WASHINGTON DC, 2 DE ENERO DE 2012 (lasillarota.com).- La operación Rápido y Furioso, de trasiego ilegal de armas a México, será puesta bajo renovado escrutinio por los republicanos del Congreso en el año electoral, incluidas nuevas exigencias para la comparecencia del procurador Eric Holder.
 
El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Darrell Issa, citó a Holder a comparecer el próximo 24 de enero para explicar las fallas de la operación y su responsabilidad del incidente.
 
“Específicamente la audiencia se enfocará en lo que altos funcionarios del Departamento de Justicia debieron haber hecho para detener este programa imprudente, así como las áreas donde hubo errores de comunicación y manejo”, puntualizó Issa en el citatorio del 19 de diciembre.
 
Issa, republicano de California y uno de los más acaudalados miembros del Congreso, ha sido acusado de politizar la pesquisa y de buscar anotarse puntos políticos, en lugar de enfocarse en reformas de las leyes de control y supervisión de armas para evitar su contrabando a México.
 
Cuestionado sobre la politización de la investigación legislativa de Rápido y Furioso, Issa negó tal intención y rechazó que haya planeado continuarla en 2012, de cara a las elecciones presidenciales del mes de noviembre.
 
“Mi único punto es: si el presidente insiste en que Eric Holder haga su trabajo y lo haga rápidamente, esto no sería para nada un asunto de año electoral. Eso depende de él”, señaló Issa en una reciente entrevista con la cadena Univision.
 
Issa no ha pedido abiertamente la renuncia de Holder, pero ha insistido en que la investigación sobre el fallido operativo llegue a sus últimas consecuencias, en coincidencia con el inicio este mes del proceso de elecciones primarias republicanas.
 
Los republicanos argumentan que se trata de un acto de justicia para los agentes Brian Terry y Jaime Zapata, este último ocurrido el año pasado en México.
 
Julián Zapara Espinosa, El Piolín, presunto asesino de Jaime Zapata y quien fue extraditado desde México, se declaró el mes pasado inocente en una corte del Distrito de Columbia y su próxima audiencia tendrá lugar el 25 de enero.
 
En el centro de la indagatoria de Issa figura una misiva enviada por un alto funcionario del Departamento de Justicia al Congreso el 4 de febrero pasado, en la se afirmó que no existía ninguna operación que permitió la entrada ilegal de armas de asalto a México.
 
El pasado 8 de diciembre, ante el Comité Judicial, Holder reconoció públicamente que el Departamento de Justicia ofreció al Congreso información imprecisa sobre Rápido y Furioso y aceptó que él tiene la responsabilidad final por la “fracasada” operación.
 
Aunque Holder aseguró que estos lapsus no fueron intencionales, sino resultado de errores en la verificación de la información inicial que sirvió de base para las misivas enviadas a congresistas, el funcionario fue fustigado por los legisladores republicanos.
 
El republicano James Sennsenbrener se ha pronunciado por el despido del procurador adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, el funcionario que envió la información con imprecisiones al Congreso.
 
Rápido y Furioso, que permitió la entrada de más de dos mil armas a México, es también objeto de una investigación separada del Inspector General del Departamento de Justicia.
 
En noviembre pasado se dio a conocer la existencia de otro operativo Receptor Abierto en el que 350 armas entraron de 2006 a 2007 a México durante el gobierno del hoy ex presidente George W. Bush.