El gobierno de México ha contratado a un bufete de abogados estadounidenses para analizar la presentación de cargos civiles contra fabricantes y distribuidores de armas de fuego en el vecino país del norte, Estados Unidos, en lo que se refiere al contrabando de armas que cruza esta frontera.

 

A decir de una publicación del periódico “Excélsior”, en la ciudad de México, en donde se dice que fuentes citadas por la cadena de aquel país, CBS News mencionan que la preocupación del gobierno mexicano en los pocos esfuerzos de Estados Unidos para detener el flujo de armas los ha orillado a tomar este nuevo rumbo.

 

El bufete de jurídico está estudiando las posibles responsabilidades que pueden incluir el cargo civil denominado RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization) que alega delincuencia organizada.

 

"El contrato fue firmado el 2 de noviembre de 2010 por un representante del Procurador General de México, en su embajada en Washington", Estados Unidos, asegura CBS.