La lucha que promueven algunos llamados “operadores” de El Teo, para reclamar reparación del daño por torturas, ha puesto nuevamente sobre la mesa, la ineficacia del gobierno para hacer justicia respetando la ley. Si alguna autoridad les reconoce el derecho a estos hombres juzgados por graves delitos contra la salud y la vida, los ciudadanos terminaremos pagando la factura.