TIJUANA BC 22 DE MARZO DE 2018  (AFN).- Este jueves fue aprobada la iniciativa de reforma al artículo 73 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Baja California para que los organismos de la sociedad civil puedan ser sujetos a recibir beneficios económicos y en especie, siempre y cuando cuenten con un programa interno de protección civil o estén en proceso de obtenerlo.

La diputada Eva María Vásquez Hernández señaló que anteriormente dicha ley era prohibitiva pues impedía a las asociaciones recibir beneficios, limitando su funcionamiento. A través de la reforma aprobada hoy, se permitirá que accedan a programas de las dependencias involucradas en los procesos de obtención las acreditaciones de protección civil.

Indicó que los organismos civiles están de acuerdo en que deben contar con mecanismos de protección, pues están conscientes de que en sus instalaciones hay vidas humanas que deben resguardar. Sin embargo, para obtenerlos se deben contar con tres dictámenes, que cuestan 15 mil pesos cada uno, lo cual se suma a los gastos que se realicen en las modificaciones que tengan que hacer a su infraestructura.

Mencionó que en el estado están registradas 2 mil 189 asociaciones civiles, de las cuales sólo el dos por ciento ha cumplido con el programa de protección civil. Para elevar esta cifra, anunció que a partir de hoy se buscarán convenios con las áreas de Protección Civil y Bomberos para que ofrezcan facilidades que hagan que los procedimientos sean más sencillos y con costos menos onerosos. 

“A partir de hoy van a poder tener acceso a esos beneficios, ya sea en especie o en económico, es decir no estarían limitados, simplemente hay que acreditar que por lo menos dieron el primer paso para solicitar su programa interno de protección civil”, manifestó Vásquez Hernández.

Recordó que el pasado 8 de septiembre se había hecho una reforma a la Ley de Protección Civil, impulsada por un incidente que ocurrió en un asilo de ancianos del Valle de Mexicali, donde fallecieron varias personas debido a la falta de un reglamento; por lo que se endureció la reglamentación que deben tener las asociaciones civiles.

“Sabemos que hay que rescatar ese ánimo, pero también hacerlo accesible porque de alguna otra forma, esas actividades que realizan los organismos de la sociedad civil le corresponden en origen al estado, sino lo revisa el estado y no apoya a los organismos entonces esas familias en situación vulnerable se quedarían completamente desprotegidas”, concluyó.