El Ministerio Publico contradice al alcalde Astiazarán Orcí al afirmar que lo que denunció públicamente no es algo que se persiga por oficio sino mediante querella, y por lo tanto debe procederse a la denuncia para que esta siga un cauce legal y tenga una consecuencia jurídica, mientras que en el Congreso descartan la posibilidad de intervenir en el conflicto si no hay petición formal de por medio, de tal suerte que la denuncia pública sobre el supuesto intento de extorsión política por parte del Síndico y sus colaboradores aparentemente quedará en el vacío ya que no hay indicios de que los directamente involucrados vayan a proceder legalmente… ¿Y el interés de la ciudadanía dónde queda?