -como lo dijo también el subsecretario federal de Salud- esas actas tienen como propósito dejar un antecedente de lo que está ocurriendo, porque con esto se armará un expediente, y luego se “dará Vista” a la autoridad procuradora de Justicia, al margen de que los responsables de estas compañías tendrían problemas para reabrir, y en algunos casos -como ya lo han dicho gobernadores- podrían hasta perder sus permisos para seguir operando.

Y es que se ha estado reiterando en forma continua, la fuerte letalidad que tiene este virus, por lo que además, se hacen esfuerzos denodados para lograr que la población se mantenga dentro de sus casas, y si se movilizan sea solamente por cuestiones verdaderamente importantes, o porque participan dentro de actividades esenciales.

De facto -habría dicho el secretario de Salud federal- lo que ayer nos comentó el Estatal, que Baja California ya estaría dentro de la Fase 3, aunque ésta no sea declarada de manera oficial, pero como también lo comentó Pérez Rico, no es necesario esperar a dicha declaratoria, ya que en la entidad, por el número de casos que se han estado registrando, las medidas correspondientes a esa fase ya se están aplicando, desde algunas semanas atrás.

Ahora sí que muy seguramente, las autoridades estatales estarán diciendo aquello de que “bajo advertencia no hay engaño”.

PD.- Después de algunos intentos de la Fiscalía, por notificar al “tigrito” Víctor Lagunas Peñaloza, éste se presentó en la Unidad de Delitos Patrimoniales de esta ciudad, advirtiendo que lo hacía para decir toda “su verdad”, porque no tenían nada que ocultar, y para dejar bien claro, que seguiría encabezando todas aquellas acciones que supuestamente le parecieran valiosas.

PD1.- El hecho es que al ingresar a esa Unidad, acompañado de dos de sus tres abogados que dijo tener, Lagunas se negó a declarar, acogiéndose a su derecho de “reservarse” esto, aunque como “medida cautelar”, le advirtieron que no puede seguir manejando el nombre del Hospital General de Tijuana, para sus actividades.

PD2.- Algunas fuentes consultadas, comentaron que al margen del uso indebido de la institución hospitalaria en Tijuana, para una colecta que no queda clara (porque se puso como destinataria una cuenta privada, en lugar de la del propio Hospital General), también se estuvo recurriendo a crear psicosis y pánico entre la población, supuestamente con la intención de obtener esos apoyos, que las jóvenes involucradas con él, y otras personas del nosocomio, sí estarían haciendo de manera auténtica.

PD3.- Ante los resultados de una consulta que hizo Plural.MX sobre la opinión de los bajacalifornianos en torno al manejo que el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha hecho del tema del coronavirus en la entidad, el mandatario publicó su sentir, asegurando que ninguna administración en el mundo “estaba preparada -cien por ciento- para la emergencia sanitaria que el día de hoy nos toca vivir, pero el trabajo diario, la honestidad y el no quitar el dedo del renglón, es lo que nos ha permitido responder a la adversidad”.

PD4.- Agregó el mandatario estatal que: “hoy más que nunca, no se permite el error, y les aseguro que no fallaremos”, en tanto, que a nivel nacional empezó desde ayer, otra campaña mediática en su contra, por lo que dijo del Seguro Social, y que inclusive hoy no dejó pasar otra vez, al preguntar si ya les estaban entregando los ventiladores, que Baja California necesita. 

PD5.- Pero Jaime Bonilla no sido el único, aunque sí el primero (de los suyos) de los que criticó las acciones federales de protección, ya que luego apareció el gobernador poblano, Miguel Barbosa (también de Morena) señalando que el uso del envío de materiales médicos por parte de China, habría sido una “invención”, o a ellos no les tocó, porque se quejó de que los tenían abandonados, con eso de la ayuda.

PD6.- En las últimas horas, quien también se lanzó con dureza aunque a través de un discurso que pretendió ser “amigable” fue el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles, este surgido del PRD, ya que de plano señaló como una mentira lo que han dicho el director nacional del Seguro Social, Zoé Robledo, y el subsecretario de Salud del país, Hugo López-Gatell, lo que seguramente le traerá también una campaña mediática en su contra, que para eso muchos mexicanos son muy buenos.

PD7.- Silvano Aureoles negó que en su Estado, como lo dijo Robledo exista un Centro donde se están haciendo materiales médicos, y en el caso de López-Gatell, calificó prácticamente como falsedades los que ahora dijo sobre las nuevas fechas con relación a la pandemia, y las medidas que deberán adoptarse, señalando que en Michoacán no las seguirán porque el contagio es más grave de lo que aceptan, y que él debe proteger a su pueblo, además de que “por respeto” al personal médico de su Estado, regresará el material de protección que se les otorgó, y que apenas les dura para un día.

PD8.- Así como Tijuana, también Mexicali ha sido considerado -a nivel federal- como un municipio que debe tener un seguimiento especial por la alta dispersión de casos de coronavirus que está registrando, no obstante las medidas que se están tomando por parte de la autoridad Estatal, y también la local, que preside Marina del Pilar Ávila Olmeda.

PD9.- Por cierto, esta alcaldesa dio un paso más adelante, al haber anunciado que buscaría una reforma en el Bando de Policía y Buen Gobierno de la ciudad, para poder sancionar -de manera más rigurosa- a aquellos que pese a la contingencia, de manera irresponsable ponen en riesgo, no sólo sus vidas y las de sus familiares, sino de otras muchas personas. Y no tardaron para multar este día, ya, a la primera familia que incumplió.

PD10.- Y es que la munícipe dijo que varios mexicalenses siguen realizando fiestas y reuniones -como si nada sucediera- así es que advirtió que estaría buscando que las multas para estos indolentes, vayan desde los 3000 hasta los 17000 pesos.

PD11.- Algo tarde, pero estamos enviando nuestras felicitaciones a todos los compañeros que semana tras semana elaboran Z por su aniversario número 40, al que arribaron en estos días; especial felicitación para sus co-directores Adela Navarro Bello y César Blanco Villalón.