*.- Pide al alcalde de Rosarito que investigue actividades religiosas que practica sin estar autorizado
*.- IndAAbin pide a la procuraduría estatal que se declare “incompetente”
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de su Dirección General de Asociaciones Religiosas, solicitó al alcalde de Rosarito, Javier Robles Aguirre, que investigue las actividades y culto público que se hacen en el predio anexo al Templo del Santísimo Sacramento, en Rosarito, además de que actúe en consecuencia, en caso de estarse violentando la Ley.
Por otra parte el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), dependiente de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que su Ministerio Público se “declare incompetente” en cuanto a lo que se refiere al caso del Templo del Santísimo Sacramento, para que pase a competencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Con esto se complica la situación del padre Raymundo Figueroa, ex- párroco de esa comunidad, quien pese a estar bajo proceso penal por cuatro delitos, de los que ha sido acusado por la Arquidiócesis local, sigue oficiando misa, de manera pública, en uno de tres predios anexos al Templo, los cuales fueron adquiridos con donativos de los fieles, para que fueran patrimonio de la misma Iglesia y que ahora dice que le pertenecen.
El hecho es que el padre Figueroa, según se explicó a AFN, no puede realizar celebraciones religiosas ni culto público, ya que además de haber sido retirado de esa jurisdicción, perdió el registro que tenía ante la Secretaría de Gobernación, a petición de la misma Arquidiócesis de Tijuana, por reiteradas desobediencias e irregularidades, según confiaron fuentes eclesiásticas.
Por lo que se refiere a la solicitud de Gobernación, para la intervención del alcalde de Rosarito Javier Robles Aguirre, en este asunto, esto se hizo mediante oficio AR-03/3331/2001 de la Dirección de Normatividad, dependiente de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.
Fechada en México DF, el 23 de marzo de 2011, en el documento se informa a Javier Robles Aguirre que en “el predio contiguo a la Parroquia del Santísimo Sacramento, ubicada en calle Durango número 368 de la Colonia Constitución, se llevan a cabo actividades religiosas que tienen como finalidad el culto público, sin contar con los permisos correspondientes.
Al respecto, continúa el oficio, tomando en consideración la situación que prevalece “en torno a dicha parroquia…se realice una investigación sobre la situación jurídica y el funcionamiento del mencionado inmueble, además de comunicar si se dio el aviso de apertura al culto público al que hace referencia el artículo 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 27 del Reglamento de la mencionada Ley”.
Así mismo, le pide “instrumentar las acciones necesarias para salvaguardar los derechos y libertades religiosas que a favor de los individuos establece nuestra Carta Magna”.
Se le demanda asimismo que “informe el resultado de dicha investigación, reiterando la disposición de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, para intervenir en el presente asunto”. Esto lo firma la Directora de Normatividad de la Secretaría de Gobernación, Brenda Mandujano Alanuza.
Por su parte el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de la Función Pública, bajo el oficio No. DCJ/DAC/SAAP/139/2011, pide al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales de Playas de Rosarito, Víctor Manuel González Ruiz, declararse incompetente en este asunto para que quede arraigado en la Procuraduría General de la República (PGR).
Con fecha de 17 de febrero de 2011, se le indica al MP que mediante un dictamen del área jurídica, se determinó que “La parroquia del Santísimo Sacramento, ubicada en calle Durango 368, Municipio Playas de Rosarito, Estado de Baja California, es propiedad nacional, por disposición constitucional”.
